Las pymes, las olvidadas de la reforma al outsourcing

El panorama que vivieron las pequeñas y medianas empresas (pymes) en 2020 fue devastador. De los 4.9 millones de establecimientos micro, pequeños y medianos reportados por los Censos Económicos 2019, del Instituto de Estadística y Geografía (Inegi), el Estudio sobre la Demografía de los Negocios 2020 estima que sobrevivieron 3.9 millones (79.2%), es decir, cerraron sus puertas definitivamente un millón 10,857 establecimientos (20.8%).

Sin embargo, el escenario se vislumbra poco prometedor debido al impacto que causará la regulación de la figura del outsourcing acordada ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sindicatos y empresarios. El acuerdo llega después de que en noviembre pasado AMLO mandara la propuesta para prohibir ese esquema de contratación.

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Algunos de los aspectos que contempla se encuentra: prohibición de la subcontratación de personal; regula la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante, registro ante la STPS y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializados, entre otros.

La reforma propone limitar la figura del outsourcing hacia servicios especializados y evitar que se utilice para evadir responsabilidades sobre los derechos laborales y el pago de impuestos, o que son utilizadas para simular relaciones laborales.

Sin embargo, “la flexibilidad laboral (de la subcontratación) permite a las empresas operar de forma más eficiente y aligerar las cargas administrativas o de procesos tributarios. No obstante, la desvinculación de la relación clásica obrero-patronal que surge de la tercerización puede favorecer la evasión de las obligaciones”, señala la investigación ‘Subcontratación en México: efectos sobre el bienestar laboral y la evasión fiscal’, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Algo que encendió las alertas de los expertos sobre este tema y su implicación en la Participación del Trabajador en la Utilidad (PTU), es decir, las utilidades correspondiente al 10% de las utilidades gravables y que superen los 300,000 pesos anuales, respecto a su tope a 90 días de salario.

La-Lista consultó a Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF), y a Ricardo Martínez Rojas, socio fundador del despacho De la Vega & Martínez Rojas, para hablar sobre el impacto que tendrá ambos temas en las pymes.

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La iniciativa de la regulación de la subcontratación afectará principalmente a las pymes, pues representará un gasto mayor, “a las que no se les debería sumar otro, pues ya de cada peso pagan 35 centavos de prestaciones, con la reforma de las pensiones que entrará en vigor en 2023 se incrementarán 9 puntos más la aportación de los patrones, un total de 44%”, explica Martínez y agrega “este gobierno quiere acabar con la formalización de la economía. Está terminado con la clase media y haciendo más pobres”.

Esto pondría en riesgo muchos empleos provocando que micros, pequeñas y medianas empresas absorban trabajos que subcontrataban, además de atacar a todas aquellas que sí trabajan bajo la ley, pues el artículo 5 establece que cualquier persona se puede dedicar a cualquier actividad mientras sea lícita. Ambos expertos prevén una cascada de demandas, amparos y cierre de más empresas.

¿Quiénes se benefician del tope a las utilidades?

Los expertos coinciden en que no beneficiará a los empleados, sino a ciertos sectores o empresas, pues algunas grandes compañías que son poco intensivas en mano de obra (no representa el mayor porcentaje de su gasto), pagar el 10% de PTU es mucho dinero, que en algunos casos llega a ser más de un año de sueldo.

“No están dispuestas a pagar y utilizan el insourcing (empresas formadas por el mismo grupo empresarial) que no tiene utilidades y así evade el pago de la PTU. Es una figura que debería estar prohibida”, explica Leñero.

Esas grandes empresas, de acuerdo con el presidente del CEEF, donde su utilidad puede alcanzar hasta los 180 días, con el tope a 90 se ahorrarán la mitad, entonces en lugar de pagar 10% se reduciría a 5.

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Mientras que en otras empresas no va a pasar nada porque no alcanzan el tope o no tienen la utilidad y son intensivas en mano de obra. No les beneficia ni les perjudica.

“Los empleados quedan en el último lugar. Carlos Salazar solo está cuidando los intereses de los grandes empresarios porque se olvidó de las MiPymes”, señala Leñero.

Por su parte, Martínez Rojas señala que “hace más de tres décadas pagar 10% no se veía grave, pero el panorama actual es diferente, lo que provocó que muchas empresas implementaran esquemas de subcontratación para regular la utilidad. Ahora que el estado quiere prohibir esos esquemas muchas empresas tendrán que pagar la PTU”.

¿Qué se puede hacer?

Para Martínez, en lugar de mantener el 10% o el tope a 90 días, se debería considerar un porcentaje acorde a la realidad económica del país, como del 4%, pues a esto se le suma otros factores como las obligaciones del pago de luz e internet, derivado de la ley de teletrabajo. “Eso provocará que el empresario formal ya no pueda y si le sumas que la luz eléctrica incrementará con la ley de combustóleo nos convertiremos en un país poco productivo y que perderá empleos”, dice.

Cerca de 700,000 empleos se perdieron por lo que, con estas medidas agresivas, “provocará que las personas se vayan a la informalidad. La pandemia nos ha dejado una debilidad de inversión, empresas y áreas devastadas como los restaurantes, cines o servicios. La subcontratación ayuda al empleo y eliminarlo es un golpe grave a la productividad y competitividad del país”, explica Martínez.