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Género

‘Sentí que mi expareja podía matarme’: Historia de un abandono institucional

En 2019, Ariadna sufrió violencia de género por parte de su exnovio, quien es funcionario público en la Presidencia de la República. Aunque denunció ante distintas autoridades, hasta ahora no ha conseguido justicia.

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Durante dos años, Ariadna ha buscado justicia. En enero de 2019 comenzó a ser becaria del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en el área de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República. Su objetivo era iniciar su carrera como comunicóloga y acumular experiencia, pero terminó siendo víctima de violencia de género por parte de Daniel*, jefe de departamento del área, con quien mantuvo una relación hasta enero de 2021, cuando durante unas vacaciones escapó tras una golpiza. “Sentí que mi expareja podía matarme”. 

Ariadna tenía 21 años, recién había terminado de estudiar Ciencias de la Comunicación en la UNAM. En 2019 pasó a ser parte del equipo que lidera Leticia Ramírez, directora de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, donde se reciben las quejas o denuncias enviadas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Leer y registrar en el sistema denuncias y peticiones eran algunas de las labores que realizaba. El 15 de febrero de 2019, la joven comenzó una relación con Daniel. Antes de trabajar con él, solo lo había visto dos veces cuando estudiaban en la misma universidad. El primer golpe llegó a los 58 días de haber iniciado el noviazgo.

“Al principio, y como en toda relación, todo era miel sobre hojuelas, pero tiempo después me di cuenta que cuando estaba ebrio se convertía en una persona diferente”, relató Ariadna en su perfil de Facebook el 8 de marzo de 2021, Día Internacional de la Mujer. “No fue hasta la fiesta de un amigo que él me cacheteó dos veces, en estado de ebriedad, porque me vio abrazar a un amigo y porque estábamos peleados, ya que él estaba molesto porque no le hice comida antes de irnos a la fiesta”.

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Ariadna relató a La-Lista que esa primera agresión sucedió frente a compañeros de la universidad y del trabajo. “Estúpidamente lo dejé pasar porque pensé que había sido mi culpa, pues muchos de estos compañeros me dijeron que (él) era así porque me puse muy intensa”. No supo a dónde acudir o a quién contarle que estaba siendo maltratada. Hasta que Beatriz García, una de las tutoras del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la escuchó. “Muchas personas se enteraron, incluido personal de Atención Ciudadana, quienes pasaron por desapercibida mi denuncia. Incluso en el lugar lo adoran”, comentó.

Daniel fue parte del equipo de transición de López Obrador. Aunque no tenía una relación laboral –según Leticia Ramírez–, sí participó en las labores que iniciaron el 20 de agosto de 2018. Más de tres meses después, en diciembre de ese mismo año, fue nombrado jefe de área en el departamento de Atención Ciudadana de Presidencia y se encarga de la gestión documental, de acuerdo con el portal DeclaraNet de la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

Aunque no trabajaban juntos directamente, Daniel pertenecía al departamento donde Ariadna era becaria como parte del programa estrella del gobierno, el cual comenzó a operar en enero de 2019 y está a cargo de la Secretaría del Trabajo. La dependencia calcula que, hasta ahora, un millón 800 mil becarios han participado en la iniciativa que tiene como misión principal vincular a personas de entre 18 y 29 años con empleadores –de empresas privadas o dependencias públicas– para incrementar su experiencia laboral. 

De julio de 2019 a julio de 2020, el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro tuvo 56 denuncias ante la SFP. Entre los motivos para presentarlas se encuentran que aprendices denuncian un acoso y hostigamiento laboral por parte del tutor del centro de trabajo, posible incumplimiento de obligaciones por parte del tutor y los becarios y supuesto uso del programa para fines electorales, según datos obtenidos vía transparencia por La-Lista. Hasta la respuesta de la solicitud, 37 expedientes estaban en investigación y 19 se concluyeron, ya sea por falta de elementos o por incompetencia.

Dominio del espacio de poder

Los lineamientos de 2019 del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, año en que Ariadna denunció que era víctima de violencia, establecen que los tutores, quienes trabajan en las empresas o dependencias, tienen la obligación de “tratar con respeto y dignidad a los becarios(as) en todo momento y salvaguardar su integridad física y mental mientras se lleva a cabo la capacitación en el centro de trabajo”. En caso de incumplir con esta obligación, el centro “será suspendido y no podrá continuar registrando ofertas de capacitación hasta la conclusión de las investigaciones correspondientes”.

