La-Lista de Congresos locales que no han despenalizado el aborto

El aborto ha sido un derecho exclusivo para mujeres y personas con capacidad de gestar en un número reducido de estados en el país, mientras que en la mayoría de las entidades aún es considerado un delito, de acuerdo con sus respectivos códigos penales locales, aunque por criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no se puede vincular a proceso a una mujer por haber interrumpido su embarazo.

En septiembre de 2021 la SCJN emitió un fallo histórico en el que declaró como inconstitucional la criminalización del aborto, al invalidar por unanimidad la legislación de Coahuila que imponía una sanción de tres años de cárcel a las mujeres y personas gestantes que interrumpían voluntariamente su embarazo.

La primera entidad en despenalizar el aborto fue la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, en 2007 y desde entonces únicamente nueve entidades han acompañado a la capital, siendo Quintana Roo la última en hacerlo en octubre de este año.

Te presentamos La-Lista de Congresos locales que siguen sin despenalizar el aborto en México:

En Aguascalientes es un delito la interrupción voluntaria del embarazo con penas que van desde los seis meses a un año cárcel, de acuerdo con su Código Penal.

El aborto únicamente es “legal” para casos de violación, cuando sea imprudencial o que la vida de la mujer o persona gestante corra peligro en caso de continuar con el embarazo.

La SCJN ha intentado contribuir a la despenalización de este derecho, declarando como inconstitucional una parte del artículo 2 de la Constitución de Aguascalientes que reconoce el derecho a la vida “desde su concepción hasta la muerte natural”.

En tanto el Congreso local sigue sin legislar en la materia.

Campeche es uno de los estados donde el Congreso local ha “frenado” la legislación respecto a la despenalización del aborto.

Diversas organizaciones pro-vida han protestado para impedir que se hagan reformas en esta materia, lo que ha parado por completo su discusión en el Legislativo.

El Código Penal de Campeche establece que la mujer que realice un aborto hasta las o12 semanas de gestación tendrá deberá cumplir con veinticuatro a setenta y dos jornadas de trabajo a favor de la comunidad. Después de ese periodo, las penas van de seis meses a dos años para aquella persona gestante o mujer que interrumpa su embarazo. Para quien lo ejecute, la sanción es de tres a seis años.

Los únicos casos en que el aborto no sería punible son en que el embarazo sea producto de una violación, imprudencia o que la vida de mujer o persona embarazada corra peligro.

En la Constitución de Chiapas está establecido la protección a la vida desde su “concepción” lo que criminaliza cualquier intento de interrupción de embarazo.

No obstante, como en los casos anteriores, el Código Penal local permite el aborto por tres causales: por violación, si esto se confirma en los primeros 90 días de la concepción; que la vida de la madre o persona gestante corra peligro; o que se determine que “el producto sufre de alteraciones genéticas o congénitas”.

Las mujeres que decidan interrumpir su embarazo se les someterá a la atención integral con perspectiva de género siempre que lo solicite. Pero a los médicos o parteras que lo asistan pueden alcanzar de uno a tres años de prisión y la suspensión del cargo el tiempo que dure la pena.

Pese al esfuerzo de organizaciones defensoras de Derechos Humanos y algunas diputadas locales en pasadas Legislaturas, el aborto en Chihuahua sigue sin despenalizarse y el Congreso se niega a legislar en la materia.

La Constitución de la entidad norteña también protege el derecho a la vida desde el momento de su “concepción”.

De acuerdo con el Código Penal local, se impondrá de de seis meses a tres años de prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto oconsienta en que otro la haga abortar. El Código permite el aborto sólo en tres casos: cuando el embarazo es producto de violación, si se comprueba en los primeros 90 días de la concepción; que sea el embarazo sea el resultado de una imprudencia; o que la salud de la persona gestante o mujer embarazada corra peligro.

Como en otros estados, la Constitución de Durango protege el derecho a la vida “desde el momento de la fecundación”.

El Congreso local se ha comprometido con colectivos feministas para la despenalización del aborto, pero sigue sin hacerse una realidad este derecho.  

