Hidalgo aprueba que deudores alimentarios o agresores no aspiren a cargos públicos

Integrantes de la LXV Legislatura del Congreso de Hidalgo aprobaron un dictamen que prohíbe a las personas que hayan ejercido cualquier tipo de violencia contra la familia o las mujeres o que sean deudores alimentarios ocupar cargos de elección popular.

El dictamen fue aprobado con 21 votos y modificaciones que adicionan un tercer párrafo a la fracción 1 del Artículo 24 de la Constitución Política de Hidalgo.

Por lo que no podrán ser postuladas a cargo de elección popular todas aquellas personas que estén cumpliendo sentencia ejecutoriada por algún delito contra el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar o violencia política contra las mujeres.

Lo mismo será para quienes sean deudores alimentarios morosos, salvo que acrediten estar al corriente del pago, o que cancelen esa deuda o tramiten el descuento correspondiente.

Al leer la propuesta, la diputada de Morena, Lisset Marcelino Tovar, expuso ante el Congreso que muchos de los sujetos activos de violencia familiar actualmente son o pueden ser servidores públicos y muchos de ellos en proceso de buscar un cargo por elección popular.

Lo anterior, dijo, contrapone con los nuevos paradigmas que se buscan implementar dentro de una sociedad democrática que aspira a tener servidores públicos ejemplares.

De acuerdo con los legisladores, el propósito es garantizar el acceso a una vida libre de violencia en razón de género, así como velar por el interés superior de cualquier menor de edad.

Además, el dictamen refiere que será el Instituto Estatal Electoral (IEE), quien verifique el cumplimiento de esta disposición.

Durante la sesión ordinaria número 120, las diputadas y los diputados también aprobaron otros cuatro dictámenes emitidos por dicha comisión, entre los que se encuentra el dictamen que aprueba con modificaciones diversas iniciativas que reforman y adicionan distintas disposiciones de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Hidalgo.