Randolfe Rodrigues: ‘En Brasil, un gabinete paralelo comanda el enfrentamiento a la pandemia’

El 27 de abril, el Senado federal de Brasil constituyó una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre la gestión de la pandemia en el país, conocida como la CPI del Covid.

Hasta el momento, sus 11 integrantes ya han tomado declaración a personajes involucrados en el manejo de la pandemia en el país, como los ministros de Salud y el gerente general de la farmacéutica Pfizer en América Latina, Carlos Murillo.

La-Lista habló con el vicepresidente de la comisión, Randolfe Rodrigues, para conocer cómo han avanzado las pesquisas. Por las evidencias que tienen hasta ahora, concluye que el caos sanitario en Brasil se debió a una mezcla de negacionismo y corrupción. Al 14 de junio, el país acumula 488 mil 228 fallecidos por Covid. 

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¿Qué preguntas ya respondió la CPI?

La primera convicción que tenemos es que hubo una omisión del gobierno en la adquisición de vacunas. El gobierno brasileño implementó el año pasado una política negacionista en relación a la adquisición de vacunas. Creemos que Brasil podría haber empezado a vacunar a sus compatriotas el 17 de diciembre, cuando por ejemplo, Chile, aquí en el continente sudamericano, inició y ya tiene el 56% de la población vacunada. Brasil solo tiene el 11% con dos dosis. Por cálculos que tenemos, al menos 80,000 vidas podrían haber sido salvadas si hubiéramos iniciado en esa fecha.

Junto con eso, ya entendemos que el gobierno de Jair Bolsonaro apostó a una política de tratamiento precoz sin eficacia comprobada. Estamos investigando si hubo relación con la corrupción para favorecer a laboratorios que engañaron con la venta de hidroxicloroquina. Por las informaciones que tenemos, laboratorios que en el pasado tenían un déficit del orden de 200 millones de reales (unos 788.5 millones de pesos), con la venta de hidroxicloroquina, llegaron a un superávit de hasta un billón de reales (unos 3.9 billones de pesos) hasta hoy. 

¿Qué pruebas tienen?

Tenemos pruebas documentales. En la cuestión de los laboratorios, el propio presidente de la República, en marzo o abril, hizo gestiones directas con el primer ministro de India para la autorización de cargas de insumos de hidroxicloroquina a favor de laboratorios brasileños. Eso es un crimen de abogacía administrativa, según el código penal brasileño. Aún estamos profundizando la investigación en ese sentido y entendemos que con ello, podemos encontrar otros crímenes de corrupción cometidos por el gobierno brasileño.

Sobre las vacunas, tenemos pruebas de sobra de que la política de omisión y negligencia en relación a su adquisición fue deliberada. El presidente aún hoy, de forma criminosa, llega a cuestionar la eficacia de la vacuna. Por los documentos que tenemos, podríamos haber salvado vidas e, incluso, haber impedido la segunda ola de la pandemia.

¿Quiénes son los responsables?

El primero de ellos, por nuestra investigación, es el gobierno brasileño: directamente, el presidente de la República, Jair Bolsonaro, y el exministro de Salud Eduardo Pazuello. El presidente dijo que el coronavirus no pasaba de una gripecita, y que no tenía mayor impacto. Varias veces se negó a tomar medidas que podrían haber protegido a brasileños. Cuando empezó la segunda ola, en Manaus, el gobierno fue negligente en dar socorro a los ciudadanos de esa ciudad del estado de Amazonas.

También tenemos elementos para, al final de la CPI, acusar a varios miembros del equipo de Eduardo Pazuello, además de otras autoridades. Por ejemplo, la segunda ola de la pandemia comenzó en el estado de Amazonas. Ahí tienen responsabilidades también el gobierno del estado y el secretario de Salud del estado.

Finalmente, nos estamos encaminando hacia la tercera línea de investigación que puede llevar al señor Jair Bolsonaro al Tribunal Penal Internacional (TPI). Tenemos elementos para creer que cometió crímenes de lesa humanidad y crímenes de genocidio, en el caso de la aplicación de hidroxicloroquina en los pueblos indígenas. 

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¿Cuántas personas recibieron ese tratamiento precoz y cuáles fueron sus efectos?

Esto es un dato que, por ley, el ministerio de Salud debería tener. Todas las resoluciones indicaban que todos los que fueran tratados con hidroxicloroquina deberían tener un registro en el ministerio. Esa es una omisión grave cometida también por el ministerio de Salud por eso, no tenemos la contabilidad. Pero sabemos que se usó en larga escala para el tratamiento de la pandemia en los pueblos indígenas y, en general, a través de la acción conjunta de una especie de gabinete paralelo. 

¿Podrías explicar eso?

Quien comanda el enfrentamiento a la pandemia en el país no es el Ministerio de Salud, es el gabinete paralelo, que está formado por un político, Osmar Terra, y que tiene con él un grupo de médicos que hacen las orientaciones. Ese gabinete actúa de forma clandestina, negando la gravedad de la pandemia, recomendando hidroxicloroquina y negando las vacunas. Estamos profundizando la investigación, pero lo que estamos descubriendo es que laboratorios brasileños productores de hidroxicloroquina financiaban (a esos médicos) y divulgaban en sus portales el uso de hidroxicloroquina para enfrentar el Covid.

