México está por llegar a la escalofriante cifra de 100 mil desparecidos y las normas no alcanzan: grupo de trabajo de la ONU

Con el argumento de que no es suficiente tener un marco legal robusto, especialistas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) criticaron que en los últimos diez años en México ha habido pocos avances en la lucha contra las desapariciones forzadas.

Una década después de la visita a nuestro país del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, los expertos de este organismo internacional cuestionaron que en México prevalece el delito de desaparición de personas, hay impunidad en la investigación de estos casos y las Fuerzas Armadas, que pueden tener una participación en este crimen, continúan encargadas de las labores de seguridad.

Los especialistas de las Naciones Unidas reconocieron en un evento público que las autoridades mexicanas han creado nuevas instituciones y nuevas leyes para atender el problema, pero consideraron que este esfuerzo puede resultar insuficiente.

“Por supuesto que las normas son imprescindibles, pero en situaciones de la magnitud de México, que está por llegar a la escalofriante cifra de 100 mil desparecidos, claramente no alcanza con normas”, indicó Luciano Hazan, integrante del Grupo de Trabajo de la ONU. “Hace falta que las decisiones que se han tomado institucionalmente se ejecuten con mucha fuerza, con muchos recursos y gran coordinación en todo el país”.

Hazan aseveró que México no tiene comparación en cuanto a víctimas de desaparición, por lo que urgió a las autoridades de todos los niveles de gobierno a coordinarse para prevenir que haya más personas afectadas, sancionar a los responsables de los crímenes y encontrar a quienes aún se encuentran en calidad de desaparecidos.

“Si hay algo que distingue a México de muchos otros países es que sigue habiendo desapariciones de manera sostenida. Mientras se insta la búsqueda de los desaparecidos más personas siguen desapareciendo”, indicó Hazan. “Hacen falta realmente esfuerzos descomunales porque la emergencia en materia de desapariciones forzadas en el país es fuera de lo común, es una situación que no es comparable prácticamente a ningún país del mundo”.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda, actualmente hay 98 mil 933 víctimas de desaparición en todo el país. Jalisco, Tamaulipas y el Estado de México son las entidades federativas donde más casos se han reportado.

Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU-DH), lamentó que en el país solo hay 35 sentencias condenatorias contra quienes cometieron el delito de desaparición.

“La impunidad persiste como un problema endémico y estructural, pese a las reformas al sistema de justicia penal, a la arquitectura de las fiscalías y al juicio de amparo”, criticó Fernández-Maldonado.

Otro aspecto cuestionado por los expertos de la ONU tiene que ver con el despliegue de las Fuerzas Armadas. El Ejército y la Marina continúan sus actividades de seguridad con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de los riesgos que implica.

“La participación de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública se ha profundizado, en un protagonismo que se ha extendido a otras materias que también son propias de las autoridades civiles”, expresó el representante de la ONU-DH.

Mientras que Luciano Hazan añadió: “Los más de 40 años de experiencia del Grupo de Trabajo ha demostrado que las Fuerzas Armadas no están preparadas ni diseñadas para trabajar en materia de seguridad interior, que donde actúan las Fuerzas Armadas lo que se tienen son más desapariciones y México es un ejemplo de ello”.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, destacó el avance de México en la creación de leyes e instituciones para atender las desapariciones. También informó que en el actual sexenio se han destinado 2 mil 500 millones de pesos a la Comisión Nacional de Búsqueda, que ha repartido el 80% de esos recursos a sus símiles estatales.

“En estos tres años de gobierno se han dado pasos importantes, aunque es insuficiente”, reconoció Encinas.