El Código Penal de Durango señala que se impondrá de uno a tres años de prisión y multa de setenta y dos a doscientos dieciséis días de salario, a la mujer que diere muerte al producto de su propia concepción o consintiere en que otro se la diere.

Si bien la Constitución de la entidad mexiquense no está establecida la protección a la vida desde su “concepción” o “fecundación”, el aborto es un delito con una pena de uno a tres años de prisión para la mujer, según su Código Penal.  

Las diputadas y diputados de Morena, partido que cuenta con la mayoría, se comprometieron al inicio de la actual legislatura a despenalizar el aborto, algo que no ha ocurrido hasta el momento.

Más de 60 mil mujeres y personas gestantes han tenido que recurrir a servicios médicos en la Ciudad de México para poder interrumpir su embarazo sin sufrir consecuencias legales.

Guanajuato, un estado considerado conservador por su pasado y presenta panista, también protege la vida desde la “concepción” y criminaliza tajantemente la interrupción del embarazo.

En septiembre de 2021 el Partido Verde presentó ante el Congreso local una iniciativa de reforma al Código Penal, a fin de despenalizar el aborto. Sin embargo, la mayoría panista le ha cerrado la puerta a este tema desde entonces.

Su actual Código Penal impone de seis meses a tres años de prisión para la mujer o persona gestante.

En su Constitución, Jalisco defiende la vida desde su “concepción” y el Congreso local está lejos de legislar en materia de despenalización del aborto.

Partidos locales han presentado ante el Congreso en diversas ocasiones iniciativas para legalizar el aborto en la entidad, pero partidos como Morena, PAN y Movimiento Ciudadano (MC) las han enviado a la “congeladora”.

El Código Penal de Jalisco castiga con penas de cuatro meses a un año el aborto voluntario y solo permite el aborto en tres casos: violación, que la salud de la mujer o persona gestante corra peligro o que el resultado del embarazo sea producto de una “imprudencia”.

El Congreso de Michoacán no ha legislado en materia de despenalización del aborto y la criminalización es tal que el propio fiscal general del estado recientemente declaró que investigan 15 casos de interrupción de embarazo.

El Código Penal local sanciona con penas de seis meses a un año para quien realice el aborto voluntario y excluye de toda responsabilidad del aborto en cuatro casos: violación, que la salud de la mujer o persona gestante corra peligro, cuando el embarazo sea producto de una “imprudencia” y cuando “el producto presente una malformación grave”.

La iniciativa para despenalizar el aborto en el Congreso de Morelos “lleva bastante tiempo en la congeladora”, según reconoció el propio presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, Eliasib Polanco Saldívar.

Además, desconoce cuándo se vaya a legislar en la materia y si, en algún momento, se llegará a lograr su aprobación en el Pleno del Congreso.   

El Código Penal de Morelos establece una de las penas más severas para la mujer o persona gestante que interrumpa su embarazo, con penas de uno y hasta cinco años de cárcel.

Antes del inicio del periodo ordinario de sesiones que acaba de concluir, la presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Nayarit, Alba Cristal Espinoza Peña, se comprometió a escuchar todas las voces sobre el tema del aborto.

Asimismo, aseguró que legislarían para despenalizar el aborto en la entidad en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en 2023.

El Código Penal de Nayarit establece penas de seis meses a un año de prisión.

Principalmente por el rechazo de los diputados el PAN, quienes buscan impulsar una reforma para proteger la vida desde “concepción”, no se ha logrado aprobar las iniciativas que proponen la despenalización del aborto en el Congreso de Nuevo León.

La pena por interrumpir el embarazo en la entidad norteña va desde los seis meses a un año de prisión.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Puebla, Eduardo Castillo López, aseguró que la despenalización del aborto se abordará en el próximo periodo ordinario de sesiones.

La Constitución de Puebla establece que la vida humana debe ser protegida desde su “concepción hasta la muerte natural” y diversas organizaciones pro-vida se han opuesto a la despenalización de la interrupción, usando como argumento esta base constitucional.

Su Código Penal señala de seis meses a un año de prisión como pena a quien se someta a un aborto.

