La-Lista de claves de la matanza carcelaria en Ecuador y su relación con los cárteles mexicanos

EFE.- La crisis carcelaria en Ecuador empeora día tras día, con el aumento de asesinatos en las prisiones, lo que analistas consideran un “reflejo” de las calles, particularmente en la provincia de Guayas, y la lucha por el control del narcotráfico.

Entre los sucesos más graves una reyerta en febrero en cuatro prisiones de forma simultánea dejó 80 muertos; en julio, fueron alrededor de 30 en otra; y el martes al menos 116 asesinados y 80 heridos. El goteo, sin embargo, es continuo semana tras semana.

Experto en seguridad interna, delincuencia y narcotráfico, el periodista Arturo Torres, autor del libro “Rehenes (2019)”, analiza para EFE la situación.

“Es un acumulado de muchos años. Un proceso de decisiones inapropiadas desde el Estado y de esta nueva tónica que tiene que ver con la incursión de un nuevo cártel emergente, Jalisco Nueva Generación (CJNG), que disputa el territorio al de Sinaloa, que desde 2015 o 2016 predominaba acá. Esos espacios tienen también un replique en las cárceles”.

Esta lucha “ha generado sicariatos, delitos, crímenes y presiones en la Justicia para articular todo alrededor del narcotráfico”. Todo esto “se profundiza con la pandemia, con la salida hacia marzo o abril de droga que había quedado represada”.

“Ecuador no es solo un país de tránsito, es un país donde también se acopia y procesa la droga. Tenemos un sinnúmero de problemas que se manifiestan en lo que estamos viviendo ahora en las cárceles, y que tienen un denominador común: el narcotráfico, Ecuador como pieza clave, eslabón, entre Perú y Colombia, productores de cocaína“.

“Desde 2017, incluso 2015, Guayaquil es el eslabón de cárteles que llegan de Europa: montenegrinos, albaneses, griegos, belgas, holandeses y, también, españoles. Desde su puerto sale el 80% de la cocaína que llega a Europa en cargueros con materias primas. Estos carteles también venden, y pagan con drogas a las bandas que les dan protección y ellas, a su vez, (emprenden) el microtráfico. Guayaquil está en la lucha de las bandas porque es el territorio donde vender pequeñas cantidades”.

“El modelo en Ecuador comienza en 2014 con la reforma del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en la que se criminaliza el microtráfico. Ahora el 40% de los internos son microtraficantes (dealers), gente que podría estar tratándose en las calles”.

Esto conduce a la creación “de grandes centros penitenciarios en Cotopaxi, Latacunga y Guayaquil, que se convierten en verdaderas bodegas de seres humanos”.

El COIP envía también a prisión, por ejemplo, a padres que no pagan las pensiones de sus hijos, lo que incrementa el hacinamiento.

“En las prisiones hay una población fluctuante de 90,000 detenidos cada año, de los que 42.000 entran y salen y el resto permanece” por distintos períodos.

“Ahora tenemos un 30% de hacinamiento, es decir, con una capacidad para 30,000, estamos en 40,000. Hay 1,500 ‘guías’ (carceleros), cuando se necesitan 4,000. ¿Quién tiene el control? Las bandas. Hay 25,000 internos que son parte de ellas, 20,000 de Los Choneros y Los Lobos, las megabandas”.

Hay descoordinación absoluta entre los organismos políticos, judicial y de seguridad, y ese “es un tema clave” porque, por ejemplo, “las decisiones sobre la ubicación de los presos más peligrosos depende de los jueces. Entonces, por las presiones que reciben de abogados, asignan estos detenidos a diferentes centros que no entran en la planificación del SNAI”, el sistema penitenciario.

“No hay articulación para poner (en lugares distintos) a los cabecillas y la inteligencia no tiene un mapeo para decidir”. Además, el preso que entra por cualquier delito menor debe buscar la “filiación” o “protección” de una de las “megabandas” o será más vulnerable dentro de prisión.

“Corrupción. El sistema está absolutamente corrompido. Meten armamento pesado, fusiles, metrallas, granadas. Son un campo de batalla con armamento del narcotráfico. Llegan desde Perú, la mayor parte” y se financian con el narcotráfico y de “la venta interna de droga”.

“A un jefe de banda eso le genera 300,000 dólares semanales, es un gran negocio” con el que se puede corromper todo dentro y fuera de prisión.

La declaratoria por el presidente Guillermo Lasso del estado de excepción es “un fracaso de la política de Estado frente a la crisis sistémica que vivimos desde hace mucho tiempo” por “el crecimiento de las bandas y el poder acumulado del narcotráfico”.

Ese poder “ha permeado todo el sistema carcelario y de justicia” y “es muy difícil enfrentar todo ese aparataje con un estado de excepción que es una medida muy puntual: un paño de agua tibia para un enfermo terminal con una metástasis que no ha sido debidamente diagnosticada como para acoplarse (al problema) desde lo preventivo, lo operativo y a lo prospectivo”.

“Ya ha habido seis estados de excepción y no ha ocurrido nada”.

“El enfoque actual es punitivo, policial y militar, y este es un fenómeno mucho más complejo que requiere una visión mucho más transversal. No hay estrategia a largo plazo. Buscar el encierro para solucionar la conflictividad social es un esquema que nos lleva a esto de manera directa“.

Pero “hay un problema estructural que debe ser abordado”. Controlado por las bandas, el sistema además se regenera sólo, porque “la persona que ingresa por 1, 2 o 5 meses” por delitos menores, “también entra en un círculo vicioso del cual es muy difícil salir” y “se vuelven presas del sistema extorsivo y perverso”.

“El problema es doble vía. Lo que ocurre en las cárceles se traslada a las calles en sicariatos, delitos violentos como hemos visto en Guayas, y eso nos expone a un escenario muy grave en seguridad ciudadana.

Este año vamos a llegar a dos dígitos de muertes (violentas) por cada 100,000 habitantes, y el siguiente a 15. Es un problema que va mucho más allá (de las cárceles), que tiene ramificaciones.