Candidatas indígenas luchan por un cargo en medio de una ola de violencia política

Faltaban dos días para que concluyera el registro de candidatos en Puebla para las elecciones de este año. Alejandra, una joven indígena que ha dedicado parte de su vida a defender los derechos de este sector, recibió la llamada de un líder partidista de su comunidad. “¿No quieres competir por la presidencia municipal? Te va a ir bien, mucha gente va a estar contigo, ya hice los acuerdos”, le dijo el hombre al otro lado del teléfono.

Alejandra se sorprendió por la propuesta y por los supuestos “acuerdos” que ya estaban arreglados sin que ella lo supiera. También llamó su atención uno de los requisitos para su registro. “Vas a llevar tu CURP, una credencial, un comprobante de domicilio y una cantidad (de dinero)”, le mencionó el líder partidista.

La joven no preguntó por más información sobre la “cantidad” que debía pagar para su registro porque de inmediato declinó a la oferta. Después supo, por medio de integrantes del partido político, que en realidad no tenía el respaldo de los militantes, incluso nadie estaba enterado de que era una aspirante a la presidencia municipal.

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“Era una imposición de este líder, quería demostrar que él podía poner a una candidata y, al final, sí lo logró con otra mujer (…)”, dice Alejandra, quien pide guardar el anonimato de su testimonio por miedo a sufrir represalias en su comunidad. “Era para cumplir con su cuota, no porque los miembros del partido estuvieran convencidos y ni siquiera estaban enterados”.

El actual proceso electoral ha quedado marcado por los asesinatos, las amenazas y los atentados que han sufrido decenas de candidatos. Detrás de esto también se encuentra la violencia política en razón de género, un tipo de agresión que ha lacerado el derecho a la participación política de las mujeres indígenas.

La violencia política en razón de género se presenta de varias formas, por ejemplo, cuando los partidos proponen a mujeres para ocupar cargos públicos solo para cumplir con su cuota de paridad de género, como pasó con Alejandra; cuando se da preferencia a varones por encima de mujeres, o cuando las aspirantes son postuladas en distritos electorales que “difícilmente” podrían ganar por su género y porque el partido político no tiene los apoyos suficientes.

La Red de Abogadas Indígenas (RAI) ha detectado este problema en Oaxaca, Michoacán y Puebla. “Las mujeres indígenas que se han registrado en los diversos partidos políticos han encontrado una serie de obstáculos, desde la discriminación, no tienen un respaldo en el interior de los partidos o estos prefieren como candidatas a mujeres que no son indígenas”, señala Flora Gutiérrez, abogada zapoteca de la Sierra Sur en Oaxaca.

La especialista indica que si bien todas las mexicanas son propensas a sufrir violencia política, en las comunidades indígenas el problema se agrava porque está muy arraigada la idea de que “no están hechas” para ocupar un cargo público.

Desde diciembre del año pasado, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha registrado 51 casos de funcionarios municipales y estatales a quienes se le han impuesto sanciones por ejercer violencia política contra mujeres en general. Oaxaca, Veracruz y Campeche son las entidades con la mayor cantidad de agresores.

La RAI, por su parte, ha asesorado legalmente en este proceso electoral 18 casos de mujeres indígenas que vieron afectados sus derechos político-electorales. Las abogadas atendieron ocho casos en Oaxaca, seis en Michoacán y cuatro en Puebla.

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Las autoridades electorales han tratado de impedir este problema a través de acciones afirmativas, talleres o documentos de sensibilización. No ha sido suficiente.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) emitió criterios para que los partidos postulen 50% de candidatas mujeres y la misma cantidad de hombres este año, sin embargo, Flora Gutiérrez opina que en algunos municipios hay una simulación porque los hombres hacen participar a sus esposas en las elecciones para cumplir con la cuota de género y, al final, ellos terminan gobernando.

“A lo mejor, el IEEPCO ve que la candidatura es encabezada por una mujer, en la planilla hay paridad y lo aprueba, pero al final quienes van gobernar son los hombres”, critica la experta.

Estereotipos limitan aspiraciones de mujeres

En México, las comunidades indígenas eligen a sus autoridades por medio de dos sistemas: el de partidos políticos y el normativo interno (conocido como usos y costumbres).

Ninguno de estos sistemas favorece la participación de las mujeres, coinciden los expertos. En el caso de los partidos políticos, el hecho de que estaban acostumbrados a postular hombres los tiene contra la pared, porque no tienen suficientes liderazgos femeninos en su militancia. Por eso buscan de último momento una forma de cumplir con la paridad.

Mientras que en las comunidades que se rigen por sistemas normativos internos, el principal obstáculo para ellas son los estereotipos de género y la falta de información respecto a sus derechos político-electorales.

“Vivimos en un país sumamente machista, racista y la violencia política de género viene a ser solo la expresión de todo este machismo que ya existe, pero en el ámbito político. Es de lo más común, en la experiencia que hemos tenido con candidatas básicamente todas han recibido comentarios de violencia política en razón de género”, expresa Yuteita Hoyos, integrante de la RAI en Puebla. 

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Junto con las abogadas Victoria Pájaro y Gloria Mendoza, Yuteita Hoyos ofrece talleres a candidatas indígenas para hablarles sobre sus derechos. Ahí se han dado cuenta de que la violencia de género está tan normalizada que algunas de ellas no la alcanzan a distinguir, lo cual inhibe que puedan interponer quejas ante las autoridades electorales.

Para atender este fenómeno, el Instituto Electoral de Puebla, por ejemplo, emitió un protocolo para prevenir y erradicar la violencia de género. No obstante, el documento no está traducido a lenguas indígenas y tampoco hay garantía de que llegue a zonas rurales. “No se piensa en las comunidades indígenas, se piensa en las candidatas citadinas y eso refleja el clasismo y el racismo hacia nosotras”, lamenta Yuteita Hoyos.

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Con todo y estos obstáculos, las mujeres indígenas están seguras de que ha llegado su momento de ser escuchadas, de participar en la vida pública de México, de promover políticas públicas en favor de sus culturas y los distintos tipos de violencia que sufren en sus localidades.

Esa, dice, es una tarea que solo ellas podrán cumplir y no ponen sus esperanzas en las mexicanas que provienen de zonas urbanas. Elizabeth Olvera, coordinadora de la RAI a nivel nacional, resume con sus propias palabras por qué es importante que las mujeres indígenas tengan sus propios espacios en el poder público:

“Nadie puede hablar del hambre si no sabe lo que es tener hambre, por lo tanto nadie puede hablar de una situación que no ha vivido”.