Desde legislaturas pasadas, legisladores de diferentes grupos parlamentarios han presentado ante el Congreso local iniciativas para despenalizar el aborto. Sin embargo, no se ha tenido ningún avance en la materia por bloqueos por parte de la parte conservadora liderada por el PAN.

La pena para la madre que interrumpa su embarazo es uno a tres años de cárcel y la pena puede ser de uno a tres años de prisión y puede aumentar hasta en un tercio.

En mayo de 2020 el Pleno del Congreso de San Luis Potosí rechazó despenalizar el aborto en la entidad y desde entonces no se ha vuelto a legislar en la materia, pese a los reclamos de organizaciones civiles y colectivos feministas.

En aquella oportunidad los diputados locales del PAN y del PRD fueron quienes dieron su voto en contra a las reformas al Código Penal y la Ley de Salud que permitirían la interrupción del embarazo legal.

El Código Penal vigente establece de uno a tres años de prisión,

Las y los legisladores de Morena y el PAN son quienes le han puesto un freno a la despenalización del aborto desde el Congreso de Sonora.

Mientras que los guinda no se atreven a legislar sobre el tema, los blanquiazules se aferran a su pensamiento conservador de defender a la vida desde su “concepción”.

El Legislativo de Sonora no ha atendido los reclamos que por años han he hecho asociaciones civiles para permitir la interrupción legal del embarazo.

El Código penal local establece una pena de uno seis años de prisión para la mujer que interrumpa su embarazo. Únicamente no se aplicará castigo en caso de que el embarazo sea producto de una violación o que la salud de la persona corra riesgo en caso de no practicársele el aborto.

La despenalización del aborto en Tabasco es un tema que se ha dejado completamente a un lado, pues ninguno de los grupos parlamentarios del Congreso local se ha interesado en legislar en la materia.

La Iglesia en la entidad de donde es originario el presidente López Obrador (AMLO) ha sido pieza clave para impedir la legalización de la interrupción del embarazo, ya que se ha pronunciado en numerosas ocasiones para manifestar su rechazo.

El Código Penal de Tabasco establece una pena de uno a tres años de cárcel a la mujer o persona gestante que consienta a que otro la haga abortar o de seis meses de tres años de prisión en caso de que se lo procure a sí misma.

Tamaulipas es otro de los estados que, producto de los años en los que gobernó y fue mayoría en el Congreso local el PAN, la Constitución garantiza la protección de la vida desde la “concepción”.

En Legislaturas anteriores se ha apartado por completo la discusión para la despenalización del aborto y tampoco en la actual, que cuenta con mayoría de Morena, se le ha dado importancia.

El Código Penal local señala que le impondrá una pena de uno a cino años de prisión a la mujer que procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar.

Desde hace más de un año que se presentó una iniciativa para reformar el Código Penal y la Ley de Salud en Tlaxcala, a fin de legalizar la interrupción del embarazo, el Congreso local no se ha dispuesto a legislar sobre el tema, ni siquiera a aprobar un dictamen en comisiones.

Activistas y colectivos feministas de Tlaxcala se han acercado al Legislativo para presentar iniciativas para despenalizar el aborto, pero las propuestas son “congeladas” o apartadas.

El Código Penal vigente impone sanciones mínimas, pero finalmente castiga con penas de 15 días a dos meses de prisión “a la madre que voluntariamente procure el aborto o consienta en que otro la haga abortar”.

En 2021 la diputada local de Morena, Alejandra Moreno Segura, presentó ante el Congreso de Yucatán una iniciativa para despenalizar el aborto y eliminar su criminalización del Código Penal, que contempla sanciones de uno a cinco años.

Desde entonces, la propuesta de la legisladora morenista permanece “atorada” en la comisión de Puntos Constitucionales, la cual no ha convocado a una sesión para discutir y elaborar un dictamen en la materia.

Zacatecas es otro de los estados donde el Congreso local ha presentado nulo interés en legislar para despenalizar el aborto.

Tan es así que el pasado 28 de septiembre, en el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, activistas y feministas presentaron una iniciativa ciudadana para reforma el Código Penal, que castiga con penas de cuatro meses a un año, y legalizar la interrupción voluntaria de embarazo, sin ningún éxito pues esta no ha sido atendida ni mucho menos discutida.