En el área de Atención Ciudadana de la Presidencia, Ariadna tuvo dos tutoras: Beatriz García y Gabriela Romero. Ellas le asignaban labores, verificaban sus horarios y mantenían el seguimiento de su desempeño.

En julio de 2019, Leticia Ramírez –la directora del área– la llamó a su oficina en Palacio Nacional para regañarla por faltar al trabajo. “Hasta ahorita no sé por qué me regañó, porque yo no faltaba. A veces llegaba tarde porque mi mamá tiene cáncer y yo me quedaba con ella, pero siempre repuse las horas”. En ese momento, Ariadna vio la oportunidad de reportar la agresión que sufrió el 14 de abril de 2019 por parte de Daniel.

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“Le dije que, la verdad, yo sí me sentía muy incómoda ahí en el trabajo y que si podría buscar un cambio, ya fuera de área o ahí mismo dentro de Palacio. Ella me dijo: ‘tus problemas personales a mí no me importan, a mí lo que me importa es el trabajo’. Pero Daniel me hacía cosas muy incómodas (en la oficina): me cerraba la puerta o me apagaba las luces del pasillo, cosas así”. 

Ramírez reconoce que existió la reunión, pero descarta que esa haya sido su respuesta. “No acostumbro y niego rotundamente que yo le haya podido decir: ‘no me importa lo que te pase porque esas son cuestiones personales’. Lo niego rotundamente porque mi trabajo lo habla, mis años de trabajo hablan por mí y el respeto que le tengo a las personas es muy muy grande. No hablo así, no va con mis principios, entonces no pude haber dicho esa frase, por ningún motivo. Ni a ella ni a nadie y atendemos a muchísimas pero muchísimas gentes”, dijo la funcionaria en entrevista para La-Lista. “Estos hechos no tienen que ver con el programa. No es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, aquí es la dificultad o la relación que tuvieron estos muchachos fue previa a que llegaran aquí y fue cuando nosotros nos enteramos en abril. Incluso lo que narra en el Facebook no tiene que ver con la institución, no tiene que ver aquí en la oficina, ni tiene que ver con el programa”.

Ariadna y Daniel terminaron su relación, pero seguían viéndose en la oficina de Atención Ciudadana. En diciembre de 2019, a punto de concluir su capacitación, la joven trabajó en el área de giras, donde también laboraba su expareja. Ahí reanudaron su relación.

“Habíamos regresado, pero en ocasiones él era violento y temía por que me fuera a hacer algo. Sé que muchos me juzgarán por haber vuelto con él y no alejarme, pero no se imaginan el poder que una persona tan manipuladora tiene sobre su víctima. Todo el tiempo me repetía que nadie quería ser mi amigo porque estaba loca”, relató Ariadna en su publicación de marzo de 2021.

Estas conductas, en términos generales, son una forma de violencia contra las mujeres que está dirigida a generar un daño al desarrollo psicosexual o laboral y someter a las mujeres”, explicó Omaira Ochoa Mercado, abogada de la organización Justicia Pro Persona. Este tipo de violencias, de acuerdo con la especialista, se generan en ambientes laborales donde una de las dos personas, comúnmente la mujer, se encuentran en una situación de subordinación y las áreas de trabajo, donde comienzan las agresiones, representan un espacio de poder para el agresor.

Aunque el caso de Ariadna tiene un elemento adicional: por tratarse de una relación de pareja, el delito a perseguir es violencia familiar, pues además de la relación en el entorno laboral, donde Daniel tenía un puesto de poder, existía una relación de confianza. Esto aumenta la complejidad del caso, consideró Omaira Ochoa Mercado. “Cuando hablamos de violencia familiar nos limitamos un poco. Pensamos en vínculos de relaciones de pareja. Sin embargo, en los códigos penales la definición incluye este tipo de relaciones de confianza sin que tenga una relación sentimental. Pero en este caso, ellos sí tuvieron una relación de pareja, pero iniciaron su vínculo a partir de compartir el espacio de trabajo, entonces adquiere complejidad”.

De CDMX a Veracruz

Ariadna temía por su vida siempre que estaba con él, y más cuando Daniel bebía. “Me empezaba a amenazar: ‘di que no te maté ahorita, te voy a ir a tirar a la carretera’”. La joven ocultó la relación a su familia por miedo, pero a finales de enero de 2021 tuvo que decirles, luego de que, tras unas vacaciones a Veracruz, volviera a la Ciudad de México con golpes.

