‘La militarización de la política migratoria provoca abusos contra migrantes’: Tonatiuh Guillén

Los abusos cometidos contra las personas migrantes van en aumento porque en los hechos el Ejército es el que controla la política migratoria del país, critica Tonatiuh Guillén, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y extitular del Instituto Nacional de Migración (INM).

Guillén, quien fue director del INM entre diciembre de 2018 y junio de 2019, recuerda que al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), uno de los objetivos del gobierno federal era cerrar las estaciones migratorias y, en su lugar, construir albergues donde se respetaran los derechos de los migrantes. Pero en poco tiempo ese proyecto se diluyó y el presidente decidió incorporar al Ejército a la estrategia de contención del flujo migratorio.

Para Guillén, actualmente ya no hay una línea de separación entre el INM y las Fuerzas Armadas, porque militares y marinos ya ocupan cargos dentro del instituto. “No hay ya, en este momento, una separación de ambas esferas”, dice.

El 27 de marzo pasado, un incendio en una estancia migratoria provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, provocó la muerte de al menos 39 personas migrantes. El académico opina que este hecho refleja una actitud de “desprecio” hacia los extranjeros y advierte que las sanciones no solo deben ser contra los trabajadores del INM que se encontraban en el lugar, sino contra otros funcionarios del gobierno federal que han participado en el diseño de la estrategia antimigratoria.

Guillén hace un llamado a las autoridades para dar un giro a la política migratoria, pero en un contexto en el que las Fuerzas Armadas acumulan más y más tareas, no tiene optimismo en que esto suceda.

La-Lista (L-L): ¿Qué impresión le deja lo sucedido en Ciudad Juárez?

Tonatiuh Guillén (TG): Si nos atenemos al video (de los migrantes que quedaron encerrados en el incendio), te das cuenta de una situación terrible e inaceptable: el desprecio de la vida, el no respeto de lo más elemental de los parámetros de ética y de moral que debemos tener las personas, ya no digamos los funcionarios públicos o las personas que están cercanas a una función pública.

L-L: ¿Qué factores pudieron propiciar este incendio en el que 39 migrantes murieron?

TG: El primer factor es la militarización que hicimos de la política migratoria. En la naturaleza de un aparato militar como lo es el Ejército va implícito otro conjunto de concepciones de que enfrente tiene una misión de detener, expulsar y repatriar a las personas extranjeras en México, con independencia de su condición y su situación.

Ese contexto de militarización, me parece que es un primer gran factor que movió del horizonte los principios de los derechos humanos, principios que son obligatorios para cualquier servidor público y son parte del marco constitucional del país.

El segundo factor es local y, lamentablemente, se repite en otros municipios del país, es el rol de la autoridad municipal como un actor de agresión, una instancia agresiva contra migrantes y refugiados al grado de que la policía municipal de Ciudad Juárez podía entrar a los comedores de albergues y podía detener personas en la calle sin tener ninguna autoridad.

Ese contexto de agresividades va generando un escenario que termina en el mismo punto, que es el menosprecio de las personas y el menosprecio de sus derechos. Eso está retratadísimo con toda crudeza en el crimen que sucedió en Ciudad Juárez.

L-L: Si el Ejército tiene el control de la política migratoria, ¿dónde queda el INM?

TG: El Ejército es en realidad el que tiene la gestión migratoria. El instituto formalmente es una entidad administrativa civil, pero la operación está en manos de áreas fundamentales donde hay militares o exmilitares, integrantes de la Marina o exintegrantes de la Marina. No hay ya, en este momento, una separación de ambas esferas.

L-L: ¿Tiene expectativas de que se haga justicia por el caso de Ciudad Juárez?

TG: A los actores inmediatos, las personas que estaban ahí y los responsables directos de la estación provisional es muy probable que sí se finquen responsabilidades de tipo administrativo y penal.

Donde soy pesimista es en las sanciones políticas que ameritaría el evento, en este caso a directivos del INM que tienen responsabilidades directas e indirectas. Y más importante, la responsabilidad política que le toca de manera muy abierta a la Secretaría de Gobernación (Segob) y también a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

L-L: Pero Adán Augusto, el titular de Segob, le echó la bolita a Marcelo Ebrard, encargado de la SRE...

