La Marea Verde se expande en México: organizaciones y activistas luchan para lograrlo

El aborto es uno de los temas pendientes del Estado con las mujeres, pero avanza gracias a la lucha de organizaciones, activistas y colectivas que buscan que la Marea Verde se extienda por todo el país.

El pasado 6 de septiembre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales los artículos del Código Penal Federal que criminalizan el aborto y al personal médico que lo practica por atentar contra el derecho de las mujeres y las personas con capacidad de gestar a decidir si interrumpen o continúan con su embarazo. También porque se vulneran los derechos a la autonomía reproductiva, igualdad, no discriminación y salud.

Por ello, la Primera Sala ordenó al Congreso de la Unión derogar el delito de aborto en el Código Penal Federal.

Esto se logró luego de que organizaciones sociales, como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), encabezaron una estrategia jurídica a nivel nacional que consiste en presentar amparos para eliminar el delito de aborto autoprocurado y consentido de los códigos penales en los que no se ha despenalizado aún.

“Llevamos año y medio impulsando una estrategia en todo el país, en aquellos estados donde no está despenalizado, en donde lo que hemos buscado, precisamente, ha sido presentar demandas de amparo con base en el interés que tiene la organización, es decir, que nos hemos dedicado por más de 30 años a la defensa de los derechos reproductivos buscando que se saque el aborto del Código Penal”, dijo la abogada de GIRE, Melissa Ayala, en entrevista con La-Lista.

Hasta ahora, en 12 estados del país se ha despenalizado el aborto: Ciudad de México (2007), Oaxaca (2019), Baja California, Coahuila, Colima, Hidalgo y Veracruz, en 2021, así como Baja California Sur, Guerrero, Quintana Roo y Sinaloa, en 2022 y Aguascalientes en 2023. En el caso de Coahuila y Aguascalientes tuvo que intervenir la SCJN, mientras que en los otros casos los congresos locales modificaron los códigos penales.

Respecto al Código Penal Federal, Ayala sostuvo que al resolverse el amparo bajo la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat, se siguió la línea del precedente que sentó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá en el estado de Aguascalientes, con lo que “se declara la inconstitucionalidad del tipo penal de aborto”.

Con la derogación del delito de aborto a nivel federal, las instituciones de salud federales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no tendrán excusas para no brindar el servicio de aborto a mujeres embarazadas o personas con capacidad de gestar.

No obstante, la abogada de GIRE destacó que pese a que se ha logrado la despenalización del aborto en algunos estados, se ha documentado que ahí aún persisten barreras como “la falta de capacitación por parte del personal de salud, la falta de medicamentos para que puedan realizar el aborto con mis mifepristona y misoprostol, y la falta de de de publicidad y de información”.

“Los propios estados no comparten de manera clara cuáles son los requisitos y los documentos que se necesitan. Entonces, en muchas ocasiones hacen que las chicas den dos o tres vueltas para traer toda la documentación”, sostuvo Melissa Ayala.

Además, reiteró que las autoridades están obligadas a cumplir con la normas, sin embargo, aún falta que se despenalice esta práctica en los estados que todavía se criminaliza.

En los estados donde el aborto es legal faltan varios pendientes, entre ellos “lograr que las autoridades ofrezcan el servicio de una manera adecuada, digna y respetuosa para todas las mujeres y personas gestantes que así lo deseen” en medio de la falta de medicamentos, presupuesto para garantizar un buen acceso a la salud reproductiva y médicos capacitados, que serán los siguientes pasos a litigar.

Organizaciones al pie del cañón

Por décadas, las organizaciones y activistas han luchado para exigir la despenalización del aborto en todo México, logrando grandes avances.

Verónica Cruz, activista de la organización feminista Las Libres en el estado de Guanajuato, consideró que en las últimas dos décadas ha habido dos fenómenos, el primero son las organizaciones que se mantienen a lo largo de la historia y el tiempo porque “eso es muy difícil en un país que no apoya ni fomenta”, sobre todo luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó y quitó el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil.

