Ayotzinapa | A 9 años, sin pruebas para hallar a los normalistas ni para sentencias: familias

A nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el gobierno no tiene suficientes pruebas para localizar a los estudiantes y tampoco para lograr sentencias condenatorias contra los responsables de este delito, acusan los abogados y las familias de las víctimas.

“No tenemos al día de hoy elementos de convicción y pruebas suficientes con las que se pueda establecer qué ocurrió”, señala en entrevista Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los 43 normalistas. “Desde mi punto de vista tampoco creo que alcance para una sentencia condenatoria, aunque éstas pueden llegar por un lineamiento político”.

Este 26 de septiembre se cumple el noveno aniversario del caso Ayotzinapa, un crimen que involucra al grupo delictivo Guerreros Unidos y a todo el aparato de seguridad del Estado mexicano: el Ejército, la Marina, la extinta Policía Federal, el antiguo Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), las policías estatal y municipales de Guerrero.

En los últimos nueve años ha quedado al descubierto que el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) encubrió la desaparición de los estudiantes con la llamada “verdad histórica”, una hipótesis que apuntaba a que los 43 jóvenes habían sido secuestrados e incinerados por los Guerreros Unidos en el basurero de Cocula.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un equipo especializado que colaboró con las investigaciones, desmintió “la verdad histórica”. Si bien la hipótesis del basurero de Cocula está desechada, la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) tampoco ha dado a conocer lo que realmente ocurrió.

“A este gobierno (de López Obrador) se le ha dificultado por el paso del tiempo. Mucha información se destruyó, muchos elementos probatorios se perdieron, testigos incluso murieron o han sido asesinados”, expresa Vidulfo Rosales.

Por ahora hay 132 personas detenidas por el caso Ayotzinapa, entre las que se encuentran 14 militares que supuestamente participaron en el crimen. Algunos de los funcionarios de más alto rango capturados son Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR); Gualberto Ramírez, ex titular de la unidad antisecuestros de la PGR, y el general José Rodríguez Pérez, quien se desempeñaba como comandante del 27 Batallón de Infantería.

Hasta ahora la Fiscalía General de la República (FGR) solo ha logrado cuatro sentencias condenatorias contra presuntos implicados en el caso, pero estas sanciones no han sido por desaparición de personas, sino por delitos como delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Aunado a esto, 54 personas acusadas de la desaparición de los 43 normalistas consiguieron su libertad por irregularidades en su proceso penal, como los actos de tortura que algunos funcionarios de la PGR cometieron cuando empezaba la indagatoria en 2014.

Ejército, sin entregar toda la información del caso Ayotzinapa

Otro obstáculo para conocer lo que ocurrió con los jóvenes es la falta de acceso a documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El GIEI pudo comprobar que algunos elementos militares tuvieron conocimiento en tiempo real de lo que le sucedía a los estudiantes y aún así no intervinieron.

El GIEI, las familias, sus abogados y las organizaciones que les acompañan han exigido que el Ejército entregue una serie de documentos con ocho folios diferentes, en los que supuestamente podría haber información del paradero de algunos estudiantes.

Los documentos habrían sido elaborados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia militar que operaba en el municipio de Iguala la noche que ocurrieron los hechos. En dichos archivos estaría una intervención telefónica hecha a un jefe policial y a un líder de Guerreros Unidos, quienes habrían platicado sobre el destino final de algunos alumnos el 26 de septiembre de 2014.

“El GIEI en su último informe fue claro al decir que el gobierno mexicano, y en particular el Ejército, tiene información para conocer el paradero de los muchachos”, dice Humberto Guerrero, coordinador de Derechos Humanos de la organización Fundar. “Para los padres y las madres saber eso les genera mucha desesperación. La sensación que tienen es que podría haber elementos que nos acercaran más a la verdad, pero a pesar de la voluntad del presidente no se logra acceder a esos documentos”.

Guerrero, al igual que las familias de los 43 normalistas, acusa que el presidente López Obrador mantiene la protección del Ejército, una institución que ha sido clave en su sexenio no solo en materia de seguridad, sino en la construcción de megaproyectos, repartición de programas sociales y administración de diferentes dependencias.

En la última reunión que los padres y las madres de los estudiantes tuvieron con López Obrador, el pasado miércoles 20 de septiembre, el presidente aseguró que el Ejército ya entregó toda la información que poseía.

“El presidente lo que hace es decir a los papás y las mamás: ‘dejen de creerle al GIEI y créanme a mí’, pero no lo hace con algún elemento objetivo que les haga confiar en su palabra”, agrega Guerrero.

‘No queremos pasar otro sexenio así’

Las organizaciones sociales y el equipo legal que acompaña a las familias de los 43 estudiantes explicaron a La-Lista que las personas detenidas han dado pistas de 20 lugares en los que probablemente fueron llevados los jóvenes, aunque el 80% de esos sitios ya fueron revisados y no se ha encontrado nada.

“Dicen algunas tesis que los estudiantes fueron despedazados, llevados a diferentes sitios y cremados. Otra tesis dice que fueron llevados a fosas clandestinas. Hay una infinidad de hipótesis de lo que pudo ocurrir, pero no hay una consolidación de los elementos de prueba que sustenten esas tesis”, indica el abogado Vidulfo Rosales.

En este contexto de impunidad, las familias de los estudiantes piden al presidente López Obrador que el caso se resuelva durante su gobierno, al que le queda un año para concluir. “No queremos pasar otro sexenio sin saber la verdad de lo que ocurrió, es muy desesperante”, comenta en entrevista Hilda Legideño, mamá de Jorge Antonio Tizapa.

La madre del joven estudiante lamenta que en 2020 el presidente firmó un acuerdo con la FGR y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para esclarecer el caso, sin embargo, esto no se ha podido lograr porque aún hay información que el Ejército no ha entregado a la unidad especial de la Fiscalía y a la comisión de la verdad que investigan la desaparición.

“Había un decreto donde el presidente y las instancias del gobierno se comprometieron a entregar toda la información del caso, pero no se ha cumplido”, critica Legideño.

Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, se suma a las críticas por la impunidad que persevera en el caso. “Estamos tristes porque nunca nos imaginamos llegar a un año más sin resultados, sin saber nada de nuestros hijos, pero seguimos en pie de lucha”, comenta.

La mamá de Benjamín reconoce que el presidente López Obrador ha cumplido con algunas de sus promesas, como autorizar la llegada del GIEI a México para seguir con la investigación del caso, aunque al final ese equipo especializado presentó su último informe en julio de 2023 y anunció su salida del país debido a los obstáculos para continuar con la indagatoria.

“El GIEI se fue, pero dejó muchas líneas para poder avanzar. El año pasado el gobierno reconoció que la desaparición fue un ‘crimen de Estado’, entonces el Estado tiene que resolver el caso y asumir las consecuencias”, opina Cristina.

Pese a los nueve años que han pasado desde la desaparición de sus hijos, las madres y los padres de Ayotzinapa se mantienen de pie. Este martes 26 de septiembre se preparan para realizar una manifestación en la Ciudad de México y advierten que no se darán por vencidos hasta encontrar a sus seres queridos.

“Claro que nueve años han sido difíciles, pero mientras las organizaciones sociales nos sigan acompañando, y mientras las normales rurales estén con nosotros, vamos a seguir la lucha”, advierte Cristina.