El presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado el informe del Departamento de Estado de EU sobre Derechos Humanos en México.
El Ejército ha incurrido en múltiples violaciones a derechos humanos, señaló Human Rights Watch. Foto: Secretaría de la Defensa Nacional.
La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, del Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un informe sobre las prácticas de Derechos Humanos en distintos países durante 2022, entre ellos México. El documento expone, con datos duros e información pública, un panorama sobre los derechos humanos en México.
Este informe causó el descontento del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha denostando el documento en los tres últimos días asegurando que son “politiquerías” e incluso señaló al gobierno de Estados Unidos de “sentirse el dueño del mundo” y mantener la doctrina Monroe “América para los americanos”.
El informe detalla casos de homicidios ejecutados por funcionarios públicos, agentes de seguridad y elementos castrenses, así como actos de tortura, desaparición forzada, amenazas contra la libertad de expresión a los periodistas en México, así como actos de corrupción gubernamental.
Señala que ha habido falta de investigación en denuncias por violencia de género, incluida la violencia doméstica o de pareja íntima, o delitos que involucran violencia o amenazas contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales; y delitos contra personas con discapacitadas.
Pero ¿Qué dice el informe? Esta es La-Lista de los puntos claves en el informe difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Uno de los puntos que causó mayor molestia al presidente de México fue lo relativo a los homicidios cometidos por funcionarios públicos, policías municipales, estatales e integrantes de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina.
El Departamento de Estado señala casos como el de la niña Heidi, quien murió a consecuencia de disparos en la cabeza por parte de elementos de las fuerzas federales en Tamaulipas en 2022 y que su madre denunció que intentaron silenciar su denuncia a través del pago de una indemnización.
El informe también señala que en el país hay múltiples casos de desaparición forzada, denuncias de actos tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad, condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales y arrestos o detenciones arbitrarias.
“Hubo informes de que algunos agentes del gobierno fueron cómplices de bandas criminales internacionales, y las tasas de enjuiciamiento y condena fueron bajas por estos abusos. El gobierno investigó y procesó algunos de estos delitos, pero la mayoría permaneció sin investigar ni enjuiciar”, dice el documento.
El gobierno estadounidense cita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) donde informa que grupos criminales estuvieron implicados en numerosos asesinatos, actuando con impunidad y, en ocasiones, en convivencia con funcionarios federales, estatales, locales y de seguridad corruptos.
Otro dato que destacó el informe es lo referente a la desaparición de personas en México y la ineficacia del gobierno mexicano en la investigación y hallazgo de personas en este contexto. Además, se alteraron las bases de datos federales y estatales que rastreaban las desapariciones o estaban incompletas y tenían problemas para compartir datos.
“Los sistemas forenses estaban muy fragmentados entre los niveles local, estatal y federal, y el volumen de casos sin resolver era mucho mayor de lo que los sistemas forenses eran capaces de manejar”, señala el informe sobre este tema.
El documento cita a la Fiscalía General de la República (FGR), la cual reportó 2 mil 344 investigaciones sobre desapariciones que involucran a aproximadamente 3 mil 930 personas, así como los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), que al 2 de diciembre de 2022, señaló que había 108 mil 521 personas desaparecidas en el país.
“El mayor número de casos registrados ocurrió durante el año (2022), con 9 mil 684 reportados como desaparecidos o no localizados, frente a los 9 mil 624 reportados en 2021. Al 30 de diciembre, los estados de la Ciudad de México (2 mil 455), Nuevo León (2 mil 441) y Veracruz (1 mil 557) reportron la mayor cantidad de desapariciones”
Menciona que la CNDH recibió siete denuncias en las que se señala a agentes del gobierno en actos de desapariciones forzadas, incluidas tres contra el ejército.
Además, incluye que la CNB realizó 3 mil 335 exhumaciones, logró identificar mil 336 cuerpos y que devolvió 1 mil 019 más a sus familias.
La Oficina de Democracia, Derechos Humanos expone el número de denuncias por tortura cometidas por servidores público, agentes de seguridad pública y elementos castrenses, basándose en información proporcionada por la CNDH y otros organismos, concluyendo que no hay un organismo independiente y autónomo que supervise las acciones policiales.
