Amnistía Internacional llamó también a las autoridades a atender los motivos de las manifestaciones: la violencia que viven las mujeres a diario.
Foto: Mujeres Organizadas FE
La violencia sistemática y normalizada de la cual son víctimas las mujeres las llevó manifestarse en diversas ocasiones para exigir un alto a estos delitos, así como exigir acciones claras y eficaces para atender el problema. Sin embargo, la respuesta de las autoridades locales y federales, así como de algunos medios de comunicación y partes de la sociedad civil fue estigmatizar y criminalizar las protestas feministas.
Bajo ese panorama, la organización civil Amnistía Internacional elaboró el estudio “México: la (ira) era de las mujeres”, donde se hace un exhorto a los gobiernos de todos los niveles a no señalar de manera despectiva ni atacar con la fuerza pública a las movilizaciones de mujeres que exigen se respeten sus derechos.
“Estos mensajes que mandan las autoridades de estigmatización porque (las mujeres) salen de negro, pitan las calles o intervienen monumentos, se ha reproducido en algunos medios de comunicación, se potencializa el menaje y se socializa. Con ello, la propia sociedad viene a castigar o criminalizar”, enfatizó Norma González Benítez, coordinadora de Análisis e Incidencia de esta organización.
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En entrevista para La Lista, relató que Amnistía Internacional México se dedicó a documentar, investigar y verificar casos donde se violaron los derechos humanos de las manifestantes durante estos actos, sobre todo por elementos de la seguridad pública.
En ese sentido, señaló que tomaron en consideración cinco entidades de la República: el Estado de México, la Ciudad de México, Quintana Roo, Guanajuato y Sinaloa; para lo cual entrevistaron tanto a víctimas como a autoridades para escuchar sus posturas respecto a las movilizaciones con reporte de actos violentos.
Tras dicha investigación, González Benítez señaló que cuatro mujeres realizaron denuncias ante la fiscalía correspondiente por abuso sexual, mientras que otras dos más por violanción, lo cual ocurrió deribado de la irrupción de la fuerza pública en las protestas.
“Exigimos que se investiguen (los casos) y se practiquen los protocolos de Estambul, que es el protocolo que se aplica cuando hay tortura; una de las cosas que estamos diciendo con base en los tratados internacionales es que la violencia sexual, la violación, cuando es cometida por autoridades es un forma de tortura”, aseveró.
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De acuerdo con el informe, 2 de los 4 casos de tocamientos sexuales contra manifestantes se dieron en León, Guanajuato, mientras que el par restante en Ecatepec de Morelos, Estado de México. En el caso violación sexual fueron una mujer y una adolescentes las que presentaron esta denuncia en Cancún, Quintana Roo.
La representante de Amnistía Internacional en México insistió a las administraciones locales y a la federal a respetar el derecho a la protesta, así como su libertad de expresión durante la misma.
En ese sentido, apuntó que el informe también aborda los motivos por los cuales salen a manifestarse las mujeres, así como una serie de recomendaciones como adoptar medidas efectivas para prevenir, proteger y garantizar el derecho a vivir una vida libre de violencia, así como garantizar la justicia y la reparación del daño a las víctimas.
“Que paradoja que hay una violencia contra las mujeres en aumento y esto motiva a que salgamos a las calles a manifestarnos y la respuesta estatal no es atender los motivos de la manifestación sino estigmatizar y atacar a las mujeres manifestantes”, agregó.
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Además de ello, el reporte también pide a las autoridades a “responder a los posibles hechos de violencia perpetrados por grupos específicos de manifestantes de manera diferenciada y proporcionada, respetando y protegiendo el derecho de reunión pacífica de quienes se manifiestan pacíficamente”.
Por ello, González Benítez reiteró la necesidad de capacitar y profesionalizar a los elementos policiacos con perspectiva de género y derechos humanos para que actúen de manera oportuna a estos actos; al igual que generar grupo externo e independiente para monitorear y supervisar a estas instituciones.
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