Quejas por fallas en protección de defensores de derechos humanos van en aumento

Delfina Díaz Navarro vivió cinco años en un refugio del gobierno federal por el riesgo de que un grupo del crimen organizado la atacara por su labor de defensa de derechos humanos. Desde 2014 ha alzado la voz por las personas que desaparecen en Chilapa y otros municipios del estado de Guerrero. Eso la puso en la mira de Los Ardillos.

A través del colectivo Siempre Vivos —que se formó después del asesinato de dos de sus hermanos, un primo y dos conocido en noviembre de 2014—, Delfina ayuda a unas 60 familias de víctimas de desaparición. Las acompaña a la Fiscalía General de la República (FGR) para revisar sus carpetas de investigación y sigue insistiendo en la violencia generada por Los Ardillos en la zona centro del estado de Guerrero.

Cuando una persona es asesinada o desaparecida en Chilapa, la mayoría de la gente opta por guardar silencio por miedo a los grupos del narcotráfico, dice Delfina, quien, junto con su hermano José Díaz Navarro y otros familiares, decidió alzar la voz. Eso le costó tener que desplazarse a la Ciudad de México para salvaguardar su vida.

“Si hubiera hecho eso de quedarme callada como la mayoría de la gente, seguiría viviendo en Chilapa, pero no es justo callarme por la manera como asesinaron a mi familia”, dice Delfina con la voz quebrada.

Hugo Díaz Navarro, Alejandrino Díaz Navarro y Vicente Apreza García son los familiares de Delfina que fueron asesinados supuestamente por Los Ardillos en noviembre de 2014, junto con los arquitectos Jesús Romero Mujica y Mario Montiel Ferrer.

Luego de realizar manifestaciones públicas por estos asesinatos, Delfina, su hermano José y otros integrantes de su familia empezaron a recibir amenazas por redes sociales. “En grupos de Facebook circulaban listas de las personas que Los Ardillos iban a asesinar y sí las cumplían”, recuerda la activista.  

Aunque considera que todavía se encuentra en riesgo de ser agredida por el crimen organizado, Delfina fue expulsada del refugio en el que se encontraba. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas le notificó en 2022 que su nivel de riesgo había disminuido porque ya habían pasado más de siete años desde que empezó su activismo por el asesinato de sus familiares.

Delfina se negó a abandonar el refugio y relata que un día, cuando salió a la calle a hacer unas compras, alguien cambió las chapas de la puerta del departamento donde vivía y no pudo ni siquiera entrar por sus cosas.

Esto llevó a Delfina a emprender una lucha legal. Primero interpuso un recurso de inconformidad ante el Mecanismo de Protección por haberle retirado el refugio, pero fue rechazado por el propio Mecanismo. Ahora interpuso un amparo para que un juez sea el que decida si las autoridades federales violaron su derecho a recibir protección ante el riesgo de ser agredida por Los Ardillos.

El caso de Delfina no es único. Entre enero y agosto de 2023 se tramitaron 21 recursos de inconformidad en contra de las decisiones tomadas por el Mecanismo de Protección, una cifra que no se había alcanzado desde 2012, cuando este sistema para proteger defensores comenzó a funcionar.

Lo mismo ha ocurrido con los amparos. Entre enero y agosto de 2023 se tramitaron 23 amparos en contra de las determinaciones del Mecanismo de Protección. Antes de esto, 2015 era el año con más amparos presentados ante un juez con un total de cinco.

Los defensores de derechos humanos pueden interponer un recurso de inconformidad cuando el Mecanismo de Protección impone o niega medidas para resguardar al peticionario; cuando el cumplimiento de estas medidas es deficiente e insatisfactorio; o cuando las autoridades federales no acaten las medidas que ya fueron aprobadas por la Junta de Gobierno del Mecanismo.

El amparo, por su parte, es un recurso legal que se puede interponer ante el Poder Judicial luego de que el Mecanismo de Protección haya rechazado los recursos de inconformidad de los defensores de derechos humanos.

Delfina interpuso su recurso de inconformidad y su amparo con ayuda de un abogado, quien la ha asesorado probono. Considera que debe mantener el resguardo del Mecanismo de Protección federal porque no existen condiciones de seguridad para volver a su casa en el municipio de Chilapa.

