Muchas de las grandes investigaciones periodísticas de los últimos años estuvieron sustentadas por las leyes y el organismo que media entre la sociedad y el gobierno a fin de procurar la apertura de información sobre el hacer de la administración y los efectos en la sociedad.

De hecho, como confían protagonistas de la búsqueda de datos y documentos, muchas de esas investigaciones no habrían sido posibles: temas sobre lavado de dinero, la desclasificación de expedientes como los del caso Ayotzinapa, de control de confianza de mandos policiacos, información sobre la cadena de mando militar, destino de fondos públicos, empresas fantasma y redes de corrupción que involucran a políticos, empresarios o funcionarios, entre otros. Sus autores, lo reconocen.

Por ello, integrantes del gremio periodístico se manifestaron con fuerza esta semana en redes sociales y en distintos foros contra el planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la posible desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) o la consideración de que sus tareas las asuma la Secretaría de la Función Pública (SFP), encabezada por Irma Sandoval, una aliada de su proyecto político.

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Durante su conferencia mañanera de este viernes 8 de enero, el mandatario señaló: “Fast track, así, rápido, que se esté obligado a en 72 horas entregar la información, que no haya reservas, transparencia completa y que el funcionario que no entregue en tiempo sea sancionado. Pero eso lo puede hacer la Secretaría de la Función Pública, ahí se entrega la solicitud o a cada dependencia”.

En consenso, 13 periodistas entrevistados por La-Lista, entre ellos Zorayda Gallegos, Alejandro Melgoza, Silver Meza, Lilia Saúl, Miriam Castillo, Nayeli Roldán, Daniel Lizárraga y Pablo Ferri y Wendy Selene Pérez, señalan que el planteamiento del presidente representa un retroceso en la posibilidad de obtener información pública, de la transparencia. Significaría perder el contrapeso que ejerce un organismo autónomo que, de pasar a la SFP, quedaría supeditado al Ejecutivo, y en consecuencia, se convertiría en juez y parte.

“Absoluto despropósito”

En palabras de la politóloga y socióloga María Marván Laborde, también excomisionada del INAI, querer desaparecerlo es, sin lugar a dudas, un intento más de concentración del poder del presidente López Obrador. “Nunca le han gustado los órganos constitucionales autónomos porque todos ellos están diseñados para disminuir la discrecionalidad de la Presidencia de la República”.

Tratar de pasarlo a la SFP “es un absoluto despropósito”, enfatiza Marván Laborde. En primer lugar, porque el INAI es autoridad, no sólo para la administración pública federal, sino también para el poder legislativo, el poder judicial y todos los demás órganos constitucionales autónomos.

“En segundo lugar, porque sus funciones no sólo son de transparencia y acceso a la información gubernamental, también tiene encomendada la protección de datos personales, tanto en públicos como en privados. “No es posible pensar qué tendría que hacer la función pública para regular la protección de datos personales en posesión de privados. Y en tercer lugar, y esto es muy importante, porque lo que estaría generando en el caso de la información referida al poder Ejecutivo, a la administración pública federal, entraríamos claramente en un conflicto de interés en el que la Secretaría de Función Pública sería juez y parte y lejos de garantizar un derecho humano fundamental, que así está definido en nuestra Constitución, lo que se estaría haciendo es disminuirlo”.

A López Obrador nunca le han gustado los órganos constitucionales autónomos porque todos ellos están diseñados para disminuir la discrecionalidad de la Presidencia de la República

-María Marván Laborde

Por su parte, el especialista en anticorrupción y quien fue parte de la Comisión Técnica del Grupo Oaxaca –que redactó la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental–, Salvador Nava Gomar, considera que la consecuencia de desaparecer al organismo o que la SFP asuma sus funciones, sería gravísima.

“Sería retroceder en derechos fundamentales que están en la Constitución, al tiempo en que no tendríamos ni la posibilidad de pedir información, que es un mecanismo de ejercicio de rendición de cuentas individualizado. Ni la posibilidad de hacer valer ese derecho cuando la autoridad lo violara o fuera omisa, ni de sancionarla.

Que el presidente diga “que los órganos autónomos no sirven para nada”, es injusto y contradictorio, considera Nava Gomar. “Con todo respeto no se sustenta su argumento en ninguna objetividad ni razón verdadera”.  

