La CEAV reduce 80% el presupuesto para atender la salud de víctimas y sus familias

Araceli Salcedo asegura que el dolor por la desaparición de su hija, Fernanda Rubí, la ha consumido poco a poco. Para ella, que pasa gran parte de sus días en ministerios públicos y fosas clandestinas, el tiempo se ha convertido en una losa.

Fernanda desapareció el 7 de septiembre del 2012 en Orizaba, Veracruz. Ante la inacción de las autoridades, Araceli ha recorrido todo el estado para encontrarla; sin embargo, más de ocho años después, reconoce que esta labor de búsqueda e investigación ha tenido repercusiones en su salud.

La consecuencia más grave, dice, es el cáncer de garganta que le diagnosticaron en el 2020. Para poder atenderse, Araceli pidió ayuda a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pero ahí negaron que su enfermedad pudiera estar relacionada con la desaparición de Fernanda, por lo que tuvo que acudir a organizaciones sociales y otros familiares de víctimas para recaudar dinero y financiar su operación.

Hace un mes, Araceli y otras 10 personas con problemas de salud llevaron su caso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El organismo nacional analizó sus expedientes y ordenó a la CEAV dar atención médica a los quejosos, aunque eso no ha sido cumplido por la dependencia.

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La comisión ejecutiva, que tiene entre sus obligaciones entregar apoyos económicos para la atención de la salud de las víctimas y sus familias, ha reducido de manera drástica su presupuesto para ese fin.

Datos obtenidos por La-Lista a través de una solicitud de acceso a la información revelan que durante el 2020 la CEAV destinó 1,598,577 pesos en gastos médicos para las víctimas, tratamientos terapéuticos y medidas de rehabilitación, mientras en 2019 por estos mismos conceptos gastó 8,316,378 pesos, es decir, 80% más recursos.

En 2019, la comisión ejecutiva otorgó sus recursos a 361 personas, en 2020 fueron 64 y para este 2021 no parece que las cosas vayan a mejorar: hasta el mes de abril entregó 28,611 pesos únicamente a tres personas.

Aunado a la reducción presupuestal, según la página Nómina Transparente de la Secretaría de la Función Pública, en la CEAV solo hay 37 trabajadores en el área de psicología y 12 en el área médica para brindar atención a las 42,617 personas que se encuentran en el Registro Nacional de Víctimas.

“Cómo es posible que a pesar del gran trabajo que le hacemos al gobierno en materia de búsqueda no tengamos garantizado ni siquiera un sector salud, yo no quiero un privado, pero sí un sector salud del gobierno para que nos den atención de inmediato”, critica Araceli, quien después de ejercer presión y con ayuda de las autoridades de salud de Veracruz pudo acceder a un tratamiento en el Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México.

Araceli es la fundadora del Colectivo Familias Desaparecidos Orizaba-Córdoba con más de 300 integrantes, entre los que se encuentran personas que han desarrollado hipertensión, diabetes e incluso cuatro mujeres han fallecido por este tipo de enfermedades.

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La madre de Fernanda argumenta que estos malestares se desarrollaron en sus compañeras a raíz de la desaparición de sus seres queridos. Esta postura es respaldada por Itzel Hernández, abogada de la organización I(dh)eas, quien acompaña legalmente a las 11 personas que acudieron a la CNDH hace un mes para interponer una queja.

“A partir de que ocurre la violación a derechos humanos, para los familiares comienza un deterioro tanto en el tema de la salud como el económico. Ellos dejan sus empleos para comenzar a atender el tema de la búsqueda e investigación y la CEAV no les brinda el apoyo, además de que priorizan el asunto del acceso a la justicia por encima de su salud”.

‘Antes no estaba en una tristeza constante’

Itzel Hernández sostiene que los familiares de víctimas sí pueden desarrollar enfermedades derivadas de las vulneraciones que sufren y cita un documento elaborado por la Comisión de la Verdad de Ecuador, creada en 2007 por el expresidente Rafael Correa para esclarecer los hechos de violencia política ocurridos entre ese año y 1984.

En el informe ‘El impacto psicosocial de las violaciones de derechos humanos en el Ecuador’, la Comisión de la Verdad señala que las víctimas directas del delito de tortura, por ejemplo, viven con secuelas el resto de su vida, así como sus familiares que enfrentan cuadros de estrés, sufrimiento, ansiedad, nervios, envejecimiento prematuro y, en casos más graves, afectaciones respiratorias y cardiovasculares.

“Muchas de estas consecuencias no son solo fruto de los hechos traumáticos denunciados por las víctimas o familiares. También son parte de las numerosas consecuencias y situaciones estresantes que las víctimas y familiares han sufrido en sus esfuerzos por obtener justicia o conocer la verdad de los hechos”, dice la Comisión de la Verdad.

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Araceli comparte su propia experiencia. “Antes yo era feliz, no estaba en una tristeza constante, en una depresión callada, cuando te pasa algo como esto lo que haces es callar, reprimirte en llorar y expresar muchas cosas porque necesitas verte fuerte ante la familia, yo tengo otros hijos y unos nietos que necesitan ver a su mamá fuerte.

“Yo tengo noches sin dormir en las que berreo, pataleo y grito de dolor, de tanta tristeza, de todo lo que te carcome el alma y al otro día me levanto y tengo que aparentar. Todas esas afectaciones las vas cargando y es algo que te va consumiendo poco a poco. Por fuera, la gente nos podrá ver sonreír a veces, pero por dentro sangramos de dolor”.

CEAV, a la deriva

Mientras miles de víctimas directas e indirectas claman por ayuda al gobierno, la CEAV se mantiene a la deriva. En el actual sexenio, los dos titulares que han estado al frente de la dependencia (Jaime Rochín y Mara Gómez) renunciaron por no estar de acuerdo con la política de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El 2 de junio del 2020, la CEAV –en ese entonces bajo el mando de Mara Gómez– emitió un comunicado de prensa donde advirtió que el mandato presidencial de recortar el 75% del presupuesto destinado a materiales, suministros y servicios generales “paralizaría” el funcionamiento de la dependencia. 

Por otra parte, el año pasado los legisladores de Morena aprobaron la desaparición de 109 fideicomisos, entre los que estaba el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación (FAARI) que se utilizaba para atender a quienes han sufrido alguna violación a los derechos humanos.

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El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ha señalado que el gobierno federal está comprometido con la atención de las víctimas; sin embargo, afuera de la Secretaría de Gobernación se han instalado varios plantones de personas afectadas que acusan la desatención por parte de la CEAV.

También la recepción de la Comisión Ejecutiva fue tomada el año pasado por familiares de víctimas de desaparición en Tamaulipas, quienes siguen acusando que sus demandas no han sido cubiertas por la dependencia.

Araceli se une a ese reclamo y exige a la CEAV que le garanticen a ella y todas las víctimas una atención a la salud digna. “No me quiero morir sin saber dónde está mi hija”.