Brasileños bajo investigación por operaciones en sectores clave de México
Dock, empresa especializada en tecnología financiera, definió el caso como “una disputa mercantil por una compraventa de acciones”.
Foto: cortesía.
La aprehensión de Anderson Olivares de Oliveira, ciudadano brasileño y directivo de la firma tecnológica Dock, abrió un nuevo capítulo en torno a la participación de extranjeros en sectores estratégicos de México.
El arresto se concretó el pasado 5 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde autoridades federales ejecutaron la orden correspondiente por su presunta participación en un fraude financiero estimado en al menos 10 millones de dólares.
Actualmente recluido en el Reclusorio Sur, Olivares enfrenta un proceso penal cuyo avance dependerá de la audiencia programada para este viernes, en la que se definirá si se le vincula a proceso.
Dock, empresa especializada en tecnología financiera, definió el caso como “una disputa mercantil por una compraventa de acciones”, aunque el proceso judicial mantiene abiertas las posibilidades de consecuencias mayores, incluso en el plano internacional.
La detención ocurre en un contexto donde el escrutinio sobre la transparencia de las operaciones financieras en el país ha aumentado, particularmente en relación con actores extranjeros que, sin contar con los permisos establecidos en la legislación, incursionaron en sectores sensibles.
De manera paralela, autoridades investigan a Thiago De Magalhaes, también originario de Brasil, quien ha sido vinculado con la gestión de contratos públicos en representación de Grupo Surman, empresa dedicada a la comercialización y arrendamiento de vehículos oficiales.
Información obtenida por este medio señala que Magalhaes participó en negociaciones con dependencias federales, algunas de ellas relacionadas con áreas catalogadas como de seguridad nacional.
Este hecho generó inquietud debido a que la Ley de Inversión Extranjera, en su artículo 6, reserva para ciudadanos y empresas mexicanas ciertos sectores, entre ellos el transporte terrestre y los servicios vinculados a la seguridad.
El marco normativo exige, conforme al artículo 8, que cualquier inversión o participación extranjera en dichos sectores cuente con la autorización de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, requisito que presuntamente no fue cumplido en este caso.
La participación de estos ciudadanos extranjeros en actividades restringidas por la ley ha motivado cuestionamientos sobre la capacidad de las instituciones nacionales para detectar y prevenir dichas irregularidades.
Diversos sectores han solicitado reforzar los mecanismos de supervisión, especialmente en áreas como la tecnología financiera, los contratos públicos y la seguridad nacional.
El avance de ambas investigaciones podría sentar un precedente en la vigilancia de los controles regulatorios aplicados a inversionistas y operadores foráneos en territorio mexicano.