TG: Aunque la ley no la valoren, la ley es la ley. Lo que establece la ley es una responsabilidad explícita de la Segob en la materia migratoria y de refugio.

Parece que estamos en un campeonato de quién es menos responsable, pero está claro lo que dice la ley, la responsabilidad es de Segob y si hay otras acciones como hubo de la SRE en la definición de la política migratoria, también es responsable. 

L-L: ¿Las sanciones políticas tendrían que llegar hasta Adán Augusto López y Marcelo Ebrard?

TG: Es una cuestión de ética pública y cada quién tiene su alcance en eso. No estoy seguro de la responsabilidad jurídica directa, pero de ética pública, sin duda.

L-L: ¿Y Francisco Garduño, el titular del INM, debería ser despedido o renunciar?

TG: Son las dos opciones, pero deben estar claramente puestas en el escenario. Es una cuestión de ética pública, primero de responsabilidades políticas, pero también de ética pública.

L-L: Cuando usted fue titular del INM, ¿cuáles eran las condiciones de las estaciones migratorias en México?

TG: Han estado desde hace muchos años en condiciones deterioradas, materialmente mal equipadas y seguramente continúan así. De hecho, el proyecto era pasar de estancias o instalaciones migratorias a albergues, especialmente para niños migrantes y familias, pero ese proyecto ya no caminó en su ruta y quedó en primeros pasos planteados.

L-L: ¿Por qué este gobierno tiene un discurso de brazos abiertos a los migrantes y en los hechos es diferente?

TG: Es el efecto de la militarización de la política migratoria y esta militarización como acuerdos progresivos que se fueron haciendo con el gobierno de Estados Unidos. Ese es el hilo explicativo.

L-L: ¿Es fuerte la presión de Estados Unidos?

TG: Absoluta presión y, sobre todo, influencia. Fue un proceso progresivo y el resultado ha sido ese. El giro que dio México en su política migratoria, de manera central, ha obedecido a presiones de Estados Unidos.

L-L: ¿Cuándo se empezó a dar este giro en la política migratoria?

TG: Fueron muchos pasos previos. Incluso desde antes del gobierno de López Obrador, ya se acordaba Marcelo Ebrard el programa Quédate en México, luego la aplicación del Título 42 en la frontera, luego las presiones de aranceles y la militarización, luego los últimos acuerdos del gobierno de López Obrador con Biden.

L-L: ¿Usted recibió algún tipo de presión cuando fue titular del INM?

TG: Recibí mucho apoyo de la secretaria Olga Sánchez Cordero y del subsecretario Alejandro Encinas en la ruta de protección de derechos humanos y de la promoción de iniciativas de desarrollo. Cuando se giró al modelo de militarización, se terminó este proyecto y ya no pudo caminar.

L-L: ¿Y usted renunció al INM por esto?

TG: Ese proyecto ya no pudo avanzar y no era mi espacio estar en el otro. 

L-L: Las quejas por abusos contra migrantes en la CNDH van en aumento, ¿cómo explicar esto?

TG: En el aumento de quejas van junto con pegado el proceso de la militarización, el endurecimiento de la política y el incremento de los flujos migratorios. Hay más fricción y tensión con más personas.

A la CNDH, en general, la hemos perdido, ojalá alguna vez la recuperemos, pero por lo pronto ya no es una instancia de supervisión ni de corrección, cuidado y vigilancia de los derechos humanos.

L-L: ¿Cómo evitar que se sigan cometiendo más abusos contra migrantes

TG: Hay que evaluar qué de esto que hemos hecho en el gobierno de México en la atención de migrantes, y sobre todo en la atención de la población solicitante de refugio, no es compatible con el perfil social de esta población ni es compatible con los principios constitucionales y jurídicos de México.

Hay que rectificar, en otras palabras. Debiera haber una evaluación y disposición para rectificar, de lo cual también soy pesimista.