La mujer denunció que en 2017 asistió a un hospital del IMSS, cuando personal la hizo firmar bajo amenazas el consentimiento para realizarle una OTB, método anticonceptivo permanente.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que una mujer derechohabiente del IMSS fue víctima de una esterilización no consentida como una forma de tortura, así como de violencia de género, violencia obstétrica y de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
En 2017, Sonia asistió a un hospital del IMSS para entrar en labor de parto. Sin embargo, personal del hospital la hizo firmar, condicionándole la atención médica, un consentimiento para realizarle una Oclusión Tubaria Bilateral (OTB) –en el que se cortan y ligan las trompas– como método anticonceptivo permanente.
La mujer recibió el acompañamiento del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una organización enfocada en los derechos reproductivos. Bajo su asesoría, Sonia presentó una queja ante la CNDH y una demanda de amparo en contra de las instituciones que la atendieron y que se encuentran adscritas al IMSS.
GIRE y Sonia reclamaron que la esterilización no consentida a la que la mujer fue sometida vulneró sus derechos a la integridad personal, a la salud, a la libertad y autonomía reproductiva, a su proyecto de vida, a la información y a una vida libre de violencia.
En un comunicado, la organización manifestó que “el proyecto de sentencia discutido hoy en la Corte analizó todas las constancias que obran en el expediente y, empleando la perspectiva de género, señaló que ni Sonia ni sus familiares dieron su consentimiento previo, libre, pleno e informado para que se le practicara la OTB“.
Además, determinó que el personal médico tenía un deber reforzado de recabar el consentimiento informado, tomando en cuenta la naturaleza y consecuencias de la OTB.
“Este deber no sólo se incumplió, sino que la vulneración a sus derechos a la salud, a la integridad personal, a la libertad y autonomía reproductiva, y a la información en el acceso a los servicios de salud reproductiva se agravó por la actitud engañosa, coercitiva e inductiva de las autoridades responsables”, se lee en el comunicado.
Al respecto, GIRE celebró la sentencia del máximo tribunal de justicia en México y dijo esperar que este caso abone a construir propuestas para resolver un problema estructural, como lo es la violencia obstétrica.
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