Omisiones del Ejército y tortura de la Marina, fuera de la nueva versión del caso Ayotzinapa

A nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno federal dio a conocer una nueva narrativa sobre cómo ocurrió este crimen. En esta versión oficial, las autoridades echan responsabilidad principalmente a autoridades municipales y al grupo delictivo Guerreros Unidos, mientras dejan de lado asuntos clave como la omisión del Ejército de brindar protección a los jóvenes o los actos de tortura cometidos por elementos de la Secretaría de Marina para encubrir el caso.

Este martes 26 de septiembre el gobierno federal dio a conocer un nuevo informe de hechos, en el que señala que los 43 normalistas presuntamente fueron divididos en tres grupos por policías municipales del estado de Guerrero, para posteriormente entregarlos a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, quienes los habrían llevado a nueve municipios diferentes (Cocula, Cuetzala del Progreso, Eduardo Neri, Huitzuco, Iguala, San Miguel Totolapan, Taxco, Teloloapan y Tepecoacuilco). A partir de ese traslado ya no se conoció el destino final de los jóvenes.

Las autoridades siguen la hipótesis de que los estudiantes fueron atacados por Guerreros Unidos debido a que los confundieron con Los Rojos, otro grupo del narco que en esa época se disputaba el control del tráfico de drogas en el municipio de Iguala, donde ocurrieron los hechos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

En la nueva narrativa de hechos el gobierno federal admite que Guerreros Unidos tuvo la capacidad de corromper a autoridades municipales, estatales y federales, incluyendo a tres militares de alto rango que recibían dinero, proveían armas y municiones, facilitaban el trasiego de drogas y brindaban protección al grupo delictivo.

Los militares acusados en el informe son el coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería; el capitán José Martínez Crespo, y el coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería. 

Aunque en la nueva versión oficial de Ayotzinapa el gobierno acepta que estos integrantes del Ejército estaban coludidos con el crimen organizado, no se abordan las omisiones de los militares que tuvieron conocimiento de los hechos en tiempo real y que no brindaron apoyo a los estudiantes. Funcionarios del Cisen, de la Policía Ministerial federal y de la antigua Policía Federal habrían incurrido en las mismas omisiones.

Durante los últimos cuatro años, un equipo conocido como Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se sumó a las investigaciones del caso Ayotzinapa. Los especialistas encontraron archivos en los que se confirma que personal militar y de otras instituciones de seguridad ignoraron el ataque del crimen organizado contra los 43 normalistas.

Los hallazgos del GIEI, así como de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), que forma parte de la Fiscalía General de la República (FGR), ayudaron a que se lograra la detención de 14 militares. En la nueva versión oficial de Ayotzinapa solo se señala, con nombre y apellido, a tres de ellos.

En el último año el GIEI abandonó el país debido a los obstáculos para investigar el papel del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Mientras que Omar Gómez Trejo, el ex titular de la UEILCA, renunció a su cargo y la unidad especial que dirigía fue desmantelada cuando se obtuvieron las órdenes de aprehensión contra los militares.

Este martes 26 de septiembre, en el noveno aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, las familias de los jóvenes rechazaron la nueva versión oficial con el argumento de que criminaliza a los estudiantes, además de que es una narrativa que protege a las Fuerzas Armadas.

“La lucha por la presentación con vida de nuestros 43 compañeros se encuentra en un momento difícil, crítico. Queremos, desde esta tribuna, rechazar de manera tajante la narrativa de hechos presentada por este gobierno”, dijo durante la marcha del noveno aniversario Vidulfo Rosales, abogado del caso.

“Esta es una narrativa que no se sustenta en prueba alguna, es una narrativa que incorpora elementos y datos de la mal llamada ‘verdad histórica’, de una investigación, que ha sido cuestionada y que fue hecha pedazos por distintos organismos internacionales” instió Rosales frente a miles de personas que participaron en la manifestación.

Omisión del Ejército, fuera de la nueva versión oficial de Ayotzinapa

El GIEI documentó que integrantes del Ejército no brindaron ayuda a los 43 normalistas, a pesar de tener conocimiento en tiempo real de lo que ocurría en Iguala. Esta información fue echa a un lado de la nueva versión oficial de Ayotzinapa.

En su último informe, publicado en julio de 2023, el GIEI destacó que el Ejército tuvo un seguimiento puntual de los movimientos de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, debido a que los jóvenes buscaban tomar algunos camiones para viajar de Iguala a la Ciudad de México para la conmemoración de los actos del 2 de octubre.

