25N: Solo el 12% de los asesinatos de mujeres se investiga como feminicidio

Montserrat Juárez Gómez, de 25 años, fue asesinada el 22 de septiembre de 2023 por su pareja en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. El feminicidio de la joven hubiera permanecido oculto de no ser por la difusión de las grabaciones de cámaras de seguridad que captaron la presunta complicidad de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que, en un inicio, reportaron que Montse tuvo “muerte natural” y no presentaba huellas de violencia.

Pero, ¿qué pasa con otras víctimas cuyos crímenes no tienen siquiera la clasificación correspondiente?

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de los 34 mil 025 asesinatos de mujeres registrados a nivel nacional de diciembre de 2018 a septiembre de 2023 –correspondiente a 57 meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador– solo 12% (4 mil 554) se investiga como feminicidio.

Del resto de los asesinatos de mujeres cometidos en dicho periodo, 12 mil 723 se clasifican como homicidios dolosos y 16 mil 748 como homicidios culposos o “involuntarios”.

Especialistas consultadas por La-Lista coinciden en que persiste una falta de compromiso por parte del Estado mexicano para reconocer e investigar los feminicidios. 

“​​No se ha reconocido la emergencia nacional que vive México. Se siguen maquillando los feminicidios por homicidios, y mientras no exista el reconocimiento, no hay manera de medir la emergencia ni de implementar políticas públicas efectivas que protejan la vida de las mujeres”, señala Wendy Figueroa, directora general de la Red Nacional de Refugios (RNR). 

Solo en 2022, en México se registraron 7 mil 651 asesinatos de mujeres, de los cuales 958 se clasificaron como feminicidios; 2 mil 802 como homicidios dolosos y 3 mil 891 como homicidios culposos, siendo este último delito el que tuvo su máximo histórico. 

Las cifras reportadas por las fiscalías estatales indican que de 2019 a 2022 el feminicidio tuvo un aumento de 1.4%. En lo que respecta al homicidio doloso, se mantuvo en un promedio anual de 2 mil 800 casos, pero el incremento más significativo se reporta en homicidios culposos contra mujeres, que creció en 18% en el mismo periodo. 

“Las autoridades no reportan lo que realmente pasa, a lo mejor porque no tienen el expertise de clasificar el delito o porque quieren bajar la incidencia delictiva. El gobierno actual dice que ellos tienen otros datos y es verdad, porque se han encargado de tener esos otros datos”, plantea Leslie Jiménez, coordinadora de proyectos de la organización civil Impunidad Cero.  

Desde 2015, a través de la sentencia “Mariana Lima Buendía”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a las fiscalías del país investigar toda muerte violenta de mujer con perspectiva de género y bajo el protocolo de feminicidio. 

El Código Penal Federal establece que las penas por el delito de feminicidio van de 40 a 60 años de prisión, pero “en caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio”.

Sin embargo, las penas de cárcel se reducen cuando se trata de homicidio doloso (de 30 a 60 años) y aún más en delitos culposos (entre cinco y 12 años), que en la redacción del Código Penal Federal se refiere, en mayor medida, a los “incidentes de tránsito” o de trabajo, es decir, no hay una perspectiva de género que aborde la muerte de una mujer bajo este supuesto. 

“En México se opta por hacer parecer que ‘no pasa nada’. Ni siquiera sabemos cuántas de esas mujeres (asesinadas) son indígenas, son discapacitadas, son de la tercera edad, no hay una desagregación con perspectiva de género”, expresa Wendy Figueroa.

Violencia familiar y desapariciones de mujeres, en aumento

Leslie Jiménez destaca que otro delito que en los últimos años ha impactado a las mujeres es la desaparición.

“No hay un control real sobre el dato de cuántas personas en este país se encuentran desaparecidas, cuántas de ellas son mujeres y cuáles son sus condiciones de vida. Las autoridades no se toman en serio el tema de la violencia, menos cuando se trata de violencia contra las mujeres”, dice la activista. 

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), en el país hay 26 mil 908 mujeres desaparecidas y no localizadas. Del total de casos, 11 mil 816 se registraron en el actual sexenio, el 43% del total de casos.

En lo que respecta a las llamadas de emergencia al 911 por incidentes de violencia contra las mujeres, el secretariado ejecutivo reporta un aumento del 71% de 2019 a 2022. 

Los incidentes de violencia familiar (599 mil 409 casos en 2022) y la violencia de pareja (260 mil 946 en 2022) fueron los reportes más recurrentes al 911. 

En 2020, cuando se declaró el confinamiento por la emergencia sanitaria de Covid-19, datos del SESNSP arrojaron que, solo de febrero a marzo, las llamadas de auxilio al 911 aumentaron en 23%. Sin embargo, en ese entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que “el 90% de las llamadas son falsas”.

“El problema (de los delitos contra las mujeres) atiende no solamente a la estructura de la administración pública, sino al discurso, con lo que se puede desestimar la violencia y reforzar los estereotipos. Lo que sucedió durante la contingencia por Covid-19 fue que desde el gobierno federal se minimizaron las llamadas al 911 por incidentes de violencia contra las mujeres”, resalta Leslie Jiménez. 

Deuda histórica

Wendy Figueroa considera que si bien todos los gobiernos han abonado a una deuda histórica con todas las mujeres, la administración de López Obrador se ha caracterizado por cerrarse al diálogo con la sociedad civil en favor de las mujeres. 

A lo largo de este sexenio, el presidente ha emitido una serie de declaraciones contra organizaciones y personas defensoras de los derechos de las mujeres. En mayo de 2020, cuando se gestaron movilizaciones afuera de Palacio Nacional por el aumento de la violencia de género, López Obrador afirmó que había “opositores políticos” que “se disfrazaban de feministas”.

“Si bien en este sexenio hemos tenido grandes avances como la despenalización del aborto a nivel federal, son acciones impulsadas por las organizaciones de la sociedad civil, por las feministas, pero en lo que respecta al gobierno hay una desestimación de las violencias”, menciona la directora de la RNR.

En este sentido, agrega, los gobiernos se han enfocado históricamente en implementar medidas que responsabilizan a las mujeres víctimas de violencia por no evitar las agresiones. 

“Sin embargo, no es la responsabilidad de la mujer evitar que la maten, es responsabilidad del sistema que opera mecanismos patriarcales. Pero sin un presupuesto y sin diálogos que permitan identificar cuáles son las acciones que se tendrían que llevar a cabo, la incidencia no disminuirá”, concluye Figueroa.