“Es prácticamente imposible para nosotros (volver a Chilapa) porque hemos sido figuras públicas allá por todo esto de ponernos contra los delincuentes”, expresa Delfina.

Hace cinco meses, el grupo conocido como Los Ardillos puso de cabeza a Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero. El 8 de julio este grupo delictivo supuestamente asesinó al menos a cinco trabajadores de transporte público y, dos días después, cientos de personas realizaron bloqueos en la Autopista del Sol para pedir la liberación de dos líderes delictivos de esta organización.

Los bloqueos y los asesinatos de trabajadores de transporte público exhibieron la violencia que Los Ardillos todavía ejercen en Guerrero, especialmente en los municipios donde operan: Chilapa, Tixtla, Zitlala, Quechultenango, Mochitlán y José Herrera.

Celso Ortega Jiménez es el supuesto líder de Los Ardillos, un grupo criminal que tiene 20 años de existencia y que incursionó en el narcotráfico a través del negocio de la heroína. Cuando esta droga dejó de ser rentable, la organización comenzó a realizar secuestros y extorsiones contra los habitantes de Guerrero.

“La violencia en Guerrero ha estado muy fea por todos los asesinatos que han ocurrido en la capital (Chilpancingo). A raíz de eso nosotros decidimos quedarnos aquí en lugar de irnos y arriesgarnos”, insiste Delfina, quien ahora ha sobrevivido con el apoyo económico de integrantes de su familia.

Defensores de derechos humanos, con poca protección

Los defensores de derechos humanos, del medio ambiente, del territorio, las madres buscadoras de personas desaparecidas y los activistas en general son un sector vulnerable en México.

Durante 2023 han sido asesinados al menos 14 defensores en México. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) informó que hasta el 23 de noviembre se contaban 13 víctimas, sin embargo, un día después el activista Higinio Trinidad de la Cruz fue hallado sin vida en Ayotitlán, Jalisco.

Ante esta situación de riesgo, el Mecanismo de Protección resguarda a mil 286 defensores de derechos humanos actualmente.

Silvia Chica Rinckoar, presidenta del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección, considera que este sistema de resguardo aún enfrenta muchos retos para garantizar la integridad de defensores de derechos humanos.

El aumento de los recursos de inconformidad y los amparos contra el Mecanismo de Protección, señala la experta, tiene que ver con el retiro de medidas de resguardo sin que las autoridades den una solución a los defensores de derechos humanos para que puedan reintegrarse, sin riesgos, a la comunidad donde habían sido amenazados.

Otro factor es que cada vez hay más personas integradas al Mecanismo de Protección y eso puede derivar en un aumento de las inconformidades y los amparos. Los defensores de derechos humanos también podrían percibir los riesgos en su contra de una forma diferente a como lo ven las autoridades y eso les lleva a interponer los recursos legales.

“Es un reto del Mecanismo empezar a trabajar con los beneficiarios en planes de retorno o planes de reubicación. Sobre todo con las personas que han estado en un refugio, con muchas actividades limitadas por su nivel de riesgo, es complejo”, dice Chica Rinckoar en el marco del Día de los Derechos Humanos, que se conmemora este domingo 10 de diciembre.

El aumento de los recursos de inconformidad y amparos contra el Mecanismo de Protección también ocurre en un momento en el que este sistema ha alcanzado un récord de rechazo de solicitudes de defensores de derechos humanos para recibir resguardo.

En 2022, el Mecanismo de Protección rechazó el 52% de las solicitudes de resguardo presentadas por defensores de derechos humanos, de acuerdo con cifras oficiales que se publican mensualmente.

Delfina Díaz Navarro, quien ahora lucha para que el Mecanismo de Protección la regrese al refugio donde se encontraba, considera que el gobierno revictimiza a los defensores de derechos humanos porque existe la idea de que quieren vivir permanentemente de los recursos de este sistema de seguridad.

“Nosotros no queremos que nos resuelvan la vida, lo que queremos es regresar a nuestras casas con la seguridad de que vamos a poder caminar y hacer nuestras cosas, sin miedo a que nos disparen en la calle”, concluye Delfina.