Entonces, entendemos que hubo una colusión criminal de parte del presidente de la República con ese grupo de médicos y con el financiamiento a través de laboratorios farmacéuticos.

¿Qué problema hay con que haya un gabinete paralelo?

No habría problema si fuera oficial, era hasta aconsejable que existiera. La primera medida que el presidente de la República debería haber adoptado al inicio de la pandemia era constituir por decreto un gabinete de crisis, del que formara parte el Ministerio de Salud y los mejores científicos del país. Pero no fue eso lo que aconteció. El presidente entró en conflicto con los gobiernos locales, aisló el Ministerio de Salud y montó un gabinete en la sombra que nadie conocía. Ahora estamos descubriendo que actuaba escondido de toda la sociedad brasileña sin ningún tipo de control público y era sustentado por un grupo de médicos negacionistas, liderados por Osmar Terra. 

En las declaraciones de los exministros de Salud y el actual hubo tres posiciones: eran autónomos, no lo eran o tenían autonomía limitada por el régimen presidencialista de Brasil. ¿Qué postura es la cierta?

En esta narrativa está indirectamente en la razón de ser. Brasil fue el país que más cambió ministros de Salud en la pandemia. Ya llevamos cuatro. Todos los que quisieron enfrentarla basados en ciencia o eran dimitidos, como Luis Henrique Mandetta, o pedían salir, como Nelson Taich. El tercero, Eduardo Pazuello, se mantuvo más tiempo porque sí se sujetó al gabinete paralelo. El cuarto, que es médico, solo asumió (el cargo) debido a la instalación de la CPI y tiene que implementar un enfrentamiento de la pandemia basado en ciencia, aunque sigue encontrando resistencia del gabinete paralelo. 

Sobre la vacuna, Bolsonaro dijo que no quería negociar con Pfizer porque las condiciones eran abusivas. ¿Ustedes pidieron los contratos?

La primera comunicación de Pfizer con el gobierno brasileño fue el 17 de marzo de 2020, sin respuesta. Hasta mayo, por lo menos, hubo otros 20 emails de Pfizer sin respuesta. Las primeras negociaciones ocurrieron en agosto y no avanzaron nada. En noviembre, cuando las iniciativas avanzaron un poco, el gobierno brasileño llegó a colocar un problema, que era que no tenían ninguna seguridad jurídica para la adquisición de las vacunas de Pfizer. La farmacéutica llegó a presentar una propuesta de ley para resolverlo. En diciembre, el gobierno preparó la iniciativa de ley que resolvería la adquisición de vacunas de Pfizer. Pero el presidente de la República lo vetó. 

El gobierno consultó las cláusulas que juzgaba leoninas el día 24 de marzo, cuando el Congreso Nacional brasileño, mediante un proyecto de ley de mi iniciativa, aprobaba las condiciones para la adquisición de las vacunas. O sea, la vacuna de Pfizer solo llegó a Brasil por iniciativa del parlamento y no del presidente. Y eso con un atraso de 11 meses. La cuestión no fue solo la de Pfizer, también con la Coronavac, la Sputnik. 

¿A qué lo atribuyen?

Yo no soy de la área de biología, pero cualquiera sabe que contra virus no hay tratamientos, contra virus hay vacunas. El gobierno brasileño apostó por la estrategia de la inmunidad colectiva, llamada inmunidad de rebaño. Lo que es más grave, por los documentos que tenemos en la CPI, en octubre había indicaciones que daban cuenta concretamente que esta tal inmunidad de rebaño no existía en relación al coronavirus.

¿Van a pedir que el presidente declare ante la CPI?

Hay un impedimento constitucional. La bancada de la CPI quería convocar a los gobernadores de estado, pero hay un impedimento y es el mismo para el presidente de la República. Por tanto no se hará.

¿Qué falta hasta que termine la CPI en agosto?

Hay dos caminos que recorreremos: el papel de las fake news en la profundización de la pandemia y la corrupción, que ya comenzamos a investigar.

¿Qué efectos tendrá la CPI en las presidenciales de 2022?

No estamos preocupados por eso. Brasil es el país con la peor gestión de la pandemia en el mundo, costó la vida de muchos compatriotas y hermanos. Ahora la preocupación es saber quiénes fueron los responsables por eso. Para las elecciones, prefiero no hablar con la condición de miembro de la CPI sino del parlamento. Defiendo que tengamos un frente político amplio ante Jair Bolsonaro el año que viene, no un enfrentamiento político, sino entre la civilización y la barbarie.

¿Cómo se mide el éxito de la CPI?

La CPI no puede responsabilizar directamente, las consecuencias se encaminarán al ministerio público y otras autoridades. Nuestra idea es presentar tres informes: uno con la responsabilidad penal, otra con la civil y un tercero en el TPI.

¿Creen que su trabajo puede ser un ejemplo en la región de control parlamentario de la pandemia?

Sin duda. Hubo un cambio de parte del gobierno a partir de la CPI. Eso debe servir sobre todo para gobiernos negacionistas, sean de izquierdas o de derechas. El negacionismo en relación con la pandemia mata, está demostrado. El gobierno cambió el ministro de Salud a partir de la CPI y hoy, por lo menos, está inhibido, avergonzado de defender la hidroxicloroquina. El Ministerio de Salud empezó a hacer campañas públicas por el uso de máscaras. En fin, la CPI inhibió e intimidó la política del gobierno.