Diputados aprueban que ningún agresor o deudor alimentario ejerza cargos públicos
El dictamen ahora tendrá que ser aprobado por el Senado para que la 3 de 3 contra deudores alimentarios sea una realidad.
El dictamen ahora tendrá que ser aprobado por el Senado para que la 3 de 3 contra deudores alimentarios sea una realidad.
La Cámara de Diputados aprobó reformas constitucionales para evitar que las personas que hayan ejercido cualquier tipo de violencia contra las mujeres o sea deudor alimentario ocupen cargos públicos.
El dictamen fue aprobado este jueves 30 de marzo con 455 votos a favor, cero en contra y 25 abstenciones, y ahora pasará al Senado de la República para su discusión y posterior votación.
En el dictamen se plantea reformar y adicionar los artículos 38 y 102 de la Constitución Política federal en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público a aquellas personas con antecedentes de violencia contra las mujeres, niñas. niños y adolescentes.
“Se suspenden los derechos o prerrogativas de los ciudadanos por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, familiar equiparada o doméstica y violación a la intimidad sexual y por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
“También, por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. En esos supuestos, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para algún empleo, cargo o comisión en el servicio público”, de acuerdo con el documento aprobado.
En tribuna, la diputada morenista Lidia García Anaya recordó que desde 2021 la iniciativa nombrada “3 de 3” para agresores y deudores alimentarios fue un lineamiento presentado para el proceso electoral de ese año y que hoy finalmente se materializa.
“Hoy avanzamos significativamente dejando de ser observadores de actos de irresponsabilidad para las familias mexicanas y velando porque los cargos de elección popular sean para personas congruentes y comprometidas con sus hijos”, dijo la legisladora.
Por su parte, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Espinosa Cházaro, afirmó que su grupo parlamentario está convencido de que quien es capaz de violentar a su esposa, pareja, hijas o hijos, no puede ni debe ocupar cargo alguno en el gobierno, ni tampoco puede participar en la toma de decisiones que afectan al país.
Durante la sesión, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, presentó una moción suspensiva bajo el argumento de que la iniciativa debía ser retirada y revisarse al “tener problemas de fondo”; sin embargo, dicha moción fue desechada mediante votación económica.
¿Qué es la #3de3?
Las modificaciones aprobadas por la Cámara de Diputados ahora permitirán la suspensión de derechos o prerrogativas a aquellos ciudadanos que busquen un cargo público y que posean una sentencia por la comisión intencional de alguno de los siguientes delitos:
- Contra la vida y la integridad corporal.
- Delitos contra la libertad y seguridad sexuales.
- El normal desarrollo psicosexual.
- Por violencia familiar, familiar equiparada o doméstica.
- Violación a la intimidad sexual.
- Por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos.
- También por ser declarada como personas deudora alimentaria morosa.
Dicho dictamen fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
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