Morena y PRI encabezan lista de personas violentas contra las mujeres

En México la violencia contra las mujeres se utiliza como arma política en procesos electorales, ejercer el poder y hacer campañas. A sólo cuatro meses de que millones de electores acudan a las urnas, datos del Instituto Nacional Electoral (INE) revelan que 19 candidatos enfrentan procesos por “violencia de género” y se encuentran inhabilitados para buscar cargos públicos. A pesar de lo visto y escuchado en las últimas semanas, Félix Salgado Macedonio no se encuentra entre los sancionados pese a las 5 denuncias públicas por el delito de “violación”.

Pero es su partido, y el del presidente Andrés Manuel López Obrador, el que lleva la delantera a nivel nacional.

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Según datos del “Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres”, los militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezan el inventario de infractores que no podrán competir el proceso electoral 2021.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE reveló en una reciente entrevista con La Lista, que las denuncias crecen día con día conforme se acerque el proceso electoral. “Hoy estamos alrededor de 30 personas que están en este registro [será renovado hasta abril], que no pueden ser candidatas ni candidatos y digo candidatas. Y lo digo porque también hay mujeres. En el caso de Campeche, por ejemplo, tenemos cinco registros de los cuales tres son mujeres”, expuso.

En el listado que será publicado en el próximo mes, se incluirá a Julio César Moreno, alcalde de Venustiano Carranza en la Ciudad de México por el partido Morena, y Eduardo Santillán, precandidato a la alcaldía de Álvaro Obregón en la capital mexicana también por el mismo instituto político. Moreno recientemente pidió licencia para ausentarse de sus obligaciones por un periodo de 93 días. A él se le ha señalado por emprender campañas negativas contra sus adversarios.

Por el momento, los datos existentes señalan que Campeche, Veracruz y Quintana Roo, concentran el número de denuncias que se reparten entre 9 estados de la República, a decir del “3 de 3” para medir los índices de violencia contra las mujeres. Dicho registro revela la existencia de personajes que han desfilado por diversos cargos públicos y ocupaciones. Por ejemplo: regidores, presidentes municipales, funcionarios públicos, funcionarios de partido e incluso periodistas, quienes aspiran al poder en 2021 o apoyan algún candidato.

Uno de los casos ya documentados es el de las militantes de Morena, Blanca Guadalupe Lizzete Uc Martínez, María Del Carmen Molina Chable y Mildred del Jesús Can Hernández, a quienes el Tribunal Electoral del Estado de Campeche inhabilitó para contender por cargos públicos. Cercanas a Alfonso Ramírez Cuéllar, exdirigente de dicho a nivel nacional, las autoridades electorales les encontraron culpables de “actos de violencia política en razón de género” contra otra miembro de su partido.

La denuncia fue presentada por Patricia León López, secretaria general de Morena en Campeche, quien encontró audios de WhatsApp y mensajes en redes sociales. En ellos las tres mujeres llamaron “mentirosa”, “mafiosa”  y “traicionera” a la dirigente partidista, quien semanas antes destapó a Layda Sansores, precandidata al gobierno de dicho estado. León López denunció que los mensajes incitaban al odio, “generando de igual forma violencia”, en la que buscaban expulsarle del partido. El tribunal campechano le dio la razón.

Uc Martínez, Molina Chable  y Can Hernández, aspiraban a ocupar puestos dentro de los órganos colegiados del partido, así como la repartición de candidaturas ante el arrastre político de Sansores.

Otro caso es el que protagonizaron Merced Ortiz Mayo, Ángel Antonio Ortiz Franco y Cristian Alberto Ojeda Chuc, vinculados al PRI en Quintana Roo. A decir del Tribunal Electoral de Quintana Roo, los tres personajes que aspiraban a ocupar cargos públicos, fueron encontrados culpables de emprender una campaña de desprestigio y ejercer “violencia de género”. La sanción se enfocó especialmente contra Ortiz Mayo, quien se desempeña como director de Protección Civil de Isla Mujeres, quien se dice cercano municipal Juan Carrillo y aspiraba al cargo de diputado por el I distrito local.

El tribunal les encontró culpables de distribuir volantes con la imagen de una mujer que promovía la prostitución y cuyo número telefónico correspondía al de contra Atenea Gómez Ricalde, entonces candidata a diputada por el Partido Acción Nacional (PAN). La Magistrada Claudia Carrillo Gasca, ponente en este asunto, destacó que este es el primer caso de Violencia Política contras las Mujeres en Razón de Género en resolver el Tribunal Electoral de Quintana Roo, informó el medio de comunicación local El Quintanarroense.

En el listado aparecen también aparecen el hoy preso Alejandro Ochoa Valencia, expresidente municipal de Colón, Querétaro, por el PAN, quien en el pasado se ostentó como amigo de Mauricio Kuri González, el “Zar de los Casinos”, Francisco Javier Rodríguez Borgio y Diego Fernández de Ceballos.

Violencia que no cesa

El “Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres”, sólo cuenta los casos que han sido judicializados por un tribunal electoral o federal. No obstante, existe un universo de denuncias que no ha llegado a dichas instancias y se han quedado en redes sociales, convertidas en un vertedero de violencia de género.

Un caso reciente sucedió el pasado 8 de marzo.

Verónica González, aspirante a diputada por el distrito XV de la Ciudad de México por el partido Morena, acosó por redes sociales a la reportera del portal de información Emeequis, Alejandra Crail. “Si yo fuera familiar de alguna de las policías a las que hoy las fakeministas, intentaron quemar vivos, una de las primeras personas a las que demandaría por intento de homicidio sería a @AleCrail”, escribió en sus redes sociales.

En el mensaje adjunto imágenes del rostro de la periodista, quien cubría la marcha del 8 de marzo en el zócalo capitalino y recibió gases lacrimógenos.

Posteriormente, González se quejó de la respuesta que dio a conocer Emeequis y la Red Rompe el Miedo, quienes llamaron a detener la campaña de desprestigio contra Crail. Los seguidores de la aspirante a diputada señalaron que la reportera participó en los conatos de violencia que se dieron entre las fuerzas policiacas y los colectivos feministas. La morenista originaria de la alcaldía Benito, continuó alentándolos durante la noche del lunes pasado.