El 5 de junio de 2009 un incendio originado en una bodega se expandió a la Guardería ABC, con un techo de material flamable que colapsó sobre cientos de niñas y niños resultando 49 bebés muertos y al menos 107 heridos. La tragedia reveló una trama de corrupción y omisiones.
Foto: Gobierno de México
El 5 de junio de 2009 se incendió la Guardería ABC en la ciudad de Hermosillo, Sonora, donde 49 bebés murieron calcinados y al menos 104 resultaron con lesiones, todos de entre cinco meses y cinco años de edad.
La guardería se encontraba en una antigua nave industrial que no contaba con las condiciones de protección civil ni salidas de emergencia suficientes. Además, el plafón estaba construido con material flamable y colapsó impidiendo el acceso a los bomberos y personal de emergencias.
La Guardería ABC funcionaba en la modalidad de subrogación por un contrato entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y particulares. Entre ellos estaban un exfuncionario del gobierno de Sonora y Marcia Matilde Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, esposa del entonces presidente Felipe Calderón y también familiar del entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo.
El incendio se originó en una bodega continua a las instalaciones de la Guardería ABC, donde la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora tenía almacenadas grandes cantidades de documentos y archivos.
Se realizaron diversos peritajes. La Comisión Investigadora de la Corte informó que la causa del incendio fue un corto circuito en el motor de un enfriador de aire conocido como cooler, debido a las altas temperaturas.
“La inexistencia de un muro cortafuegos que dividiera las instalaciones de la bodega de las de la guardería (…) permitió que grandes cantidades de humo tóxico, gases y calor se concentraran en el espacio que había entre el falso plafón y el techo de la nave que albergaba a la guardería”, informó la Comisión Investigadora de la Corte.
“Cuando el cielo raso ya no resistió el calor cayó, permitiendo que el humo tóxico y los gases inflamables se vinieran abajo donde había oxígeno, lo que produjo un rápido e intenso flamazo en las aulas donde se encontraban los niños”, señala.
Pero un peritaje independiente solicitado por las madres y padres de los niños que fueron víctimas indica que el incendio pudo haber sido provocado en cajas de archivo.
Una reforma a la Ley General del IMSS flexibilizó los requisitos para que particulares pudieran ofrecer el servicio y, en un lapso de seis años, se duplicó el número de guarderías subrogadas, lo que afectó la calidad de los servicios de cuidado a menores.
Para 2009 había mil 500 guarderías subrogadas que atendían a unos 223 mil niñas y niños, mientras que el IMSS reportó tener 134 guarderías bajo su administración en 2008.
Las madres y padres de los niños que murieron y resultaron con lesiones por el incendio en la Guardería ABC han encabezado uno de los movimientos más dolorosos en la historia reciente de México.
Lograron impulsar una nueva legislación en materia de seguridad de guarderías. Cada 5 de junio organizan veladas y movilizaciones en Hermosillo y la Ciudad de México y su lucha en exigencia de justicia continúa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La CIDH admitió la petición presentada por las madres y padres en 2020.
Después de un año de la tragedia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación instaló una Comisión Investigadora, la cual determinó que había un desorden generalizado en el otorgamiento de contratos, la operación de guarderías y la supervisión de las autoridades
Sin embargo, para algunos ministros, solo existían ciertas irregularidades en los expedientes de las guarderías pero consideraron que no se acreditaba un desorden generalizado en las guarderías subrogadas del IMSS ni que ese desorden hubiese sido el factor en el incendio de la Guardería ABC.
La Corte determinó por mayoría que sí se violaron los siguientes derechos de los niños:
La Corte determinó que los particulares, dueños y administradores de la Guardería ABC, entre ellos la prima de Margarita Zavala, no podían ser considerados como transgresores de garantías individuales, a pesar de tener un contrato de subrogación de servicios de guardería celebrado con el IMSS.
Los directores generales del IMSS también quedaron libres de estar involucrados en las conductas que dieron lugar a la grave violación de las garantías individuales por el voto de ocho ministros. También quedaron libres el entonces gobernador del estado, Eduardo Bours, y el entonces secretario de Hacienda local.
Se determinó que sí estuvieron involucrados en conductas que dieron lugar a la grave violación de las garantías individuales el delegado estatal del IMSS en Sonora, Arturo Leyva Lizárraga, y la titular del Departamento Delegacional de Guarderías, Noemí López Sánchez.
En total, 22 exfuncionarios de nivel medio y bajo fueron procesados; a nueve de ellos se les confirmó una sentencia de hasta 29 años por los delitos de homicidio y lesiones culposas y para 10 más, una pena máxima de hasta 14 años, según confirmó el Tercer Tribunal Unitario del Quinto Circuito en 2021.
Dos de los dueños de la Guardería ABC: Marcia Matilde Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, y Gildardo Urquídez Serrano quedaron exculpados.
A 10 años de la discusión en la Corte, este martes 22 de febrero, el ministro presidente Arturo Zaldívar reveló que Felipe Calderón llevó a cabo una operación de Estado para proteger a la familia de su esposa y recibió presiones de su gobierno al ser el ministro ponente del caso.
“Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad moral para decirlo, porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fue ese el comportamiento”, señaló Arturo Zaldívar durante la presentación de su libro 10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial, en la Escuela Federal de Formación Judicial.
En el proyecto a discusión, del cual fue ponente el ministro Arturo Zaldívar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mencionó como autoridades involucradas a distintos funcionarios y funcionarias de los tres niveles de gobierno:
Por parte de las autoridades del IMSS:
Del gobierno de Sonora:
Por parte del Ayuntamiento de Hermosillo:
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