Destaca que entre enero y el 17 de agosto, de 2022, la CNDH registró 32 denuncias por tortura y 94 por detención arbitraria, de estas, 43 fueron contra miembros de la Guardia Nacional; 37 contra la FGR; 24 contra la Sedena y 17 contra la Marina. Además, hubo 120 denuncias adicionales de trato cruel, inhumano o degradante.
Cita además el informe oficial Diagnóstico Nacional de Torturas Sexuales Cometidas contra Mujeres Prisioneras en México, que reveló que el 79% de las mujeres entrevistadas había experimentado algún tipo de tortura durante su encarcelamiento, donde el 44 % fueron sometidos a actos de tortura sexual.
El Departamento de Estado destaca que la mayoría de las prisiones del país se encuentra en condiciones de hacinamiento, ingobernabilidad y hostilidad, donde las personas privadas de la libertad se ven violentadas en su derechos humanos.
El gobierno estadounidense refiere que el Sistema Penitenciario Federal mencionó que según el estudio Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021 de la CNDH, 44 de 233 “establecimientos penitenciarios tenían estructuras de autogobierno en las que los internos desempeñaban funciones de personal”
También hace mención de que a lo largo del año se produjeron 94 denuncias de detenciones arbitrarias, según datos de la CNDH.
El informe señala que en México existen restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia contra los periodistas.
“Los políticos, incluido el presidente López Obrador, desacreditaron y criticaron públicamente a dichos periodistas para presentarlos como parciales, partidistas y corruptos. El descrédito oficial de los trabajadores de la prensa empeoró a partir de junio de 2021 cuando las autoridades introdujeron la inclusión regular de una sección de ‘Quién es quién en mentiras’ en la conferencia de prensa matutina del presidente para exponer a los periodistas que supuestamente informaron noticias falsas”, señala.
También detalla datos sobre los periodistas fueron asesinados o sometidos a ataques físicos y cibernéticos, hostigamiento e intimidación (especialmente por parte de agentes estatales y organizaciones criminales transnacionales) en respuesta a su trabajo periodístico.
Dicha acción limitó la capacidad de los medios para investigar e informar, porque muchos de los reporteros asesinados cubrían el crimen, la corrupción y la política local.
“Los altos niveles de impunidad, incluidos los asesinatos o ataques a periodistas, dieron lugar a la autocensura y redujeron la libertad de expresión y de prensa. El Comité para la Protección de los Periodistas informó que 15 periodistas habían sido asesinados desde principios de año”, dice el documento.
Además, menciona que usuarios de Twitter publicaron amenazas contra periodistas que hicieron preguntas difíciles a funcionarios del gobierno durante conferencias de prensa y, en algunos casos, fueron blanco de amenazas veladas.
El gobierno norteamericano asegura, con base en informes de medios de comunicación, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil, que grupos criminales y, en algunos casos, policías, funcionarios de inmigración y funcionarios de aduanas atacaron y victimizaron a migrantes y solicitantes de asilo en fronteras terrestres y aeropuertos.
Respecto al combate a las redes de tráfico de personas y el compromiso del gobierno mexicano en atender la problemática, dice que los resultados fueron limitados.
En el estudio se destaca que el presidente López Obrador reprendió a los grupos de la sociedad civil en las conferencias de prensa matutinas que ofreció diariamente.
“Grupos de la sociedad civil iniciaron acciones legales contra la construcción del Tren Maya, citando la falta de evaluaciones ambientales y culturales. En respuesta, el 19 de julio, López Obrador los llamó ‘corruptos y pseudo defensores ambientales'”.
Finalmente, otro de los puntos claves en el documento es el relativo a la explotación laboral, en el que aseguró que el trabajo forzoso persiste en México en sectores marginales, tales como el servicio doméstico, el cuidado de menores de edad, la manufactura, el procedimiento de alimentos la construcción, turismo, mendicidad, venta ambulante, producción de artículos de cuero y agricultura, especialmente en la producción de chiles y tomates.
“Los grupos criminales obligaron a adultos y niños mexicanos y extranjeros a participar en actividades ilícitas, incluso como sicarios, vigilantes y en la producción, transporte y venta de drogas”. 415610_MEXICO-2022-HUMAN-RIGHTS-REPORT
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