Cuatro exfuncionarios del Poder Judicial fueron espiados con Pegasus mientras investigaban el caso Wallace

Al menos cuatro extrabajadores del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) fueron blanco de espionaje a través del software Pegasus. Los funcionarios fueron vigilados mientras realizaban una investigación sobre irregularidades en el caso del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace.

The Citizen Lab de la Universidad de Toronto confirmó que Salvador Leyva, exsecretario técnico de combate a la tortura del IFDP, es uno de los blancos de espionaje junto con otros tres integrantes de la institución, quienes defendían legalmente a Brenda Quevedo y Juana Hilda González, acusadas del secuestro y homicidio de Hugo Alberto, aunque los abogados aseguran que las pruebas en su contra fueron fabricadas.

Salvador Leyva dio a conocer esta semana que fue blanco de espionaje. Hizo pública la información luego de presentar su renuncia al IFDP, dependencia que desde el pasado miércoles 1 de febrero está a cargo de Taissia Cruz Parcero. El exsecretario técnico compartió en sus redes sociales el dictamen de The Citizen Lab en el que se confirmó que fue vigilado entre mayo y noviembre de 2021.

En entrevista con La-Lista, el exfuncionario explicó que su sospecha de ser un objetivo de espionaje comenzó luego de que se filtró una conversación privada que sostuvo con Ricardo Raphael, periodista que ha seguido de cerca el caso Wallace y quien también fue vigilado con Pegasus, según se dio a conocer a finales de 2022.

“Se acercaron organizaciones de la sociedad civil expertas en la detección de este tipo de ataques y fue cuando hicieron el análisis forense (de su celular), esto tomó meses y efectivamente descubrieron que cuatro personas de la Defensoría, todas ellas involucradas particularmente en la defensa de Brenda y Juana, fuimos atacadas con Pegasus”, señaló Leyva.

Los actos de espionaje contra Leyva y su equipo ocurrieron en el momento en el que tenían nuevos hallazgos sobre el presunto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, según el análisis de Citizen Lab. Por ejemplo, el 1 de mayo de 2021 el equipo jurídico encontró que una persona llamada Rodrigo Oswaldo De Alba rentó el departamento donde se habría cometido el crimen. Previamente ese inmueble ya había sido cateado por las autoridades y no se encontraron pruebas del delito, pero después de la estancia de Rodrigo Oswaldo las autoridades volvieron al lugar y encontraron una supuesta gota de sangre y una licencia vencida de la víctima.

Otro acto de espionaje ocurrió cuando un juez se disponía a revisar la medida cautelar que ha mantenido a Brenda Quevedo en prisión y sin sentencia durante 15 años. Esto después de que el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió su liberación tras comprobar que fue víctima de tortura durante su proceso legal.

The Citizen Lab no especificó quién o qué institución llevó a cabo el espionaje contra Leyva y los otros tres trabajadores del instituto, pero el exfuncionario apunta a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como probable responsable.

“Lo que hay certeza es que este software no se vende a particulares, lo que sí hay pruebas es que hay terceras personas que se han beneficiado de la información obtenida por quien opera ese programa”, señala Leyva. “Lo que hay constancia, según organizaciones, quien tenía la licencia de ese programa en México era la Sedena”.

Pegasus, caso Wallace y despidos en la Defensoría Pública

Norma Lucía Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), nombró a Taissia Cruz Parcero para ser la nueva titular del IFDP en sustitución de Netzaí Sandoval. Antes de asumir su cargo, ella se desempeñaba como magistrada del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México.

Este nuevo nombramiento genera suspicacias en los abogados del caso Wallace. Leyva señala que Cruz Parcero tuvo conocimiento de dos amparos tramitados por Juana Hilda González y Tony Castillo, acusados del supuesto secuestro y homicidio del hijo de Isabel Miranda de Wallace, pero no resolvió estos recursos legales cuando estuvo en el Tribunal Colegiado.

“No puedo dar mucha información, pero sí estamos intentando hacer todo lo que sea necesario para poder sacar ese caso de la Defensoría, estamos seguros que ese caso no puede quedarse en la Defensoría Pública Federal y no estoy hablando de las defensoras que llevan el caso, que son abogadas brillantes, sino de la dirección y de las influencias que pueda haber en la dirección como lo hubo en otras administraciones”, expresa Leyva.

Las personas que fueron acusadas del caso Wallace son Brenda Quevedo, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre, Jacobo Tagle, Albert y Tony Castillo Cruz. 

El exsecretario técnico presentó su renuncia al IFDP luego de la llegada de Taissia Cruz, a quien señala por despedir a personal de distintas áreas, incluyendo las unidades de Defensa Penal y Asesoría Jurídica, donde se revisaban las liberaciones de mujeres que están presas en la cárcel de Santa Martha Acatitla, casos de movilidad internacional, personas con discapacidad y niños, niñas y adolescentes.

“En menos de dos días ella desmanteló totalmente un equipo que tardamos casi cuatro años en construir, un equipo que además trabajó dos años en pandemia sin ni siquiera conocer el trabajo que hacíamos”, señala Leyva.

La-Lista contactó al Instituto Federal de la Defensoría Pública para conocer su posicionamiento respecto a estos señalamientos, pero la dependencia declinó hacer comentarios.