El reto de la Defensoría Pública y Segob para hallar a mujeres presas por abortar

Buscar los casos de mujeres presas por delitos relacionados con el aborto será un reto para el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) y para la Secretaría de Gobernación (Segob), principalmente porque estas mujeres están encarceladas por delitos como homicidio en razón de parentesco, y no por el delito de aborto.

Con la reciente declaratoria de inconstitucionalidad de la criminalización del aborto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 7 de septiembre, Verónica Cruz, de la organización de defensa de mujeres presas por abortos Las Libres, considera que se deben cerrar directamente las 432 carpetas de investigación que se abrieron en 2021, las cuales la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) solicitó que se revisaran, y enfocar la defensa legal en las mujeres que se encuentran en prisión por otros delitos asociados, como homicidio en razón de parentesco o infanticidio.

“Segob debería ir fiscalía por fiscalía y cerrar todas las carpetas, ¿para qué esperar a que pasen a un proceso penal para buscar a las mujeres y luego meter un amparo? Además, quisiera saber cómo las van a encontrar”, dice Verónica Cruz en entrevista para La-Lista.

Apenas el viernes, la Segob informó que trabajaba en conjunto con la Conavim, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y los sistemas penitenciarios y defensorías públicas de las 32 entidades para identificar casos de personas procesadas o sentenciadas por interrupción del embarazo, o por haber sido partícipes en esos procesos, y buscar su liberación. Pero esta labor parece ser más compleja.

Desde la óptica de Cruz, hay dos grupos de mujeres que abortan. Las primeras son las criminalizadas: mujeres a las que se les abrió una carpeta de investigación por el delito de aborto, pero que por ser un delito con una pena menor a cinco años, pudieron llevar su proceso en libertad y no fueron encarceladas o bien, a las que no se les pudo imputar dicho delito por falta de pruebas. 

“La mayoría de esas mujeres que decidieron abortar lo hicieron con medicamentos, entonces nunca van a tener elementos para judicializar las carpetas y llevarlas ante un juez. Los ministerios públicos siempre piensan que con una prueba de sangre van a encontrar los restos del misoprostol y no es así, pero aunque lo encuentren, no tienen manera de hacer el nexo causal entre la ingesta del medicamento y la comisión del delito”, explica la activista.

El segundo grupo se trata de mujeres presas por delitos relacionados con abortos espontáneos, partos prematuros o emergencias obstétricas y las sentenciaron bajo delitos de homicidio en razón de parentesco, infanticidio, filicidio u omisión de cuidados. Sin embargo, son más difíciles de rastrear y toman más tiempo que los primeros. 

El IFDP solicitó ayuda de organizaciones como Las Libres. “Esto quiere decir que nadie sabe dónde están y no sabemos cómo le van a hacer para encontrarlas. Tienen dos equipos que van a empezar a entrar a cárceles federales, pero ahí no están las mujeres, están en el fuero local, entonces, ¿qué haces perdiendo el tiempo buscándolas en donde no las vas a encontrar?”, señala Cruz. 

Las Libres tardaron un año en identificar 200 casos con estas características, que van de 2000 a 2017. “Esas 200 mujeres no quiere decir que sean las únicas, son los únicos datos que logramos recabar, pero algunos estados no entregaron, quiere decir que puede haber muchas más”, asegura la defensora.

Otro gran reto será el de identificar casos de adolescentes, ya que ellas son juzgadas bajo un sistema especial para menores de edad. De acuerdo con Las Libres, en este año han identificado solo a tres adolescentes en esta situación, todas en Yucatán.

Este martes se conmemora el Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro, lo que suscitará movilizaciones en distintas partes del país para llamar a la promoción de este derecho.