Con desaparición del IFT perdemos todos, hasta el gobierno: especialistas
Foto: Johannes Rapprich / Pexels.

Desparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para integrarlo al interior de la secretaría federal del ramo es una decisión que no favorecería ni al propio gobierno, además de que atenta contra la autonomía de las instituciones y volvería a darle un valor de “moneda de cambio” a un sector que por años estuvo manipulado por su uso político, señalan expertos en la materia.

Con la reforma en telecomunicaciones que entró en vigor en 2013, uno de los principales beneficios que se buscaron fue que el IFT fuera autónomo y exento de los cambios de gobierno y de las decisiones puramente políticas; por ello, regresarlo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) lo pone en riesgo de ser manejado a conveniencia por la administración en turno, lo que genera incertidumbre en los operadores e inhibe su desarrollo.

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El pasado jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que presentará una propuesta de reforma administrativa para integrar al IFT a la SCT, con el objetivo de generar ahorros para el país, con lo que pondría fin al órgano autónomo que desde hace más de siete años se encarga de regular al sector.

La participación de las telecomunicaciones en el PIB nacional pasó de 1.8% en 2014 a 3% en 2019.

“Es realmente una pena que el presidente no conozca o que lo que lo conozca y no aprecie el rol que ha jugado (el IFT), que de hecho ha sido tan visible que se admira en muchos países el diseño institucional que tenemos en México. El IFT ha sido calificado por sus pares en el mundo como uno de los mejores reguladores en telecomunicaciones que hay al día de hoy”, destaca Elena Estavillo, excominsionada de dicho órgano autónomo y economista especialista en competencia.

“Sí habría un riesgo en específico en que se regrese a la SCT, al menos en lo que me parece francamente algo complicado de que el presidente presente una propuesta en la que ese órgano mantenga cierta autonomía, lo cual no se ve que sea lo más viable o sencillo de implementar”, señala el analista del sector Efrén Páez.

Páez también considera que con dicha reforma administrativa “perdemos todos”, dado que agregar ese factor político a una decisión que debería de ser técnica podrían afectar incluso los beneficios sociales que no se concretarán si el IFT regresa a ser parte de la SCT: “En ese sentido, pierden los ciudadanos, pierden las empresas, pierde el gobierno”.

Estamos viendo que se ofrecen propuestas para mejorar cuando no es una mejora, es regresar en el tiempo, es echar a la basura todo el aprendizaje de décadas.

Elena Estavillo.

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En ese sentido, Elena Estavillo coincide en que “habrá impacto para los usuarios, para la industria, para la competencia, para la inversión, para las audiencias. La propuesta que se está haciendo es básicamente regresarnos como 30 años en nuestra historia”.

En un entorno internacional, este hecho representaría ir en contra de las mejores prácticas internacionales de organismos como la UIT, y de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Asimismo, así como una falta en los compromisos asumidos en el T-MEC, que en su capítulo 18 establece la presencia de un regulador autónomo frente al poder ejecutivo.

“Las consecuencias en México no sólo representarían debilitar un sector prioritario en
la economía, en su ejercicio de garantizar lo establecido en el artículo 6º de la
Constitución: crear las condiciones para la sana competencia, calidad, pluralidad,
cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad, sino
también demeritar la labor del IFT como órgano autónomo”, señala Ingrid Motta, directora general de BrainGame Central, en su columna de este lunes en La-Lista.

La disminución de precios del sector de la reforma a 2019 es de 19.3%; mientras que en el segmento móvil es de 42%.

Elena Estavillo también apunta que con este cambio la SCT no tendría no tendría las mismas facultades, la flexibilidad regulatoria, la independencia técnica y se regresaría a la politización de las instituciones, cuando las concesiones para la radiodifusión y la televisión, se otorgaban como favores políticos, sin procedimientos transparencia ni licitaciones.