Indígena de Guerrero es liberada tras 3 años en prisión por un aborto

Aurelia García Cruceño, una mujer indígena de Guerrero, fue liberada después de pasar tres años en prisión tras sufrir un aborto involuntario.

La jueza Mariela Alfaro Zapata absolvió a Aurelia García Cruceño, quien ahora buscará la reparación del daño por parte del Estado, así como reunirse con sus familiares y estudiar para ser maestra, como era su sueño.

Aurelia García Cruceño es una joven indígena de la comunidad de Xochicalco, Guerrero, perteneciente al pueblo Nahua. Fue víctima de violencia sexual en numerosas ocasiones por parte de un hombre 20 años mayor que ella, dando como resultado un embarazo no deseado y fuera del matrimonio, algo condenado dentro de su comunidad. 

Huyó y se refugió en casa de una de sus tías en Iguala, Guerrero. El 2 de octubre de 2019, Aurelia, estando sola en casa de su tía, se sintió mal y comenzó con dolores en el vientre y con sangrados abundantes. Una ambulancia la trasladó a un hospital donde recibió transfusiones sanguíneas .

Dos días después, Aurelia se dio cuenta de que le habían puesto un implante anticonceptivo sin su consentimiento y aún sin haber sido dada de alta del hospital agentes de la policía la trasladaron al Centro de Reinserción Social de Iguala donde pasó tres años en prisión preventiva. 

En julio de 2021, Aurelia García Cruceño fue condenada a 13 años y cuatro meses de prisión por el delito de homicidio en razón de parentesco después de haber padecido un parto fortuito, sin que se le explicará en su idioma y de forma clara en qué consistía este delito y sus alcances. 

En un comunicado, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), una organización civil que representó a Aurelia García, dijo que el reconocimiento de la inocencia se convierte en un hecho es histórico para las mujeres víctimas de violencia, pues se sienta un precedente fundamental de que en Guerrero sí pueden contar con el Poder Judicial para acceder a la justicia. 

“La determinación sobre su inocencia es una respuesta a la obligación que adquirió el estado de Guerrero después de declararse la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, en donde se comprometió a dejar de criminalizar a las mujeres guerrerenses y garantizarles una vida libre de violencia”, señala el comunicado del IMDHD.

El Instituto agregó que durante el juicio se demostró las violaciones al debido proceso y la falta de debida diligencia por parte de la Fiscalía desde el momento en que fue detenida.