Esto opinan periodistas de investigación que conversaron con La-Lista sobre el tema:

Zorayda Gallegos, periodista independiente. Premio Nacional de Periodismo 2015, Premio Acceso a la Información Pública y Periodismo de Investigación RELE 2019, entre otros.

“Es una malísima idea. Viene a complicar mucho la labor de los periodistas y tendríamos un retroceso muy grande en materia de transparencia. Tendríamos que ponernos a pensar qué hubiese sido si nunca hubiéramos conocido casos como el de las empresas fantasma de (Javier) Duarte, que se hicieron con herramientas de transparencia. Qué, si no hubiésemos conocido la historia de la Casablanca de (Enrique) Peña Nieto, con partes de la investigación donde la transparencia fue fundamental. Hay muchas investigaciones que salieron a la luz gracias a la transparencia. Creo que el presidente debe reflexionar y recapacitar sobre esta decisión, muchos colegas (de otros países) nos lo han dicho, México tiene una gran Ley de Transparencia y muchas veces se sorprenden por todo lo que logramos. Entonces sería una pésima señal con la sociedad y con la gente comprometida con el derecho a la información”.

Junto con el periodista Silber Meza, Gallegos logró la desclasificación del expediente de Averiguación Previa del Caso Ayotzinapa por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) en 2015. “Eso pasó porque a través de un recurso de revisión, el INAI se lo pidió a la PGR, que lo había negado argumentando que era de los expedientes clasificados como reservados”.

Alejandro Melgoza, periodista independiente. Integrante del equipo de investigación del documental las Tres Muertes de Marisela Escobedo.

“El impacto en mi trabajo sería gravísimo. Lo consideraría un sabotaje a una vía más de obtención de información, sobre todo, porque el mecanismo de transparencia funciona como un ejercicio de verificación, de obtener documentos que se encuentran en completa opacidad o que no quieren ser revelados por los gobiernos”, dice el también coautor del libro Tráfico de animales, comercio ilegal en México.

A través del derecho de acceso a la información pública, el periodista obtuvo expedientes de procedimientos administrativos, sobre delitos ambientales y de género, tanto a nivel estatal como federal, así como también datos del sistema penitenciario. “Este sexenio me ha tocado saber a través de hablar con la gente que conozco, cómo desde la parte del Ejecutivo están presionando a las unidades de enlace para retener ciertas solicitudes o para no responder o para llevarlas al límite”.

Valeria Durán, reportera de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Premio Rostros de la Discriminación 2017 y coautora del libro Fox: Negocios a la sombra del poder

“Sin toda esta ardua labor de investigación de hacer peticiones (de acceso a la información pública) a cada una de las fiscalías y de los poderes judiciales, jamás hubiera podido descubrir que en toda la historia judicial del país solamente hay 739 feminicidas tras las rejas y hay más de 15 mil mujeres asesinadas en los últimos años, ese impacto no se sabría sin la transparencia. Tampoco se sabría qué pasó con todo el caso de (Javier) Duarte cuando estuve colaborando con Arturo Ángel y Animal Político para ver lo de las empresas fantasma, no se sabría la cantidad de contratos que existían con empresas que eran fachada”.

Si bien una solicitud de acceso a la información no es una nota, sí es lo que a nosotros nos da pistas para hacer grandes revelaciones como lo fue la Casa Blanca, la Estafa Maestra, los reportajes de feminicidios y el caso Odebrecht que, sin la transparencia que existe no se podría obtener esa información, seguiría en las sombras, señala Duŕan.

Miriam Castillo, reportera de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, coautora del libro La Estafa Maestra graduados en desaparecer el dinero público. Premio Ortega y Gasset 2018.

“El INAI no solamente defiende la información o la calidad de ella que recibimos vía información pública sino todo este concepto de tener acceso a los registros gubernamentales y a una especie de auditoría que podemos hacer a las dependencias, es decir, no es solamente lo que podemos preguntar a las dependencias sino toda la información que se genera y el espíritu de hacerla completamente transparente”.

La periodista que ha participado en investigaciones internacionales como The Implant Files y FinCen Files considera que la desaparición del órgano autónomo provocaría un retroceso en el ejercicio del periodismo de aproximadamente unos 20 años.