El 23 de enero, la pareja viajó a Boca del Río, Veracruz. Ahí, Daniel comenzó a amenazarla. “Me cargó y me aventó contra el piso. Cerró la puerta con seguro y me dijo: ‘Ahora sí, cabrona’. Yo estaba en el suelo, ya golpeada con los muebles y me empezó a patear. Me aventó a la cama, en donde trató de someterme y quitarme la ropa. De verdad creí que podría matarme. Yo no paraba de gritar por ayuda. Tenía todo el miedo del mundo”.

La joven no recuerda cómo pasó, pero logró salir del cuarto, hacer sus maletas y regresar a la ciudad. Estaba lastimada de la espalda y el lado izquierdo de su cuerpo. Al llegar, acudió con sus padres a la Fiscalía General de Justicia capitalina para levantar una denuncia, pero se encontraron con la negativa y el argumento de que los hechos habían sucedido en otro estado. Esto a pesar de que la violencia que Daniel ejercía contra Ariadna tenía antecedentes de 2019, en un edificio federal de la Ciudad de México. 

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La Ciudad de México debió abrir la carpeta de investigación por violencia familiar. Era su deber, era su responsabilidad. Estaba dentro de sus facultades porque la violencia familiar no se reduce a un hecho concreto. La violencia familiar es definida en los tipos penales en un contexto más social y no se reduce a los hechos concretos por los cuales las mujeres deciden denunciar esa violencia, sino que es una serie de acontecimientos ligados y concatenados que obedecen a un objetivo: dañar a uno de los integrantes de ese vínculo de pareja”, indicó Ochoa Mercado.

La abogada también explicó que Ariadna vivió violencia feminicida, es decir, su vida estuvo en constante peligro, tanto por las amenazas de muerte, como por los golpes y el grado de violencia que se ejerció en su contra durante toda su relación, fuera y dentro de la oficina de Presidencia. “Muchas veces las víctimas acuden a denunciar cuando la violencia ya es extrema o límite, que las obliga a salvaguardar su vida. En este caso, esa situación límite ocurrió en Veracruz, pero lo había estado viviendo durante todo el tiempo de su relación”, sostuvo. Por eso, la investigación debía llevarse a cabo en la Fiscalía General de Justicia de la capital.

Tras la negativa en la Ciudad de México, Ariadna y su familia tuvieron que viajar a Veracruz para poner la denuncia por violencia familiar en la Fiscalía 8° de Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas del estado, donde se abrió la carpeta de investigación UIPJ/DXVII/FESP8°/259/2021 el 26 de enero de 2021. Ahí el caso está estancado.

Su periodo de becaria en Presidencia terminó en enero de 2020. Un año después, Leticia Ramírez recibió un mensaje de la denuncia pública que Ariadna hizo en Facebook. “Me llegó un mensaje, vía WhatsApp, diciéndome que hay una denuncia por Facebook en donde está involucrado un trabajador que está en mi área. Lo primero que hago al leerla, la remito a la Fiscalía de la Ciudad de México, diciendo que tengo conocimiento de este hecho porque me llegó el mensaje, mando el correo a la fiscalía, que es la que puede realizar las investigaciones correspondientes”, aseguró la funcionaria. Además, dice, “actúo de manera preventiva”: envió a todos sus colaboradores a tomar cursos de género, violencia de género y masculinidades, incluido Daniel, quien hasta la publicación de este texto no respondió a la solicitud de entrevista. 

El correo electrónico que envió Ramírez fue dirigido a la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. “Si alguno de los funcionarios que estén en la estructura tienen algo que arreglar con la justicia, pues adelante, que lo arreglen. Si la autoridad me convoca para hablar, lo haré”, declaró Leticia Ramírez a La-Lista

Hasta ahora, Ariadna no ha sido contactada ni por la fiscalía de la Ciudad de México ni por la de Veracruz para dar seguimiento a su caso. “Todo esto me hizo alejarme de mis amigos, de mi familia. Fue algo que viví sola. Fue algo muy fuerte. No sé qué esperar, no sé qué sigue, pero si esto puede ayudar a que una chava no se relacione con Daniel*, es lo mejor que puedo hacer”.

*El nombre fue cambiado para no alterar el proceso legal.

Con información de Arturo Ordaz.

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