Ley Malena, el ‘trozo de justicia’ que las sobrevivientes de violencia ácida le arrebataron al Estado

Elisa Xolalpa es una mujer chinampera que ha dejado de ocultar sus cicatrices. Asegura que “se ha transformado a pasos agigantados” desde 2001, cuando tenía 18 años y su expareja, Javier Ediberto, la intentó asesinar con ácido en la alcaldía Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. 

El pasado 8 de febrero, Elisa y las sobrevivientes de violencia ácida dieron un paso en el acceso a la justicia: el Congreso de la Ciudad de México aprobó la llamada Ley Malena, que castiga con ocho a doce años de prisión, más una multa de entre 21 mil a casi 50 mil pesos, este tipo de violencia feminicida. 

“Son trocitos de justicia que le estamos arrebatando al Estado porque nada nos ha dado gratis… Ha sido una lucha de todas las sobrevivientes, de las víctimas… Es un aliciente para seguir hablando de los ataques con ácido que no son casos aislados y vamos alzando la voz ante tanta injusticia, ante tanta revictimización por parte de autoridades”, mencionó Elisa.

Xolalpa es una de las 42 mujeres que han sido atacadas con ácido en las últimas tres décadas, de acuerdo con cifras de la Fundación Carmen Sánchez, la primera en México en acompañar a las mujeres agredidas con químicos.

Si bien la Fundación solo reporta 42 mujeres que sufrieron ataques con ácido, las víctimas podrían ser más si se toman en cuenta los datos de la Secretaría de Salud sobre las quemaduras con sustancias químicas en general.

“Pudimos acceder a cifras de la Secretaría de Salud pública y al menos cada año hay cien mujeres que son víctimas de ataques con sustancias químicas, o sea, tienen un universo enorme, puede ser cloro, gasolina, alcohol, thinner, aguarrás; implica un universo de 25 mil tipos de sustancias que pueden producir quemaduras al entrar en contacto con el cuerpo”, explicó Ximena Canseco, de la Fundación Carmen Sánchez.

Con las modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México y al Código Penal local, la Secretaría de Salud llevará un registro oficial de ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas.  

Además, se obliga a las secretarías de las Mujeres, de Seguridad Ciudadana, de Inclusión y Bienestar Social, de Salud; a la Fiscalía General de Justicia; al Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación; al Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia, y a las comisiones Ejecutiva de Atención a Víctimas y de Derechos Humanos a implementar una política pública de atención integral a las víctimas. 

“Por mucho tiempo fuimos invisibilizadas”, lamentó Elisa, quien sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo. “Cuando mi expareja me agredió no había cómo brindarme la atención médica que yo necesitaba”.

Para la sobreviviente de violencia ácida las leyes deben servir para frenar la impunidad porque, en su caso, Javier Ediberto estuvo libre durante 21 años, intentó asesinarla nuevamente en 2019 e incluso un juez le otorgó libertad condicional pese a las amenazas contra Elisa y sus hijas. 

Además, enfrentó el extravío de su carpeta de investigación. Por ello, la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX emitió en 2022 una recomendación a la Fiscalía capitalina. 

En abril de 2022, un juez condenó a Javier Ediberto a siete años de prisión luego de que Elisa apeló una sentencia de cinco años por violencia familiar. Ahora está a la espera de que se reponga el proceso por intento de feminicidio.  

“Que esta ley sea un referente para esos agresores, de lo que va a conllevar si agreden a una mujer… Este sujeto gozó del cobijo del Estado… Que no se quede la impunidad porque qué mensaje se le está dando a los hombres, que pueden agredirte, matarte, quemarte y regresar 10, 20, 30 años después y querer hacer su vida como si nada hubiera pasado”, comentó Elisa.

En entrevista, Xolalpa recordó que mucho tiempo estuvo aislada porque su comunidad la señaló, como si su intento de feminicidio hubiera sido provocado por ella. Entonces empezó a hablar del proceso y se hizo más fuerte. 

“Ahora que empecé a hablar mi integridad se ha dignificado, me siento más segura… Me ha cambiado bastante el enfrentar, el nombrar lo que pasó. Mucho tiempo sentí pena y creí que yo había sido culpable y ahora entiendo que no fui responsable de nada. La gente de mi comunidad tiene otra mirada hacia mi persona”, aseveró. 

Elisa sigue en su lucha por el acceso a la justicia, no sólo por ella sino por las mujeres de su comunidad. Continúa sin ocultar sus marcas, sin sentir vergüenza y con la dignidad, que ahora reconoce, se merece. Persiste mientras en su vida diaria cultiva plantas de la medicina tradicional porque, asegura, es una actividad sanadora. 

