Denuncian represalias contra defensores que luchan contra la granja porcina en Yucatán

Organizaciones civiles denunciaron que el gobierno de Yucatán tomó represalias en contra de los habitantes de Homún al clausurar tres paradores turísticos, fuente de ingresos de la comunidad que lucha contra la operación de una granja porcícola.

El pasado sábado 22 de mayo, la Secretaría de Salud de Yucatán junto con la Secretaría de Seguridad Pública clausuraron los paradores en el pueblo maya Homún por supuestamente incumplir con medidas sanitarias. Los cierres se dieron dos días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que las operaciones de la granja de Grupo Porcícola Mexicano (Kekén) debían permanecer frenadas hasta que se resuelva el juicio de amparo en contra de su instalación.

Desde 2016, los integrantes de la comunidad ubicada en la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes han denunciado que los permisos para instalar la granja se obtuvieron de manera irregular y que su operación representa una amenaza a su modo de vida y a su fuente de ingresos: el ecoturismo de cenotes, ante la filtración de los desechos de los cerdos a su agua.

Sin embargo, no fue hasta 2018 que se suspendieron las actividades, cuando la juez Miriam de Jesús Cámara Patrón otorgó su suspensión provisional a partir del amparo promovido por seis niños y niñas de Homún.

La organización Indignación, que asesora a la comunidad, recordó que hace dos años, durante una mesa de diálogo, la empresa les advirtió: “Si quiero les mando a cerrar los cenotes”, por lo que la clausura es leída como el cumplimiento de la advertencia.

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Alberto Velázquez Solís, representante del grupo Indignación dijo a La-Lista, que la acción del gobierno del estado está ligada directamente a la lucha legal y en las calles del pueblo maya en contra del establecimiento de la fábrica porcina y no con un tema de salubridad: “qué casualidad que aparecen por diferentes mecanismos estas clausuras”.

La organización advirtió que el operativo podría derivar en la criminalización contra defensoras y defensores del medio ambiente y los derechos de los pueblos que, de acuerdo con su integrante, se han replicado en diferentes comunidades.

“No solo (en defensa) del medio ambiente, del agua, de la salud, sino también de su derecho a la libre determinación como pueblo maya”, explica el activista.

Las muestras de solidaridad comenzaron a llegar: el colectivo kanan ts’ono’ot paralizó sus actividades del 25 al 27 de mayo, como una muestra de apoyo a sus compañeros.

“Sabemos que nuestra lucha contra la megagranja mueve intereses económicos y políticos fuertes, ojalá también el gobierno decidiera realizar una vigilancia estricta a los permisos y salubridad de las granjas de cerdos en Yucatán. Así tal vez empecemos a creer que no fue una represalia por oponernos a sus intereses”, reclamó en un comunicado.

Esta organización también ha padecido las clausuras. En 2018, mientras el pueblo de Homún cerraba simbólicamente la fábrica, un equipo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) puso sellos en los cenotes de los cinco miembros de la coordinación de Kanan Ts’ono’ot.

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