Congreso del Edomex avala reformas para prevenir violencia de género

El Congreso del Estado de México aprobó este miércoles 8 de marzo un paquete de reformas que contienen políticas públicas que obligan a servidores públicos a garantizar el acceso a la justicia en casos de feminicidio, desaparición y todo tipo de violencia de género.

En un comunicado, la legislatura local destacó que las modificaciones a 11 leyes fueron impulsadas por 37 diputadas en el marco de la iniciativa Spotlight de la ONU Mujeres.

Por unanimidad, el Congreso mexiquense aprobó reformar la Ley de Seguridad; Ley de Víctimas; Ley de Movilidad; Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con Participación Ciudadana; Ley para Prevenir y Atender el Acoso Escolar; y la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas.

“De esta forma, el Estado de México es el primero del país en concretar en materia legislativa los esfuerzos impulsados desde la Iniciativa Spotlight en tres entidades federativas de México cuyas tasas de feminicidio y violencia contra las mujeres y las niñas son las más elevadas: Chihuahua, Estado de México y Guerrero”, reconoció el Congreso local.

Las reformas, según lo expuesto en el pleno, buscan incidir en las políticas públicas a corto, mediano y largo plazo para la prevención, detección y atención de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes.

Entre las acciones para llevarse a cabo este paquete de reformas destacan:

• Impartir a las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México capacitación sistemática, especializada, permanente y acreditable, en materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, así como de mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad.
• Realizar con debida diligencia la conducción de la investigación y procesos penales, especialmente tratándose de los delitos vinculados a la violencia de género, violencia familiar, contra la libertad sexual, desaparición de personas y trata de personas.
• Iniciar la carpeta de investigación, de oficio y sin demora, en todos los casos en que tenga conocimiento de delitos vinculados a la violencia de género, violencia familiar, contra la libertad sexual, trata de personas y desaparición de personas.
• Determinar de manera inmediata las medidas de protección que correspondan.
• Evitar una victimización secundaria o el uso de estereotipos discriminatorios que obstaculicen a las víctimas el acceso a la justicia.
• Establecer la obligación de indemnizar a las víctimas cuando las autoridades no actúen en casos de violencia contra las mujeres y ello derive en feminicidio.
• Incluir en el Protocolo para Prevenir, Detectar, Atender y Erradicar el Acoso Escolar medidas especiales relacionadas con la prevención de actos de acoso y abuso sexual en el espacio escolar, entre otras.

Además, los gobiernos municipales del Estado de México también estarán obligado a implementar las políticas públicas, sobre todo para la prevención de la violencia sexual en los ámbitos social, comunitaria, situacional y psicosocial.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), solo en enero de 2023 el Estado de México registró siete feminicidios, lo que lo coloca en segundo lugar de incidencia, solo por debajo de Oaxaca, con 10 feminicidios.

Además, Toluca ocupa el tercer lugar a nivel nacional en los municipios más violentos para las mujeres. En esta lista suman seis localidades mexiquenses con mayor incidencia en feminicidios.