Silber Meza, periodista en temas anticorrupción, transparencia y defensa de derechos humanos. Premio Nacional de Periodismo 2015.

“Tendría un impacto tremendo (ii la idea de AMLO se concreta) para mal, porque buena parte del periodismo de investigación actual en México tiene que ver con el uso, el ejercicio del derecho a la información pública, y el INAI justo entra para ser un contrapeso de la opacidad que permea en las instituciones públicas de cualquier gobierno. Con todo y que no es perfecto, tiene defectos, la gran mayoría de sus resoluciones son a favor de los inconformes. Esto sería un golpe directo al derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos y también un golpe tremendo al periodismo de investigación, el que le es incómodo a los gobiernos de México”, puntualiza Silber Meza, quien junto con Zorayda Gallegos logró la desclasificación del expediente del caso Ayotzinapa, cuya información publicada les llevó a obtener el Premio Nacional de periodismo en 2015 y permitió que otros ciudadanos o reporteros pudieran consultarlo. El papel del INAI en el proceso fue definitivo.

Por ello, afirma Meza, es es una mala decisión su desaparición. Si, la absorbe la función pública sería el gobierno mismo, el que niega regularmente la información. Ya no habría un contrapeso contra esas decisiones del gobierno de mantener la opacidad, entonces sería de verdad una regresión de 20 30 años a las luchas civiles, periodísticas, democráticas, en este país.

Nayeli Roldán, reportera de Animal Político y coautora del libro La Estafa Maestra: graduados en desaparecer el dinero público. Premio Nacional de Periodismo y Premio Ortega y Gasset

“La desaparición del INAI por supuesto que tendría un impacto importantísimo en el periodismo de investigación, pero sobre todo en el acceso al derecho a la información pública que eso es para todos los ciudadanos, entonces se estaría negando esa posibilidad sobre todo porque ese organismo es un triunfo ciudadano desde el sexenio de (Vicente) Fox, la sociedad civil impulsó su creación y poco a poco se ha ido avanzando”.

Si esta facultad pasara a la SFP prácticamente estaríamos retrocediendo décadas de avance en la transparencia porque no se podría pedir que el gobierno fuera juez y parte porque, de hecho, la misma SFP tiene la obligación de dar a conocer la información que se le solicite y también la ha negado, afirma Nayeli Roldán. “No podríamos garantizar que desmantelando una institución como el INAI, la SFP podría hacer ese trabajo”.

Daniel Lizárraga. Investigaciones periodísticas en Expansión, coautor del libro La Casa Blanca de Peña Nieto. Premio Gabriel García Márquez 2015, Premio COLPIN 2015 y Premio 2016 ICFJ.

“El impacto que podría tener es fuerte, duro, sobre todo en las investigaciones cuya columna vertebral es sacar a la luz pública algo novedoso que, tenga que ver con el acceso completo a expedientes o documentos en manos del gobierno porque, en general, siempre hay resistencias internas a dar a conocer los documentos y, cuando así sea es muy complicado que ellos tengan la última palabra”.

El acceso a la información, en cualquier sociedad democrática, “es un derecho ciudadano que no puede estar controlado”, o por lo menos, no puede estar la última instancia en manos del gobierno, enfatiza Daniel Lizárraga.

Lilia Saúl, periodista fundadora de el área Periodismo de Datos de El Universal México. Premio Ortega y Gasset 2016. 

“El presidente de México no está teniendo en cuenta que el derecho de acceso a la información, ya no solamente tutela el obtener información o documentos del gobierno mexicano, del gobierno federal, sino también de otras instancias que ya no son competencia del gobierno federal o del poder Ejecutivo, estamos hablando del poder legislativo, del poder judicial, estamos hablando de sindicatos o incluso los fideicomisos”.

Lilia Saúl destaca que es un problema muy importante, porque muchas de estas instancias se han resistido a entregar información argumentando que no eran sujetos obligados, ahora sí lo son y, por lo tanto, tienen que entregar la información y si no lo entregan el INAI es quien tutela este derecho para obtener o recibir la información.

Daniela Barragán, reportera de Sin Embargo. Premio Buenas prácticas en el uso de la información del Coneval 2018.

