Tortura, ejecuciones, detenciones arbitrarias… así actuó la Policía Federal con García Luna y Cárdenas Palomino
Foto: Policía Federal

La madrugada del 27 de abril del 2010, en el municipio de Metepec, Estado de México, elementos de la extinta Policía Federal ingresaron a un domicilio y abrieron fuego contra un hombre que estaba dentro. Minutos antes del ataque, la víctima había llamado por teléfono a su mamá porque escuchó que alguien se había metido a su casa y le pidió que llamara a las autoridades para que lo protegieran, pero al final fueron estas quienes le quitaron la vida.

Los agentes de seguridad resguardaron el lugar toda la noche y al amanecer rindieron su informe ante el ministerio público. En su declaración dijeron que el hombre asesinado los había atacado con un arma de fuego y habían repelido la agresión. En la vivienda también detuvieron a una persona a quien acusaron de pertenecer al crimen organizado.

La Policía Federal difundió esta versión a los medios de comunicación a través de un comunicado de prensa. En poco tiempo surgieron notas informativas respecto de que elementos de esta institución habían capturado y quitado la vida a dos sospechosos que, por las características de la casa donde se encontraban, podrían ser secuestradores.

Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) intervino en el caso a petición de la mamá del hombre fallecido. Luego de tres años de investigación, el organismo concluyó que los activos de la Policía Federal ingresaron al domicilio sin una orden de aprehensión, dispararon a la víctima sin que esta se defendiera y la persona detenida había sido capturada desde las 22:45 horas del 26 de abril en otro lugar, luego fue llevada al domicilio para ser golpeada e inculpada.

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“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace patente el llamado formulado en otros pronunciamientos a la Policía Federal, ante su reiterada conducta de rendir informes que no coinciden con la manera en que sucedieron los hechos, situación que refleja un claro desprecio por la cultura de la legalidad”, señaló la CNDH en su Recomendación 49/2013.

Casos como este se repitieron de manera reiterada entre el 2007 y 2012, cuando la Policía Federal estuvo a cargo del exsecretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 Genero García Luna, hoy preso en Estados Unidos por tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, y de Luis Cárdenas Palomino, quien ocupó diversas posiciones al frente de la corporación, como coordinador de Inteligencia y director de la División de Seguridad Regional y fue detenido la semana pasada por el delito de tortura en contra de Mario Vallarta, a quien en 2012 acusaron de pertenecer a un grupo de secuestradores llamado Los Zodiaco.

En total la CNDH emitió 35 recomendaciones por violaciones a derechos humanos que la Policía Federal cometió en el periodo señalado. El organismo acusó al cuerpo de seguridad de incurrir en actos de tortura, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, cateos ilegales, retrasos en la presentación de detenidos ante el ministerio público, desaparición forzada y uso excesivo de fuerza.

La primera vulneración documentada por la CNDH en el periodo de García Luna y Cárdenas Palomino ocurrió el 28 de junio del 2007, cuando elementos de la Policía Federal Preventiva (institución antecesora de la Policía Federal) detuvieron a un hombre que portaba marihuana para consumo personal, lo torturaron y lo inculparon por delitos contra la salud. Estos hechos quedaron asentados en la Recomendación 03/2008, donde se señala que la víctima sufrió quemaduras de primer grado por los toques eléctricos que recibió de las autoridades.

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Ciudad Juárez, en Chihuahua, fue el municipio donde se concentraron más irregularidades comprobadas por la CNDH. Ahí ocurrieron seis de los 35 hechos analizados por el organismo nacional. La Ciudad de México y San Luis Potosí fueron otras entidades donde hubo más abusos registrados por parte de la Policía Federal.

La comisión dejó asentado en algunas de sus recomendaciones que el cuerpo de seguridad cometía esta clase de vulneraciones para incriminar a personas por secuestro, delitos contra la salud o portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Un historial de irregularidades

Los nombres de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino han vuelto a relucir en México. El segundo fue detenido la semana pasada por el delito de tortura y se espera que el lunes un juez del Reclusorio Oriente en la capital decida si lo vincula a proceso.

Los hechos de los que acusan a Cárdenas Palomino habrían ocurrido en el 2012, en la recta final de su puesto como titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal. La víctima del agente sería Mario Vallarta, acusado de pertenecer a una banda de secuestradores llamada Los Zodiaco. Este caso ha sido uno de los más polémicos en los últimos años en México porque la detención de otros dos presuntos integrantes de la banda (Israel Vallarta y Florence Cassez) se transmitió en vivo en televisión en 2005.

El caso generó un conflicto diplomático entre México y Francia por la detención de Cassez, originaria de ese país. La joven pasó siete años en prisión, y fue liberada en enero de 2013 luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acreditó violaciones al debido proceso. En contraparte, Vallarta se mantiene en prisión y sin una sentencia por el delito de secuestro.

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Según los registros de la CNDH, durante el 2012 la Policía Federal no solo habría incurrido en irregularidades en el caso de Mario Vallarta, sino también en otros cinco registrados en municipios de Coahuila, Tamaulipas, Ciudad de México y Quintana Roo. En esos otros hechos los elementos de seguridad incurrieron en un uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y una ejecución extrajudicial.

En 2011 fue cuando la CNDH detectó más abusos de parte de la institución encabezada por García Luna y Cárdenas Palomino. También emitió 11 recomendaciones por violaciones a derechos humanos ocurridas en ese año.

Algunos de los hechos, según se relata en las recomendaciones de la CNDH, costaron la vida de menores de edad, como ocurrió en Ciudad Juárez en 2010, cuando agentes de la PF dispararon en contra de un vehículo donde viajaban cinco personas, entre ellas una joven de 15 años, quien al final falleció.

En otro de los casos se relata el asesinato de un bebé de ocho meses durante un fuego cruzado entre elementos de la Policía Federal y un presunto grupo criminal, en Apatzingán, Michoacán, cuando él y su madre viajaban en un taxi cerca del edificio de la Presidencia Municipal.

“(Los) casos descritos son sucesos paradigmáticos de las graves consecuencias que puede tener en la población civil un operativo policial realizado inadecuadamente”, explicó la CNDH en su recomendación.