Alcaldes: los campeones de la violencia política en razón de género

Ernesto Ruiz Flandes, exalcalde de Altotonga, Veracruz, entre 2018 y 2021, cuenta en su historial con 11 sanciones por ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género, después de reincidir, en cinco ocasiones. ¿Esto ha derivado en alguna resolución penal en su contra? No.

Ruiz Flandes es una de las 378 personas que aparecen en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política en Razón de Género (RNPSVPG), en cuya lista también figuran los nombres del diputado federal Gabriel Quadri de la Torre (PAN) y los comunicadores Pedro Ferriz Hijar y Carlos Alazraki.

Como presidente municipal por Movimiento Ciudadano (MC), Ernesto Ruiz ejerció, en reiteradas ocasiones, violencia política de género hacia la regidora María Elena Baltazar Bravo, a quien no convocó a sesiones de cabildo, le negó información sobre estados financieros, le retuvo indebidamente su salario y prestaciones, y le obstaculizó el ejercicio de su cargo, según las resoluciones del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV).

De esta manera, se determinó que Ruiz Flandes ejerció violencia política de género del tipo simbólica como superior jerárquico. Sus 11 registros permanecerán en el RNPSVPG durante seis años, contados a partir de la fecha de resolución de cada uno. 

Este es un caso emblemático de lo que sucede en el ámbito local, ámbito más propicio para la violencia política en contra de las mujeres. También un botón de muestra de lo que en México persiste: actos de intimidación, exclusión, acoso sexual y agresión física que menoscaban los derechos políticos de las mujeres, tal como señaló en septiembre de 2023 Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). 

El RNPSVPG consigna que la mayoría de los casos han ocurrido en el ámbito local, siendo Oaxaca la entidad con más quejas (132). Asimismo, los presidentes municipales del país son los que más sanciones acumulan (21%); seguidos de ciudadanos (18%) y regidores (14%). 

Lo anterior explica por qué presidentas municipales (37%) y regidoras (13%) son las principales víctimas de este tipo de violencia de género, cuyas conductas son clasificadas en su mayoría como “leves” (34%).

Por otra parte, hay registro de que del total de quejas en el RNPSVPG, 180 (47%) no ameritaron una sanción, mientras que en 118 (31%) se impuso el pago de una multa económica, y en 59 (15%) se ordenó una disculpa pública, como fue en el caso del diputado federal Gerardo Fernández Noroña (PT), quien se salvó de aparecer en el registro luego de atender las medidas dictadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Dania Ravel, consejera del INE, refiere que en 2018 la ONU México documentó que los municipios suelen ser el nivel de gobierno donde existe mayor resistencia para que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos político-electorales y accedan a un cargo público.

“En el ámbito municipal, la disputa al interior de los partidos políticos para lograr las candidaturas se traduce a un ambiente de elevada tensión y violencia, la cual se ve recrudecida en contra de las mujeres porque a la violencia política se suma una violencia basada en roles y estereotipos de género”, dice Ravel a La-Lista.

En los ámbitos locales, explica la consejera, el control que se ejerce sobre las mujeres en la política asume tintes particulares, pues se les acusa de “libertinas”, “fáciles”, “locas”, “indecentes”, “chismosas y “argüenderas”. Además, son agredidas en su persona, familia y creencias. 

“Esto es así ya que tiene como escenario comunidades pequeñas, donde los estereotipos y roles de género del sistema patriarcal aún se encuentran muy arraigados y por lo tanto las mujeres corren mayor riesgo de ser víctimas de este tipo de violencia”, expone.

El hecho de que Oaxaca sea la entidad con el mayor número de registros, puede obedecer a que prevalece la resistencia para que las mujeres ejerzan cargos públicos, pero también a una mayor cultura de la denuncia y a un conocimiento más amplio de las víctimas sobre qué actitudes constituyen violencia política de género, plantea Dania Ravel.

Este es el contexto de vulnerabilidad para las mujeres en el ámbito político de cara al próximo 6 de junio, cuando los mexicanos saldrán a votar en elecciones federales que renovarán el Congreso de la Unión y la Presidencia del país.

El reto frente a la violencia: lo que hay es insuficiente

En septiembre de 2020, por mandato del TEPJF, el INE puso en marcha el RNPSVPG, un instrumento que recopila la información relacionada con las personas sancionadas, por resolución o sentencia firme, por cometer violencia política en razón de género.

El registro como tal no tiene alcance penal, pero las consecuencias de aparecer en la lista pueden derivar en: apercibimiento o amonestación privada o pública, la suspensión o destitución del puesto, una multa económica o la inhabilitación temporal para despempeñarse en el servicio público, como se establece en el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres.

Ravel puntualiza que el registro “únicamente busca hacer pública la información” de quienes han cometido este tipo de actos, y fue concebido como una medida de reparación integral. 

“Ha permitido identificar a las personas que han cometido actos de violencia política en razón de género e incluso a quienes han reincidido, pero no tiene efectos constitutivos, es decir, el solo hecho de que una persona esté registrada ahí no conlleva que pierda su derecho a ser candidata, es necesario que una sentencia haya determinado esa consecuencia como sanción, así que puede haber muchas personas que estén en el registro y puedan acceder a una candidatura”, explica la consejera.

Georgina de la Fuente, integrante de la Red de Politólogas, considera que el RNPSVPG ha sido efectivo para visibilizar este tipo de violencia hacia las mujeres. Pero, dice, tiene retos importantes para impedir que las personas que están en el registro sigan desempeñándose en política. 

“El registro no puede ser por sí solo una herramienta efectiva para combatir la violencia política en razón de género, se requieren múltiples intervenciones. Hay diversos estudios que confirman que los principales espacios en los que se ejerce violencia política contra las mujeres en razón de género son los partidos políticos, por lo que se requiere construir mayores contextos de exigencia para ellos”.

La politóloga menciona que uno de los obstáculos es la determinación de la Sala Superior del TEPJF respecto a que aparecer en el RNPSVPG no implica la pérdida del derecho a ser registrado para una candidatura, a menos que así lo ordene la autoridad jurisdiccional corresponndiente, siempre y cuando la persona denunciada haya perdido la presunción de contar con un modo honesto de vida. 

A esto se suma que en 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)  señaló que las autoridades electorales no pueden exigir a las personas cumplir con el requisito de modo honesto de vida a fin de acceder a un cargo público, como tampoco pueden sancionarlas determinando que carecen de esa presunción. 

“Ello implica serios retos para que el Registro sea, por sí sólo, una herramienta efectiva para combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género. Como es el caso de fenómenos sociales complejos, se requieren intervenciones múltiples y de distintos tipos para poder combatirla de manera efectiva”.

En este sentido, Dania Ravel y Georgina de la Fuente coinciden en que el RNPSVPG es, quizás, una de las herramientas más útiles para que la ciudadanía emita un voto informado, sobre todo al tomar en cuenta que casi el 52% de las personas en la lista nominal de electores son mujeres. 

“Las mujeres siguen excluidas (de la política) con pocas posibilidades de interponer quejas sin sufrir represalias. Es necesario construir mayores contextos de exigencia para los partidos políticos”, expresa De la Fuente.