El Senado aprueba hasta 22 años de cárcel por el delito de cohabitación forzada de niñas y niños

El Senado de la República aprobó una reforma para sancionar con cárcel la cohabitación forzada de menores de edad, un hecho que ocurre cuando las niñas, los niños o los adolescentes son obligados o manipulados para que vivan con otra persona de su misma edad o mayor y que comenzó a ocurrir para darle la vuelta a la prohibición de los matrimonios con menores.

El delito de cohabitación forzada será sancionado con ocho a 15 años de prisión y con una multa económica que va de mil a dos mil días multa. El castigo podría incrementar hasta los 22 años de cárcel si el menor de edad afectado forma parte de una comunidad indígena o afromexicana.

La reforma de cohabitación forzada de menores de edad, con la que se hicieron modificaciones al Código Penal Federal, fue impulsada por la activista y diputada Eufrosina Cruz, quien hace unas semanas reclamó al Senado de la República que no hubiera aprobado este proyecto avalado por la Cámara de Diputados desde abril del 2022.

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El Senado de la República aprobó sanciones contra las personas que obliguen a un niño, niña o adolescente a vivir con otra persona. Foto: especial.

Al menos 153 mil matrimonios infantiles se registraron en 11 años

La-Lista reveló que entre el 2010 y el 2021 se llevaron a cabo 153 mil matrimonios infantiles ante el Registro Civil, de los cuales 19 mil se celebraron después de que esta práctica quedó prohibida en el 2014 en el país.

En estados como Guerrero, las niñas son entregadas a jóvenes y hasta adultos por montos que van de los 160 mil a los 300 mil pesos y son objeto de explotación laboral y sexual por parte de la familia que paga por ella.

Entre 2010 y 2016 se registraron oficialmente 17 matrimonios de hombres mayores de 60 años con niñas que llegaban a tener hasta 14 años en seis estados: Sinaloa, Guerrero, Nuevo León, Michoacán, Campeche y Chihuahua.

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Los matrimonios infantiles son un problema visible en todo el país y ocurren con mayor frecuencia en Guerrero, donde se registra uno de cada cinco, le sigue Estado de México, Michoacán, Nuevo León y Sinaloa.

A pesar de la prohibición en el Registro Civil, hay jueces de paz –integrantes del Poder Judicial– que se prestan a emitir actas para respaldar que dos menores vivan juntos por “voluntad propia”.


La senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, presentó ante el pleno el proyecto de reforma de cohabitación forzada de menores de edad. Señaló que este delito es “una figura que atenta contra el interés superior de la niñez y que representa un menoscabo a los derechos fundamentales en detrimento de su formación y su desarrollo integral”.

La legisladora y ministra en retiro explicó que los menores de edad requieren una protección reforzada debido a que tienen habilidades físicas, cognitivas y sociales distintas a las de las personas adultas, lo cual genera que puedan ser susceptibles de manipulación para realizar conductas contrarias a su voluntad.

“Con la aprobación de esta minuta, las y los legisladores de esta Cámara dejaremos claro que nunca más nuestras niñas, niños y adolescentes deben ser obligados a tener una relación sentimental o casarse o ser privados de su libertad ni ser víctimas de la violencia doméstica”, indicó Sánchez Cordero en la sesión del Senado de este miércoles 15 de marzo.


Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, se sumó a la celebración por la aprobación de estas reformas. El legislador señaló que las niñas y las adolescentes enfrentan un mayor riesgo de ser víctimas de una unión temprana, un hecho que las aísla de sus redes de apoyo, las obliga a abandonar la escuela, sufren violencia de género y tienen una alta probabilidad de quedar embarazadas.

"Con este nuevo tipo penal (de cohabitación forzada) se pretende reforzar la protección del desarrollo normal psicosexual de las niñas, los niños y los adolescentes", dijo Espino de la Peña.

La reforma contra la cohabitación forzada de menores de edad fue aprobada de manera unánime con 90 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Fue enviada al Poder Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

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