Artículo 19: ‘El mecanismo de protección a periodistas nunca ha sido prioridad de los gobiernos’

Gustavo Sánchez Cabrera se unió a la lista de los 139 periodistas que han sido asesinados en posible relación con su labor del año 2000 a la fecha en México, cuando hombres armados abrieron fuego contra él mientras viajaba en motocicleta con su hijo, cerca del municipio de Morro Mazatán, en Oaxaca, el pasado jueves 17 de junio.

Su caso levanta cuestionamientos sobre la eficacia de la aplicación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ya que, al momento de su asesinato, el periodista especializado en cobertura de notas policiacas y política local estaba a la espera de recibir medidas de protección otorgadas por el mecanismo al que pidió reincorporarse en enero de 2021, luego de ser parte en 2014 y haber sido dado de baja del programa.

Lo ocurrido el 17 de junio no fue la primera agresión en su contra. En julio de 2020, Sánchez Cabrera fue víctima de un intento de asesinato en su domicilio. Entonces, la fiscalía de Oaxaca emitió una orden de aprehensión contra Esteban de la Cruz Lagunas, quien fue identificado por el periodista como familiar de dos agentes de la autoridad municipal. Dicha orden nunca llegó a ejecutarse.

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El pasado 1 de junio, el mecanismo le notificó al periodista sobre la validación del dispositivo de protección que se le aplicaría y que incluía vigilancia frente a su casa, escoltas para sus viajes y préstamo de chaleco antibalas. Sin embargo, dichas medidas nunca llegaron, aunque él pudo haber recibido protección desde enero, cuando avisó sobre amenazas en su contra, detalla en entrevista para La-Lista Balbina Flores, representante en México de la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), con quien el periodista se acercó para pedir apoyo por la tardanza en la aplicación de sus medidas de protección.

“Desde el primer momento en que un periodista que está en riesgo o un defensor solicita la protección del mecanismo, este le debe otorgar medidas urgentes en un término de ocho a nueve horas, independientemente del análisis de riesgo”, indica Flores, quien hasta el momento del asesinato no dejó de exigir al mecanismo que agilizara el proceso en el caso del periodista y director del medio digital Noticias Minuto a Minuto.

Fallas en la aplicación del mecanismo

El mecanismo federal, con el objetivo de proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, está compuesto por nueve miembros: un representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), uno de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y cuatro personas del Consejo Consultivo (dos periodistas y dos defensores).

Después de que el periodista o defensor de derechos humanos contacta al organismo, este hace una entrevista inicial para determinar el nivel de riesgo y decidir su incorporación al programa. Posteriormente, se hace una evaluación de riesgo que determina el plan de protección, que se aprueba en una reunión posterior, para implementar las medidas. El proceso normalmente tarda un mes, pero en el caso de Gustavo Sánchez se alargó por lo menos cinco meses.

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El hecho pone en relieve posibles fallas en el protocolo de aplicación del mecanismo para resguardar la protección de quienes buscan su ayuda, sobre todo cuando hay 12 periodistas asesinados de 2012 a la fecha que formaban parte de algún mecanismo local o federal de protección, dice vía telefónica Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, organización que documenta el asesinato de Sánchez.

“El mecanismo fue creado a nivel federal hace ocho años y nunca ha desarrollado todo su potencial porque le falta personal, capacidades, presupuesto, recursos logísticos, es decir, no ha sido prioridad para ninguno de los gobiernos, ni Calderón, ni Peña Nieto, ni ahora (con López Obrador)”, señala Maldonado.

A esto se agrega que el análisis de riesgo no siempre coincide con las medidas que se otorgan ni responde a las necesidades reales de riesgo, según Flores.

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Aurelio Contreras Moreno, periodista que reside en Veracruz y que ingresó al mecanismo de protección en 2016, luego de denunciar públicamente y ante la fiscalía del estado amenazas en su contra emitidas por el empresario de medios José Abella García, indica que las medidas aplicadas no garantizan una sensación de seguridad.

“Me ofrecieron que el estado me pusiera escoltas y digo: si es el mismo estado el que me agrede, yo para qué quiero policías”, relata a La-Lista.

Agrega, además, que existe una tendencia en la que el mecanismo busca quitar medidas otorgadas a periodistas como respuesta a los recortes de presupuesto que ha sufrido. “Lo que quieren es quitarlas a los más que se pueda (…), no están buscando hacer eficiente nada, lo que quieren es dejar de gastar“.

Permiso para agredir

Leopoldo Maldonado asegura que el nivel de impunidad en los casos de violencia contra la prensa se reflejan como una carta en blanco para seguir con las agresiones. Entre septiembre de 2010 y agosto de 2020, el Consejo de Protección a Periodistas (CPJ) registró 26 asesinatos de estos profesionales que quedaron impunes.

Además, desde la palestra presidencial se estigmatiza a la prensa, situación que muchos actores políticos locales interpretan como un permiso para agredir, indica.

La organización Artículo 19 espera que en el caso de Gustavo Sánchez se lleve a cabo una investigación exhaustiva, que se garantice protección a su familia y a su entorno inmediato, y que haya una identificación y sanción de los responsables, así como una revisión a fondo de la necesidad de una política pública integral de protección a periodistas.

“Tenemos demasiadas preguntas, vamos a pedirlas al mecanismo ahora, también pediremos información a la fiscalía del estado sobre qué fue lo que pasó”, asegura Flores.

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El mecanismo, por otra parte, condenó el asesinato del periodista y ratificó su compromiso para garantizar su fortalecimiento, además de indicar que se solicitó la intervención de la CNDH para que revise la actuación de todas las autoridades involucradas en el caso.

Asimismo, la Fiscalía de Oaxaca informó que inició una carpeta de investigación e insistió en su compromiso “de garantizar justicia y respeto a los derechos humanos de quienes ejercen la actividad periodística”.