Guacamayaleaks | El Ejército vigila las acciones de feministas, activistas y universidades
Los documentos del Ejército filtrados por un grupo de hackers revelan cómo esta institución ha espiado a varias personas y organizaciones.
Los documentos del Ejército filtrados por un grupo de hackers revelan cómo esta institución ha espiado a varias personas y organizaciones.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha seguido las acciones de activistas, organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, feministas, periodistas y hasta universidades. Entre los 4 millones de documentos filtrados por Guacamayas, un grupo de hackers que logró mostrar lo vulnerabilidad en servidores del Ejército, hay reportes de cómo han seguido de cerca el paso de varias personas y asociaciones.
La filtración masiva de datos, a la que La-Lista tiene acceso, exhibe cómo el Ejército ha elaborado documentos completos de organizaciones sociales y el perfil de sus líderes, fichas de activistas y los nexos políticos que tienen e, incluso, realizó un diagnóstico del Tecnológico del Monterrey para medir la simpatía de sus estudiantes hacia las Fuerzas Armadas.
No subestimar al subcomandante Galeano del EZLN
Entre los documentos de inteligencia hay algunos enfocados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) –movimiento armado que surgió en 1994 en el sureste del país– y en algunos integrantes que realizaron un viaje a Europa el año pasado. La agregaduría militar de la Embajada de Países Bajos siguió sus pasos: escribió un reporte el 1 de agosto de 2021, donde indicó que “no se observa de primera instancia que las actividades que realiza dicho grupo inconforme tengan alguna repercusión militar para el gobierno de México”.
Junto con este documento hay otro donde se describe el origen del EZLN y se indica que, a través de la “manipulación de la información”, esta organización puede poner en contra del gobierno federal a la clase más marginada del país. El Ejército pide no subestimar al subcomandante Galeano, líder de la asociación, pues tendría la capacidad de “levantar en armas” a cientos de pobladores.
“Pese a que ya han pasado más de 15 años del surgimiento del movimiento zapatista, y pese a la pérdida de cuantiosas vidas humanas, las causas que dieron origen al movimiento siguen siendo las mismas y es por ello que se considera que el riesgo de resurgimiento del movimiento rebelde sigue latente”, dice el documento.
Las manifestaciones feministas ‘se han tornado más violentas’
Además del EZLN, el Ejército también tiene un diagnóstico de las organizaciones feministas que se han manifestado en la capital del país. En un archivo titulado “campos de poder” de la Ciudad de México, la Sedena ubica 15 colectivas de mujeres que exigen respeto a sus derechos humanos y describe algunos casos de violencia por los que iniciaron a protestar, incluido el feminicidio de Lesvy Berlín Osorio dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2017.
“Los principales grupos que comenzaron sus protestas han incrementado sus movilizaciones y cada vez se han tornado más violentas, transformando sus formas de presión, siendo los colectivos anarquistas los más violentos causando daños a inmuebles, monumentos, vías de comunicación y contra policías y transeúntes”, se lee en el informe, donde incluye a las siguientes colectivas:
- Rosas violentas (Del CCH Oriente)
- Bloque negro
- Histeras
- Colectivo Más Mujeres
- Coordinadora 8M
- Colectivo Lucía Saornil (COLSA)
- Colectiva Acrata Feminista (CAF)
- Colectivo Feminista de Economía del IPN
- Colectiva Aquelarre Feminista
- Resistencia Queer
- Cueva de Brujas
- Colectiva y encapuchadas P-8
- Las Brujas del Mar
- Colectiva SISI
- Marea Negra
El Ejército también ubica, con nombre y apellido, a seis mujeres y un hombre que supuestamente han participado en “hechos delictivos” en marchas y actos feministas.
Padres de normalistas, SME, FRENAAA…
La Sedena tampoco ha quitado el ojo a otras organizaciones y personas que se han manifestado en la Ciudad de México, por ejemplo, Vidulfo Rosales, abogado de los padres y las madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa; integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas; representantes del Movimiento Antorchista Nacional; miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y simpatizantes del Frente Nacional Ciudadano anti-AMLO (FRENAAA).
El documento registra las pintas, el tipo de consignas que lanzan, los edificios en donde generalmente se manifiestan y las fechas en las que suele haber movilizaciones, como el 26 de septiembre, el 8 de marzo, el 1 de mayo y el 10 de junio.
La secretaría tiene archivos de personas que dirigen organizaciones sociales, aunque en algunos casos admite que tienen “poco poder de convocatoria”. Un ejemplo es Víctor Ramírez de Santiago, líder del Frente Campesino de la Lucha por las Tierras en San Luis Potosí. Otro más es Primo Dothé Mata, exsenador de Morena entre 2018 y 2021 y líder del Frente Ciudadano por la Paz.
En el mismo reporte, el Ejército identifica a un “grupo anarquista” conformado por 12 personas que tiene tomado el Auditorio Justo Sierra, conocido como Che Guevara, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. De estas personas tiene su nombre, su trayectoria estudiantil y los presuntos delitos a los que se les ha asociado.
Los estudiantes del Tec de Monterrey
Entre los múltiples documentos elaborados por el Ejército se encuentra un diagnóstico del Tec de Monterrey, universidad privada cuya comunidad vivió los efectos de la guerra contra el narco del gobierno de Felipe Calderón.
En marzo de 2010, dentro del campus universitario en la ciudad de Monterrey, elementos del Ejército acribillaron a dos de sus estudiantes: Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo, a quienes les colocaron armas y los quisieron hacer pasar por sicarios en su informe de prensa.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos investigó el caso y emitió una recomendación ese mismo año. El caso de los estudiantes del Tec asesinados a manos del Ejército tomó una nueva dimensión en 2018, cuando se estrenó el documental Hasta los dientes y un año más tarde, el gobierno de México ofreció una disculpa pública por este crimen y porque fueron criminalizados.
El informe de la Sedena sobre el Tec de Monterrey fue elaborado en 2017, todavía en ese momento la institución presumía que ninguno de sus elementos fue encarcelados porque no había pruebas para acreditar su responsabilidad.
Son 15 páginas de datos sobre esta universidad privada en las que se destaca que hasta el 2017 el Tec de Monterrey no tenía grupos radicales en su interior, tampoco sus estudiantes habían realizado protestas contra las reformas estructurales del entonces presidente Enrique Peña Nieto y sus alumnos no se habían manifestado por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un crimen en el que también han sido involucrados los militares.
En el archivo hay información sobre Consuelo Morales Elizondo, presidenta de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) y quien en ese entonces cada año realizaba una protesta por los asesinatos de los alumnos.
A pesar de las acusaciones en su contra, el Ejército asegura en el reporte de inteligencia que la comunidad del Tec de Monterrey mantiene “una actitud pacífica, ya que hasta el momento no han realizado comentarios y/o puntos de vista en contra de las Fuerzas Armadas”.
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