“Habíamos luchado tanto los movimientos sociales porque hubiera una ley específica que apoyara y fomentara las actividades de las organizaciones, existieran recursos y el presidente llega el primer día y decide que eso se quita (el apoyo). En un país donde no se fomenta, es muy extraordinario el trabajo que hacemos las organizaciones mayoritariamente con nuestros propios recursos”, dijo Cruz a La-Lista.

El segundo cambio fue la pandemia de Covid-19, que provocó que muchas organizaciones cerraran por las restricciones generalizadas. Sin embargo, Cruz resaltó que la lucha de muchas décadas de mujeres, movimientos feministas, colectivas, redes de acompañamiento y todo movimiento social a favor del aborto avanzó más rápido que las autoridades en los últimos años.

“Por lo menos la Corte ha sido decente dando respuestas, eliminando obstáculos judiciales, pero la parte legislativa, cero. Algunos estados han avanzado con el acceso a los servicios públicos, pero indudablemente es una lucha y una ganancia, y una cosecha del movimiento amplio de mujeres y feminista en particular, obviamente, del movimiento por la legalización, despenalización y el acompañamiento feminista de abortos seguros en casa”, sostuvo.

También, señaló que el papel del legislativo “ha sido de vergüenza” porque el movimiento feminista llevaba décadas exigiendo y trabajando con legisladores y mayormente con legisladoras para que legalizaran. “Se las habíamos dejado en el estándar más bajo, hasta 12 semanas, y nada pasaba”, señala.

“Ahora que la Corte ha dicho que el delito de aborto ya no es delito en ningún momento en todo el proceso de gestación, los legisladores en el 2021, si fuéramos un país democrático y si hicieran su trabajo, debieron haber eliminado el delito de aborto de todos los códigos penales del país, como seguramente va a suceder en los próximos años, donde la Corte, amparo por amparo, va a ir obligando a cada estado a que lo haga por la vía judicial, como lo hizo en el caso del Código Penal Federal”, dijo Verónica Cruz.

Asimismo, afirmó que esta despenalización representa el momento más importante de los movimientos feministas en una lucha que se traduce en la eliminación de obstáculos institucionales, jurídicos y la posible garantía al acceso a un derecho para todas las personas de manera universal en el país.

Aumento en carpetas de investigación

De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las carpetas de investigación por el delito de aborto van en aumento en México.

En el año 2022, se abrieron 819 expedientes y en 2021 fueron 704, un incremento del 16.3%. Ante esto, Cruz dice que es “preocupante” de dónde vienen este tipo de denuncias y quién llama a las fiscalías para que se abran estos casos contra mujeres embarazadas que interrumpieron los procesos.

“Seguramente, y ese es el caso mexicano, la mayoría viene de los servicios de los prestadores de salud, ahí está el problema, que los prestadores de salud sigan pensando que el aborto es un delito, es muy preocupante, porque ellos son los garantes de la salud en el contexto más amplio y no se han enterado que el aborto está dentro del derecho a la salud más amplio, pero que además en México ya tenemos estos conceptos en nuestro orden judicial donde la Corte está diciendo que es un derecho, no se puede negar y ya no es un delito”, sostuvo la activista.

Además, mencionó que no tiene sentido llamar a la autoridad para denunciar estos hechos porque a pesar de que las fiscalías tienen la obligación de abrir las carpetas, después las cerrarán porque el delito es inconstitucional, y es “mucho dinero tirado a la basura, abriendo carpetas que luego vas a cerrar”.

En el caso de Guanajuato, dijo que las personas que están en procesos abiertos son hombres y mujeres que participaron en el asesinato de una mujer o en lesiones graves de una mujer embarazada que provocó la pérdida del producto.

“Es muy preocupante si no se trata de mujeres embarazadas gestando que interrumpieron embarazos por decisión y las están criminalizando, que se trate de hombres y mujeres obligando a las mujeres por la vía de la violencia a abortar, es todavía más grave”, agregó.

En momentos en que el país se encamina a un escenario en el que probablemente llegue una mujer a la presidencia, Cruz afirmó que el acceso a los servicios de aborto legal, gratuito y seguro para todas las personas que así lo decidan, así como la prevención de la violencia contra las mujeres, deberían ser las primeras plataformas de las candidatas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.

“Ellas deberían representar el avance de los derechos de la vida real de las mujeres”, dice Cruz.