Exhumaciones en Perú revelan el costo de la ‘Ley de Impunidad’
La nueva Ley 32107 en Perú blinda a violadores de derechos humanos, dejando en la impunidad crímenes cometidos antes de 2002.
Las recientes exhumaciones de cuerpos en Perú han revelado el devastador impacto de la nueva Ley 32107, apodada como la “Ley de Impunidad”.
Esta legislación, promulgada el 10 de agosto de 2023, blinda a políticos, militares y otros responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002, incluyendo actos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.
Exhumaciones en Perú evidencian las consecuencias de la “Ley de Impunidad”
En un paraje remoto de la sierra central de Perú, un equipo forense ha encontrado restos humanos en fosas clandestinas, lo que evidencia el horror vivido durante el conflicto armado interno (1980-2000). Este hallazgo resalta la urgencia de justicia para las víctimas y sus familias, quienes han esperado más de 30 años para enterrar dignamente a sus seres queridos.
Impacto de la Ley 32107 en la búsqueda de justicia
La Ley 32107, que argumenta la irretroactividad de la ley, ha sido duramente criticada tanto a nivel nacional como internacional. Según el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Perú (IDEHPUCP), esta norma podría dejar impunes más de 600 casos de violaciones graves de derechos humanos, incluidos algunos que involucran al expresidente Alberto Fujimori y a altos mandos militares.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha expresado su preocupación por esta legislación, subrayando que contraviene los principios de justicia internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha solicitado la suspensión de esta ley, pero hasta ahora, sin éxito.
En medio de este panorama desolador, los familiares de los desaparecidos continúan su lucha incansable por la verdad y la justicia, enfrentándose a una legislación que parece diseñada para perpetuar la impunidad en el país. Mientras se siguen exhumando cuerpos y revelando historias de dolor y sufrimiento, la pregunta sigue siendo: ¿Perú finalmente hará justicia o seguirá protegiendo a los culpables?
La promulgación de la Ley 32107 marca un retroceso significativo en la lucha por los derechos humanos en Perú. A medida que el país avanza hacia un futuro incierto, las voces de las víctimas y sus familias se alzan, exigiendo que no se les niegue el derecho a la justicia y a la memoria. La comunidad internacional debe estar vigilante y presionar para que se reviertan estas políticas que sólo perpetúan el dolor y el olvido.
