Un asesinato y 11 agresiones, relacionadas con actual proceso electoral: Etellekt

El actual proceso electoral tiene un saldo de violencia política: se documentaron 11 agresiones y al menos un asesinato está relacionado, pero a diferencia del año pasado, no se registraron atentados contra la vida de candidatos y precandidatos

Así lo revela un informe de Etellekt, el cual apunta un total de 85 agresiones contra políticos en los estados donde habrá elección el domingo, de las cuales 11 tuvieron como objetivo a precandidatos y candidatos, sin víctimas mortales, un saldo blanco no registrado desde el año 2007. 

“De los 11 aspirantes agredidos, 9 compiten o competían como precandidatos por gubernaturas en los estados de Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo (por el momento Durango y Tamaulipas no registran agresiones contra aspirantes a gobernador), y sólo dos por diputaciones estatales en Quintana Roo (el único estado que renovará su Congreso local. Tampoco se han presentado actos de violencia que involucren a contendientes por cargos locales en Durango (la única entidad que celebrará comicios para renovar sus 39 ayuntamientos)”, expone la consultora. 

De las 85 de agresiones contra políticos, hay siete víctimas mortales; ninguno era precandidato o candidato. 

“Solo una de las víctimas fatales estaba relacionada con el actual proceso electoral, se trata de un presunto operador de un partido político en el estado de Tamaulipas, asesinado en San Pedro Garza García, Nuevo León”, refiere el informe. 

Se trata de el empresario Sergio Carmona Angulo, originario de Tamaulipas, quien fue asesinado a balazos en noviembre del año pasado, en una barbería de San Pedro Garza García, en Nuevo León. El móvil del crimen sigue sin resolverse. 

Sergio Carmona Angulo es identificado en medios como “operador financiero” de Morena, por su relación con el alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattas.Pero años atrás, Carmona Angulo –como lo refirió Américo– fue proveedor del gobierno tamaulipeco al inicio del sexenio de García Cabeza de Vaca. El vínculo con el gobierno estatal comenzó a romperse cuando se acercó a Morena. 

Por este personaje, los candidatos de Morena y la alianza Va por Tamaulipas han cruzado diversas acusaciones. 

En cuanto a las seis víctimas restantes que perdieron la vida de manera violenta, se trata de dos ex alcaldes, un ex candidato a alcalde y dos militantes de partidos políticos en el estado de Oaxaca, y un ex candidato municipal en Quintana Roo que despachaba como funcionario del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas. 

Por lo tanto, seis de las 7 víctimas desarrollaban su actividad política en el ámbito municipal, sin que tuvieran alguna participación en las campañas para gobernador en sus respectivas entidades. 

“La violencia homicida contra políticos quedó superada por los asesinatos de servidores públicos sin militancia partidista o aspiraciones políticas en el periodo, en estas seis entidades, con un total de 15 víctimas mortales (adicionales a las 85 agresiones contra políticos), sin que ninguna ejerciera una función política en las campañas; en su mayoría laboraban como empleados o mandos medios de gobiernos municipales, lo que expone los riesgos de seguridad inherentes a estos cargos de responsabilidad (cinco de las víctimas eran mandos de seguridad de los tres niveles), dentro y fuera de los procesos electorales”, agrega Etellekt. 

De las 85 agresiones, solo el 15% se produjeron en el marco de los procesos electorales

Hay solo un ataque adicional vinculado a las elecciones en Aguascalientes: se trata de una agresión en contra de la dignidad personal del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, cometido por militantes de su propio partido. En febrero de este año, le arrojaron huevos.

El 85% restante de los 85 ataques a políticos en estas seis entidades no guardan relación alguna con el proceso electoral. 

El informe señala que las amenazas directas a precandidatos y candidatos, los ataques a familiares y colaboradores (incluyendo brigadistas), y el hackeo de sus redes sociales (ya sea para tareas de hostigamiento, extorsión o dañar su reputación con fines políticos), se han convertido en el nuevo modus operandi predilecto de los agresores

Lo anterior, “les permite lograr su objetivo de generar terror psicológico en la víctima, con mayor impunidad y a un costo más bajo (ya sea para obligarla a renunciar a sus aspiraciones, o afectar su rendimiento o competitividad en la campaña, al buscar que la misma reduzca sus actos públicos por el temor a enfrentar un daño en su integridad), en la medida que las penas por estos delitos son más bajas (el delito de amenazas es sancionado por el Código Penal con una pena máxima de un año de prisión), y debido a que el interés de las autoridades de perseguirlos e investigarlos es menor en comparación con los homicidios intencionales”. 

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El estado que registra más agresiones es Oaxaca con un total de 43 (tres de ellas contra precandidatas y candidatas a la gubernatura). 

“Oaxaca es el epicentro de la violencia política entre las seis entidades con procesos electorales en marcha, motivado en buena medida por las elecciones extraordinarias municipales de principios de año, pero también por las innumerables disputas políticas que acontecen en municipios gobernados por el sistema de usos y costumbres, que se extienden a otras autoridades municipales electas por el sistema de partidos, que de manera constante enfrentan el riesgo de ser desconocidas por caciques políticos, los que movilizan a poblaciones enteras para demandar la renuncia de estas autoridades, usando de pretexto el incumplimiento de compromisos de gobierno, una problemática que puede acentuarse en los próximos meses, sin descartar atentados armados contra autoridades electas en el ámbito municipal, ante la alta probabilidad de alternancia en el gobierno del Estado”, añade Etellekt. 

Durante el mes de mayo, el segundo y último de campañas, la incidencia de agresiones a políticos y candidatos ha mostrado un comportamiento ascendente de 114% con respecto al mes de abril, tras el arranque del periodo de campañas. 

Etellekt observa que durante la jornada electoral el próximo domingo son tres los riesgos que deberán contemplar las autoridades de seguridad: 

1)  Enfrentamientos físicos o armados, entre representantes y brigadistas de partidos políticos rivales.

2)  Actos de intimidación (balaceras, vandalismo, robo de urnas o material electoral, amenazas, presencia de grupos armados) para ahuyentar a electores de las casillas.

3)  Secuestros y amenazas contra dirigentes y representantes partidistas, o familiares de candidatos, de parte de grupos delictivos. 

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