Guacamayaleaks | El gobierno de AMLO propuso un Censo Biométrico de personas migrantes en 2019
Especialistas en Derechos Humanos advierten de los posibles riesgos: criminalizaciòn, racializaciòn y mal uso de datos por parte del crimen organizado.

Cuatro meses después de que inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en marzo de 2019, las instituciones federales del sector seguridad propusieron la creación de un Censo Biométrico de las personas migrantes que entraban de forma irregular a México, como parte de una estrategia de seguridad frente a los flujos migratorio de Centroamérica.

Un documento interno de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), filtrado por el grupo de hackers Guacamaya, contiene detalles sobre el plan de armar un Censo Biométrico con las huellas dactilares, tomas de muestras de sangre y fotografías de los migrantes indocumentados.

La creación de esta base de datos fue una tarea designada a la División Científica de la Policía Federal, dependencia que a finales de 2019 se transformó en la Guardia Nacional

El gabinete de seguridad argumentó que la toma de datos biométricos era necesaria para lograr la detención de migrantes irregulares con antecedentes penales y luego deportarlos.

“Contar con una herramienta de identificación de posibles responsables de la comisión de delitos“, es la descripción que el gabinete federal de seguridad utilizó al plantear el Censo Biométrico.

El acuerdo de las autoridades, que se encuentra en la bandeja de entrada de un correo electrónico de la subdirección del Área de Inteligencia de la Sedena, indica que para convencer a los migrantes de dar sus datos biométricos, se les ofrecería una tarjeta para acceder a diversos servicios.

En el archivo filtrado también se detallaron los entradas formales e informales de la frontera sur por donde los extranjeros entraban a México, así como los “puntos susceptibles” de revisión migratora. Las autoridades ubicaron albergues y espacios habilitados temporalmente para recibir a caravanas migrantes.

El documento consigna dos objetivos primordiales: identificar a las personas migrantes con participación en hechos delictivos y ubicar a los responsables de trata y tráfico de personas; así como tres líneas de acción básicas: contención, judicialización o deportación y prevención de caravanas.

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En 2019 el gabinete de seguridad federal acordó crear un Censo Biométrico de datos migrantes: Fuente: documentos filtrados por hakcers Guacamaya.

Con la finalidad de “cubrir de forma más eficiente la contención del flujo migratorio“, se propuso a través de dicho documento contar con servicio de sobrevuelos con aeronave de ala rotativa, para realizar patrullaje aéreo y monitorear la frontera sur del país.

Así como implementar “un servicio de streaming para transmitir en tiempo real imágenes de la caravana migrante hacia un centro de mando”, además de hacer partícipes a la autoridades estatales y municipales en la contención del flujo migratorio.

En el primer trimestre de aquel 2019, cuando se llegó al acuerdo de crear un Censo Biométrico, ya había llegado a México una caravana de entre 3 mil y 12 mil personas centroamericanas, según los reportes de la prensa. La gente salió de sus países alentada por el ofrecimiento de recibir visas humanitarias por parte del gobierno mexicano.

La toma de datos biométricos a personas migrantes fue una actividad recurrente en los sexenios de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). Medios de comunicación reportaron en 2018 que México recopilaba toda esta información para enviarla a Estados Unidos (EU). 

Ese país supuestamente financiaba esta actividad a través de la Iniciativa Mérida, un acuerdo de colaboración en materia de seguridad que inició en 2008 y concluyó en 2021.

La Iniciativa Mérida fue criticada por el presidente López Obrador desde el inicio de su gobierno, pero la idea de seguir tomando datos biométricos de los migrantes continuó.

En el acuerdo del Censo Biométrico el gabinete de seguridad también cuestionó a las asociaciones que en ese entonces vigilaban el respeto a los derechos de los migrantes. “Los pronunciamientos reaccionarios por parte de organizaciones civiles continúan a pesar de los esfuerzos del gobierno federal”, señala el documento.

El flujo migratoria sigue en aumento en México y las detenciones también. En 2019 fueron 182 mil 940 personas presentadas en estaciones migratorias y canalizadas a espacios del DIF en el caso de menores de edad. Esta cifra incrementó a 291 mil 520 solo entre enero y septiembre de de 2022, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

Sin claridad, criminaliza y facilita perfilamiento racial

Mauro Pérez Bravo, presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (INM), señala que las asociaciones civiles sí han identificado que la toma de datos biométricos continúa, aunque esto no ocurre de forma organizada ni hay detalles respecto a qué uso se le da a esta información.

“No hay un estándar ni una claridad en cuanto a la toma de datos biométricos porque hay oficinas donde no sirve su sistema y otras donde sí funciona bien”, dice Pérez Bravo. 

“Cuando las personas ingresan de forma irregular no hay un estándar homologado en las oficinas del INM, como te pueden tomar tus datos biométricos o no”.

La recopilación de datos de las personas migrantes ha sido duramente criticada por los defensores de derechos humanos. Los activistas alegan que realizar esta actividad arbitrariamente viola los derechos humanos de los extranjeros y pone en riesgo sus datos personales. 