El GIEI señaló que el Ejército siguió todo el día a los normalistas, pero a partir de las 21:30 horas, cuando los jóvenes ya estaban en Iguala, hubo un “apagón informativo”. En ese municipio también había funcionarios del Cisen, la Policía Estatal de Guerrero, la Policía Ministerial federal y la Policía Federal, pero ninguna dependencia tiene reportes de lo ocurrido con los jóvenes.

“Si bien todas las corporaciones tenían antes detalles precisos sobre los movimientos de los jóvenes, horas y lugares, dicha información no aparece a partir de su entrada en Iguala. Todo ello muestra un comportamiento coordinado, de ocultar los hechos o, en su caso, de no proporcionar la información existente. Incluso la adulteración de bitácoras, de números de las patrullas lo demuestra”, señaló el GIEI en su informe.

Estos cuerpos de seguridad no solo siguieron a distancia las actividades de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, sino que había elementos militares y de inteligencia en los puntos donde se encontraban los alumnos cuando fueron agredidos por los policías municipales y Guerreros Unidos.

“Los agentes de inteligencia y OBI (del Ejército) tuvieron conocimiento directo de la detención de los jóvenes por policías municipales y nunca declararon tener información o haber estado en dicho escenario (…) Testigos locales señalaron al GIEI que en el mismo lugar había un agente del CISEN “F”, quien estuvo observando y reportando lo que sucedía a sus superiores, así como que a 200 metros del escenario del Palacio de Justicia se encontraba la sede del CISEN”, indicó el GIEI.

Cuando algunos de los agentes de seguridad que estuvieron presentes en Iguala fueron entrevistados por el GIEI, estos dijeron mentiras y cayeron en contradicciones, acusó el equipo de especialistas.

“¿Cómo es posible que desaparezcan 43 jóvenes en medio de toda esa presencia, sin el conocimiento o la colaboración de las mismas? Para el GIEI es evidente que se dio una actuación conjunta de autoridades en el ámbito estatal y federal durante la llegada al centro de Iguala y el ataque a los estudiantes”, concluyó el grupo de expertos en su último informe.

Tortura de la Marina, Cisen y Seido, fuera del nuevo informe

El papel de la Secretaría de Marina también quedó fuera de la nueva versión oficial que el gobierno federal hizo pública este martes 26 de septiembre. Poco se sabía del rol que jugó esta dependencia, hasta que en 2022 el GIEI reveló que algunos marinos alteraron una escena del crimen y torturaron a personas que supuestamente habían participado en la desaparición forzada.

El GIEI indicó que el 27 de octubre de 2014, un mes después de la desaparición de los jóvenes, al menos diez integrantes de la Secretaría de Marina acudieron al basurero de Cocula para manipular el lugar y hacer parecer que ahí habían sido incinerados los estudiantes. Esa fue la primera versión oficial que el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) dio del caso.

A ese lugar, y en esa misma fecha, Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, acudió al basurero de Cocula junto con los marinos. Actualmente este alto funcionario se encuentra detenido, aunque en la nueva narrativa del gobierno federal tampoco se menciona su nombre ni se hace alusión a los elementos de la Secretaría de Marina.

El GIEI descubrió la manipulación de la Marina con un video que esa misma dependencia grabó con un dron, pero que mantuvo oculto durante siete años.

Además de esto, el GIEI detectó que elementos de la Secretaría de Marina, el Cisen y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) participaron en la detención y posible tortura de presuntos sospechosos del caso Ayotzinapa. Algunas de estas personas incluso habrían sido llevadas a las instalaciones de los marinos para ser interrogadas.

La información sobre las torturas cometidas por los marinos, integrantes del Cisen y de la Seido fue descubierta a través de documentos y de videos que fueron facilitados al GIEI por parte del actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El gobierno defiende su nueva versión oficial de Ayotzinapa

A pesar de dejar de lado toda esta información en la nueva versión oficial, el gobierno federal ha defendido que su narrativa está sustentada con más de 41 mil documentos, testimonios, entrevistas, archivos institucionales, fotografías, audios, videos y mapas.

En un comunicado de prensa, la Subsecretaría de Derechos Humanos, dirigida por Alejandro Encinas, aseguró que su nueva narrativa no es cercana a la “verdad histórica”, como acusaron las familias de los 43 normalistas y sus abogados.

“Se presentó una relatoría realizada por el gobierno de México para formular una idea que, complementada y sustentada con pruebas, conduzca a un mayor acercamiento de lo que realmente sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014. Esta versión se aleja de la llamada verdad histórica”, indicó la Subsecretaría.

Este miércoles 27 de septiembre, Alejandro Encinas presentará la nueva versión oficial ante los medios de comunicación.