Acusa AI violaciones a derechos humanos y libertad de expresión en México

Amnistía Internacional (AI) acusó que durante 2021 y lo que va de 2022, la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos continuó, así como la violación a la libertad de expresión y de reunión, utilizando el sistema de justicia penal para disuadir la participación de personas en protestas.

En su informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, AI apuntó que en México se sigue estigmatizando y reprimiendo la protesta social, como en el caso de las manifestaciones feministas.

“Pocos días antes de las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer, el presidente y otras autoridades calificaron las protestas de violentas. En los estados de Querétaro, Aguascalientes y Jalisco, las fuerzas de seguridad detuvieron al menos a 44 mujeres manifestantes por causar presuntamente daños a bienes, y exigieron en algunos casos grandes sumas de dinero para eximirlas de responsabilidad”, indica el informe.

Pero esta represión no solo se dio en las marchas feministas. El informe apunta que en mayo de 2021, 97 personas fueron detenidas durante una protesta estudiantil en la Escuela Normal Rural Mactumactzá, en Chiapas, de las cuales 74 eran mujeres y algunas denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual por parte de policías.

La violencia contra periodistas y el espionaje también son temas que el informe prioriza, pues de acuerdo con Artículo 19, al menos siete homicidios contra periodistas se registraron en el periodo de 2021-2022.

El informe menciona el caso de las protestas de estudiantes y académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que en agosto de 2021 se inconformaron con la forma de designar al nuevo director de la institución, al acusar que ésta se realizó fuera del reglamento.

Para diciembre las instalaciones del CIDE en Santa Fe, Ciudad de México ya habían sido tomadas por estudiantes.

“En respuesta a las protestas estudiantiles, la policía del Servicio de Protección Federal se hizo cargo en diciembre de la seguridad del Centro de Investigación y Docencia Económicas, una entidad pública de investigación de Ciudad de México que se convirtió así en una de las poquísimas instituciones académicas del país con presencia policial en su campus”, menciona AI en su informe.

En materia de defensores de derechos humanos y territorio, Amnistía Internacional indicó que existe un alto índice de impunidad, denunciado por organizaciones de la sociedad civil y destaca los casos de las defensoras Grisell Pérez Rivera, Claudia Uruchurtu Cruz e Irma Galindo, quienes desaparecieron en marzo y octubre de 2021, en el Estado de México y Oaxaca y que hasta finales del año no se sabía su paradero.

Desde junio de 2021, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) también externó su preocupación por la desaparición y homicidio de líderes yaquis de Sonora.

Hasta octubre de 2021 había mil 506 personas ingresadas al Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, de esto, mil 11 eran defensores de derechos humanos.

“El secretario de Gobernación (…) anunció reformas para consolidar el Mecanismo y reforzar las investigaciones sobre ataques contra defensores y defensoras. Al concluir el año seguían pendientes de aplicación las recomendaciones de la OACNUDH relativas a la creación de una política integral para proteger a quienes defendían los derechos humanos”, indica Amnistía Internacional.