Derechos humanos, género y racismo destacan en informes de la Primera y Segunda Sala de la SCJN

Los casos relacionados con violaciones graves de derechos humanos, racismo, género y discriminación destacaron entre los asuntos discutidos por la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los cuales informaron este lunes las ministras presidentas Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa, respectivamente.

La Presidenta de la Primera Sala, la ministra Margarita Ríos Farjat destacó el amparo en revisión 51/2020 en materia de desaparición forzada, en el cual se ordena la creación de un grupo interinstitucional de búsqueda bajo claros lineamientos de colaboración, y con la capacidad de diseñar estrategias, de ir publicando los avances de la investigación y de realizar diligencias al interior de los cuarteles.

Se trata del asunto en que dos hombres que fueron víctimas de desaparición forzada en el estado de Oaxaca en 2015 y cuyo caso llevó a la Primera Sala a definir que la desaparición forzada no solamente se investiga como delito sino también como violación grave a los derechos humanos.

“Y bajo este parámetro, la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) estaba en falta. No era que colaborara en la búsqueda de las personas dando por hecho un delito sin sentencia, sino que lo hiciera como una acreditada violación grave a los derechos humanos”, dijo la ministra Ríos Farjat.

La Primera Sala resolvió mil 269 asuntos a lo largo de 42 sesiones durante 2022 de los mil 569 con los que dieron inicio este año. Quedan 398 asuntos por resolver, de los cuales 300 ya están en ponencia y 98 aún están en trámite.

Este año se emitieron 179 tesis de jurisprudencia y 78 tesis aisladas, casi el doble del año anterior, que fue de 136.

Ríos Farjat destacó los casos de tortura al analizar el amparo director en revisión 6418/2018 en el que una mujer acusada de trata de personas alegó haber sido desnudada por las autoridades policiales al momento de su detención. La Primera Sala determinó que esos actos equivalen a tortura y que las relaciones asimétricas de poder también se presentan en los casos de mujeres bajo proceso.

“Revocamos y ordenamos juzgar con perspectiva de género, incluyendo que se analizara lo alegado por la señora sobre su calidad de víctima de explotación sexual, así como otras deficiencias relativas a la inviolabilidad del domicilio y a la flagrancia, aspecto donde emitimos algunos lineamientos necesarios para tenerla por acreditada en casos de trata de personas”, dijo Ríos Farjat.

Mencionó el caso de una menor a la que el estado de Hidalgo por haber solicitado el derecho al aborto antes de haber denunciado que había sido víctima de violación sexual. La Primera Sala declaró inconstitucional la parte de la ley del estado que obliga a las mujeres a denunciar antes de tener derecho al aborto.

Confirmaron también la sentencia del amparo 4456/2021 en el que una mujer exigió la reparación del daño a una clínica privada después de haber tenido complicaciones médicas severas y sufrimiento físico y emocional por un proceso de inseminación in vitro.

En materia de diversidad sexual en niñas, niños y adolescentes, destacó el amparo en revisión 155/2021 en el que se determinó que el derecho a la identidad de género debe reconocerse a todas las personas sin importar su edad y que se pueden adecuar documentos como el acta de nacimiento por la vía administrativa.

En materia de libertad de expresión, Ríos Farjat estableció el criterio de que una columna  de opinión no siempre está protegida como libertad de expresión: “si la columna introduce datos sin sustento, falsos o calumniosos que agreden el derecho al honor de otras personas bajo el pretexto de opinar al respecto, esa columna no está protegida como libertad de expresión, porque no opina sobre datos comprobables sino sobre hechos falsos a sabiendas de su falsedad o con total despreocupación sobre si la información es o no verídica.”

También resolvieron el amparo 275/2019 presentado por la detención con criterios racistas de un grupo de personas indígenas de Ocosingo, Chiapas, en 2015. En su análisis la Primera Sala determinó la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley de Migración, al considerar que permite realizar detenciones arbitrarias para verificar la calidad migratoria.

“Permite situaciones como ésta: la discriminación y detención de mexicanos, a pesar de identificarse como tales y del derecho constitucional al libre tránsito y, además de todo, que se pueda atender a perfiles raciales, fenotipos o estereotipos” y donde las “personas indígenas y afromexicanas son las más perjudicadas con este tipo de normas”, destacó la ministra.

En la sesión solemne, la presidente de la Segunda Sala, Yasmín Esquivel Mossa, informó que ingresaron mil 312 asuntos que se sumaron a 166 existentes, de los cuales mil 230 egresaron mediante fallo en sesión, 38 por dictamen o acuerdo y cinco más fueron remitidos al Pleno o a la Primera Sala para su resolución.

La ministra destacó que entre los casos que analizaron, se resolvió que en caso de alteración grave del orden público, el titular del poder ejecutivo estatal, podrá asumir el mando de una policía municipal por un tiempo determinado y solo podrá prorrogarse por mayor tiempo cuando el ejecutivo funde y motive esta acción

Con respecto a los derechos de las personas con discapacidad al disfrute de bienes y servicios, consideraron que es constitucional la obligación de prestarles gratuitamente los estacionamientos de los centros comerciales.

Sobre los derechos a acceder a la vivienda digna y decorosa se determinó que ante la falta de pago de aportaciones al Infonavit se debe condenar al patrón al pago de las aportaciones respectivas durante todo el tiempo que duró la relación de trabajo aunque esta ya hubiera concluido.

Con respecto a qué orden de gobierno le corresponde legislar sobre cierta materia la Segunda Sala resolvió que a quien le corresponde regular el manejo de los residuos de PET o unicel, es a la federación. También compete a la federación emitir las declaratoria de patrimonio cultural e inmaterial y no a los municipios, que intentaron proteger las peleas de gallos y corridas de toros como actividad cultural de interés nacional.

Este jueves, el presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar, rendirá su último informe a unos días de que concluya su gestión y el 2 de enero el pleno de la SCJn elegirá al próximo ministro presidente.