“También lo hago por las mujeres de mi comunidad, que la justicia no es solamente para cierta clase de mujeres, sino el que la justicia debe de ser igualitaria y pues por eso estoy ahí, en pie de lucha para exigir una una sentencia condenatoria”.

La primera sentencia por un ataque con ácido en México fue contra Efrén García Ramírez, condenado a 46 años y ocho meses en prisión en mayo de 2023 por intentar asesinar con ácido a Carmen Sánchez nueve años antes.

La Ley Malena, un largo camino

María López fue la primera mujer en México en denunciar un ataque con ácido, ocurrió en 1988 en la alcaldía Gustavo A. Madero. Sin embargo, fue hasta marzo de 2023 cuando el Congreso de la CDMX inició con mesas de trabajo que antecedieron a la Ley Malena. 

Desde 2018 las mujeres sobrevivientes de violencia ácida —como Carmen Sánchez, Ana Saldaña y Esmeralda Millán— realizaron una propuesta legislativa para tipificar los ataques con sustancias corrosivas y “así fue como se aprobó (en Puebla) la primera reforma legislativa en el país sobre la materia”, recordó Ximena Canseco, historiadora e integrante de la Fundación Carmen Sánchez. 

En Puebla el delito está tipificado como tentativa de feminicidio y quienes agredan a las mujeres con sustancias corrosivas pueden ser castigados con hasta 40 años de prisión, la pena más alta.

“Se presumirá que hay tentativa de feminicidio cuando las lesiones dolosas sean ocasionadas por ácido o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable o cualquier otra sustancia que, en determinadas condiciones, pueda provocar o no lesiones internas, externas, o ambas”, de acuerdo con la ley poblana. 

En la CDMX los años de prisión van de ocho a doce por cometer violencia ácida. La pena aumenta en una mitad si la agresión

• Causa deformidad en el rostro, la pérdida parcial o total del oído, vista, habla o incapacite de manera permanente para realizar actividades laborales, causa alteración o daño en el aparato genital o en las funciones del ejercicio de la sexualidad. 
• Cuando afecte, dañe, entorpezca o debilite de manera permanente una extremidad o cualquier otro órgano. 
• Cuando la víctima sea un niño, niña o adolescente; una persona con discapacidad; por razón de género o cuando la agresión se cometa contra personas transexuales o transgénero.

La ley capitalina sólo considera el delito como tentativa de feminicidio si hay la extirpación parcial o total en las mamas, alteración en el aparato genital; cause deformidad en algún órgano interno, externo o ambos; provoque daños en extremidades, entorpezca, debilite u ocasione la pérdida parcial o total del oído, vista, habla o incapacidad permanente para trabajar, de acuerdo con la Gaceta Parlamentaria. 

En Oaxaca, de donde es originaria María Elena Ríos, víctima de intento de feminicidio por el exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal; el castigo por ataques con ácido contra mujeres es de 20 a 30 años más una multa de 14 mil a 35 mil pesos. 

La pena incrementa a 40 años si había una relación de parentesco, concubinato, noviazgo, laboral o docente. Y se suman hasta dos tercios de la máxima si causa destrucción de cualquier función orgánica, deformidad, daño permanente o haya pérdida parcial o total incorregible. 

En Michoacán sancionan los ataques con ácido con 16 años de cárcel. En Campeche el delito de lesiones por razones de género tiene contempladas de ocho a doce años más una multa de 300 a 700 Unidades de Medida y Actualización. 

En Aguascalientes, las lesiones calificadas cometidas “por mutilación, con sustancias corrosivas o hayan sido en los órganos genitales o glándulas mamarias de la víctima” se penalizan con tres a ocho años.

Los mismos años son considerados en el artículo 137 del código penal de San Luis Potosí: “Cuando produzcan en el ofendido, enajenación mental, pérdida definitiva de algún miembro o de cualquier función orgánica o causen una incapacidad permanente para trabajar, se impondrá una pena de tres a ocho años de prisión y sanción pecuniaria de trescientos a ochocientos días del valor de la unidad de medida y actualización”. 

En Baja California la violencia ácida la penalizan con siete a 13 años más una multa de casi 50 mil pesos. En Nuevo León las agresiones con sustancias corrosivas están consideradas en el artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Aunque en los últimos años ha habido avances en la aprobación de leyes contra la violencia ácida, Elisa Xolalpa advierte sobre el reto de que estas legislaciones se apliquen y los casos no queden impunes.

“Es un día de alegría porque hoy se convierte en ley, Ley Malena, pero también, se empaña con todas las mujeres que hemos sido atacadas con ácido y que no hemos obtenido justicia. La justicia la merecemos todas las que fuimos atacadas. Todas necesitamos acceder a sentencias condenatorias, a garantías de no repetición”, concluyó Elisa.