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El registro de agresores de la CDMX no resuelve injusticias en casos de violencia sexual

La abogada Cristina Reyes Ortiz considera que este mecanismo no atiende los problemas de violencia de género. Demanda mecanismos que faciliten la denuncia a víctimas.

Foto: Anete Lusina / Pexels

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El 10 de marzo de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la creación de un registro público de agresores sexuales. Es una de las acciones del gobierno de Claudia Sheinbaum para atender los reclamos por la violencia de género. Sin embargo, esto no es suficiente para traer justicia a las mujeres víctimas de violencia.

El objetivo de este mecanismo es que cualquier persona pueda consultar a los agresores sexuales que ya recibieron una sentencia firme. Desde su puesta en marcha este martes, se puede consultar los datos básicos de 45 culpables. La intención del gobierno local es cruzar esta información con un banco de ADN, el cual todavía no está en funcionamiento pero almacenará muestras biológicas de los hechos .

Las personas que integran el registro público de agresores de la Ciudad de México son quienes recibieron una sentencia después del 21 de marzo de 2020. Su perfil estará disponible durante todo el tiempo que cumplan su pena, sin embargo esto se podrá extender por un mínimo de 10 años y máximo de 30, aunque obtengan su libertad.

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Es una medida populista, es una medida que no soluciona el problema de la violencia de genero y la violencia sexual que viven las mujeres en la Ciudad de México”, señala Cristina Reyes Ortiz, abogada de la Clínica de Litigio de México Unido Contra la Delincuencia.

Este mecanismo no atiende las exigencias del movimiento feminista ni la eficacia con la que trabaja la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, según la especialista. Además, atenta contra el derecho a la reinserción social de los presos al mantenerlos activos en el sistema aun cuando ya cumplieron su condena.

Este registro lo que hace es imponer una sanción de etiquetamiento a los agresores sexuales como si fueran enfermos o inadaptados sociales. Eso significa que les están quitando la responsabilidad de sus actos como una persona racional que decidió ejercer su poder y violencia para lastimar a otra persona”, agrega la jurista en entrevista para La-Lista.

En su lugar, insiste que se requieren medidas estructurales para eliminar la violencia institucional que hay, por ejemplo, las barreras a las que se enfrentan las mujeres cuando van a denunciar un delito.

A nivel nacional, la cifra negra es del 92.4%, es decir que no se denunció o inició una carpeta de investigación. En el caso de la capital del país ese número es del 94%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe) 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

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El estudio también refleja que 64.1% de las personas que no denuncian lo hacen por motivos atribuibles a la autoridad, como la pérdida de tiempo, la desconfianza, los largos trámites, la actitud hostil de los funcionarios y el miedo a la extorsión.

Nos preocupa que existan este tipo de medidas de porcionales en el sistema penal y sobre todo que no atienden al problema estructural de la violencia de género. Es una medida que quiere imponer el gobierno de la Ciudad de México para hacer como que cumple con las exigencias del movimiento feminista en contra de la violencia de género cuando en realidad no está cambiando nada”.

La titular de la FGJ en la capital, Ernestina Godoy, indicó que en comparación de marzo de este año con el 2020 se incrementó la denuncia de casos de violación un 40% y los casos referentes a la violencia contra la intimidad un 50%. Esto es símbolo del aumento de la confianza de las mujeres en tramitar una denuncia, según la fiscal.

En la presentación de los resultados de la alerta por violencia de género, la funcionaria local aseguró que durante este mes de marzo los Ministerios Públicos otorgaron 5,800 medidas de protección hacia mujeres que fueron víctimas de violencia.

Reyes Ortiz señala como positivo que durante la pandemia de Covid-19 se haya fortalecido el sitio web de denuncias electrónicas, especialmente para casos de violencia de género. “Ahora con este portal fue mucho más fácil denunciar y es algo que se tiene que reconocer. Son este tipo de medidas las que se deberían de implementar como abrir más la posibilidades de denuncia”.

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Agrega la importancia de que los servidores públicos tengan mayor sensibilidad con las víctimas y no las culpen por lo sucedido, ni que las motiven a detener el proceso. Además, dice que se debe poner el foco de atención en la tasa de resoluciones y de sentencias para calificar la actividad de la fiscalía.

Datos de la FGJ de la CDMX revelan que el nivel de eficiencia de esta institución en el mes de marzo de 2021 es del 69% en el delito de feminicidio, del 33% en homicidio doloso, del 9.7% en casos de violación, del 15% en abuso sexual, del 8% en acoso sexual y del 2% en violencia contra la intimididad. En el caso de violencia familiar es del 3% y en lesiones dolosas del 8%.

La efectividad de este organismo se mide a través de una relación entre el número de vinculaciones a proceso y la cantidad de carpetas de investigación.

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