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En 2019 las autoridades del sector seguridad ubicaron los puntos donde podrían encontrar a los migrantes para hacer su Censo Biométrico. Fuente: documentos filtrados por hackers Guacamaya.

La toma de datos biométricos “va en el sentido de criminalizar a la población migrante, de verla como un enemigo del Estado, una amenaza de la seguridad nacional”, critica Pérez Bravo en una entrevista concedida a La-Lista.

María Fernanda Rivero Banfield, encargada del área de Comunicación de la organización Sin Fronteras, se suma al cuestionamiento. Ella también considera que “el gobierno incurre en un acto de criminalización” al tomar datos biométricos a las personas migrantes con el argumento de resguardar la seguridad de México.

“Aparte de que se atenta contra la privacidad de los migrantes, la toma de datos biométricos criminaliza y facilita el perfilamiento racial”, cuestiona Rivero Banfield.

Hay un vacío legal en la recopilación de datos biométricos de personas extranjeras. La Ley de Migración sí establece que los migrantes que entren a México de forma regular deben proporcionar sus datos personales, pero en ningún artículo se indica lo mismo para quienes tratan de cruzar de forma irregular.

Según los especialistas consultados para este trabajo, en eso reside el riesgo de tomar datos biométricos a personas migrantes sin documentos: en que no hay una legislación que indique cómo se debe hacer esta recopilación de información y sobre todo cómo se resguardará.

“Imagínate que esta información, aparte de que los gobiernos la puedan usar para limitar el ingreso de los migrantes, se logre filtrar a grupos del crimen organizado, eso sería terrible”, enfatiza Rivero Banfield. 

“Por eso estamos muy preocupados, porque hay muy pocos ojos metidos en el tema de los derechos digitales de las personas migrantes”.

El riesgo del mal manejo de la información personal no sólo está en el tema migratorio. En México las dependencias de gobierno y las empresas privadas solicitan datos biométricos a los ciudadanos para realizar diversos trámites.

Y aunque existen leyes federales de protección de datos personales para dependencias del gobierno y empresas, la falta de capacitación en la utilización de estos datos podría poner en riesgo a las personas.

Así lo expresa Luis Enrique Vázquez de la Paz, especialista en Derecho y Tecnología del Tec de Monterrey. Ejemplifica: el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hasta ahora ha tenido un buen resguardo de los datos personales de los mexicanos, pero no cree que estas buenas prácticas sean generalizadas en el gobierno federal.

“El tema es que el SAT hace su chamba y lo hace bien, pero hay otras autoridades, como el INM, que difícilmente tienen la experiencia, los requisitos técnicos y los requisitos específicos de ciberseguridad para poder hacer un resguardo específico bien cuidado de datos personales”, señala de la Paz.

El investigador del Tec de Monterrey de nuevo recurre a los ejemplos. Habla del hackeo a los servidores de la Sedena hace un mes, con el que 4 millones de archivos fueron filtrados, y el ciberataque a Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2019 para “secuestrar” algunos de sus documentos.

La falta de medidas de seguridad para resguardar datos biométricos, y las dudas sobre el uso que se les dará, ha frenado en México la creación de más bases de este tipo. 

En 2020 la Secretaría de Gobernación (Segob) pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) que le transfiriera los datos biométricos de 88 millones de personas mayores de 18 años para crear una Cédula de Identidad. El INE se negó a entregar esta información a la Segob por temor a que estos datos se utilizaran con fines electorales.

En 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenó la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, con el cual se pretendía que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) creara una base de datos biométricos de los usuarios telefónicos.

Datos biométricos sí, pero para proteger

La creación de una base de datos biométricas de personas migrantes no está exenta de suspicacias. Los defensores de derechos humanos consultados cuestionan que la toma de muestra de información no ha sido regulada, si ya hay reportes de que esto ocurre desde el 2008.

“Siento que es falta de voluntad política porque el recursos económicos sí tiene el INM”, señala Pérez Bravo,“si el instituto quisiera, podría impulsar la creación de reformas legales, implementar este sistema de datos biométricos en todas sus estaciones migratorias pero de forma regulada”.

El presidente del Consejo Ciudadano del INM considera que si en México se van a tomar datos biométricos, estos “deberían servir para garantizar la seguridad de los extranjeros que cruzan México sin papeles”.

Ejemplifica: Si un migrante es detenido y llevado a una estación migratoria, con sus registros dactilares podrían servir para que todos los funcionarios del INM sepan su ubicación exacta y puedan brindar información a sus familias.

También debería servir para que quede constancia de que la persona extranjera fue detenida y así evitar casos de desaparición forzada.

Contrario a eso, Pérez Bravo considera que con la creación de una base de datos biométricos de migrantes sin regulación, lo que México hace es “hacerle la chamba” a EU, un país que endurece cada vez más sus políticas antiinmigrantes.

“México es el muro de contención de Estados Unidos, aquí la política es de contención y para que las personas no lleguen a ese país”, concluye Pérez Bravo.