“A pesar de que tiene muchas fallas, creo que el INAI ha evolucionado, por ejemplo, al incluir sujetos obligados como municipios, partidos políticos y sindicatos que, pues a pesar de que, por ejemplo, el sindicato de Pemex aunque es sujeto obligado no te responde nada, por lo menos, yo en mi trabajo siempre busqué exhibir las respuestas absurdas de las oficinas y dependencias”, dice la periodista. También señala que no cree que de la noche a la mañana la Función Pública con el presupuesto de austeridad que tiene vaya a ofrecer un gran órgano de transparencia.

Efraín Tzuc, investigador en Quinto Elemento Lab y colaborador de adondevanlosdesaparecidos.org 

La función del INAI tiene que realizarse de una manera autónoma, como un contrapeso democrático, ahí no hay de otra, la única forma de generar confianza en las y los ciudadanos y de manera específica en los periodistas es con un órgano que esté separado de la estructura de gobierno, dice el investigador. 

“Su incorporación a una secretaría de Estado se traduciría en una total desconfianza sobre el mecanismo, ¿por qué confiaríamos en que una secretaría de estado obligaría a otra a entregar información que puede ser sensible cuando tienen el mismo jefe? y,  sin duda, podría generarse un uso faccioso en contra de los otros poderes del estado, me refiero al poder legislativo y judicial”.

Nadia Sanders, reportera e investigadora de la organización Causa en Común. 

“Sin el INAI se eliminaría la posibilidad de exigir a las secretarías de estados y gobiernos locales que rindan cuentas sobre información que debe ser pública. Y gran parte del periodismo de investigación no sería posible, básicamente porque los gobiernos no cumplen con sus obligaciones de transparencia”. 

De los trabajos realizados por la periodista, con apoyo en la vía de la transparencia, destaca el dedicado al registro de escuelas primarias dañadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, que realizó con Irene Larraz y el apoyo de Connectas. “Ni la Secretaría de Educación Pública ni la Autoridad Federal Educativa en la Ciudad de México, ni el gobierno de la ciudad, ni los gobiernos de los estados… Nadie era capaz de responder cuántas escuelas resultaron dañadas. Todos se decían incompetentes”.

Pablo Ferri, periodista de El País México. Premio Nacional de Periodismo 2013, Ortega y Gasset 2014 y Pen México 2015. Coautor del libro La Tropa. ¿Por qué mata un soldado?

El reportero de origen español radicado en México, dice que parte del trabajo de cadenademando.org, que realizó con Daniela Rea y Mónica González, tiene que ver con información que obtuvieron de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), vía solicitudes de información, mismas que varias veces les negaron en primera instancia, pero que pudieron pelear gracias a los recursos que prevé el INAI.

“El hecho de que (el INAI) estuviera bajo las alas de la función pública implicaría que dependería de los intereses políticos del gobierno en turno, lo cual es preocupante. Parece que el gobierno actual, en concreto el presidente, no se da cuenta de que las buenas disposiciones de sus funcionarios para supuestamente, trasparentar las actividades del gobierno, no van a ser para siempre, en el caso de que ahora sí lo sean, lo cual me parece un poco ingenuo por su parte”.

Wendy Selene Pérez, reportera, editora y columnista. Premio Nacional de Periodismo 2020.

Lo que está proponiendo el presidente López Obrador es desaparecer no una institución sino dejar sin legalidad un derecho. Un derecho elemental en una sociedad democrática que fue peleado con fuerza por la sociedad civil y que se logró en el sexenio de Vicente Fox. La SFP depende del poder Ejecutivo, no es un órgano autónomo, y no puedes ser juez y parte. No se puede confiar el valor tan grande de la información pública y la protección de datos personales a una institución que ni siquiera es capaz de rendir cuentas de sí misma, subraya Pérez.

“Desde que llegó López Obrador al poder comencé a notar como las respuestas de las peticiones tenían más trabas e incluso algunas eran más indolentes, algunas de la misma presidencia y de la Secretaría de Gobernación en temas de derechos humanos. Negación tras negación. Pelea tras pelea con recursos de revisión que siguen sin surtir efecto. No creo en las buenas intenciones del presidente cuando dice que en 72 horas tendríamos información pública solicitada”.