Lozoya dice que no se dio a la fuga y que fue un instrumento
El exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya acudió a comparecer al Reclusorio Norte este 3 de noviembre, en la Ciudad de México. Foto: EFE/Madla Hartz

En un intento por evitar la prisión, el exdirector de Pemex Emilio Lozoya dijo juez de control del Reclusorio Norte que no se dio a la fuga y que sólo fue un instrumento, a pesar de ser acusado por recibir sobornos de millones de dólares en medio del caso Odebrecht, la mayor trama de corrupción en México y América en los últimos años.

Ante el juez de control, el exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto, quien enfrenta cargos por asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, negó que haya intentado fugarse y que eso es parte de versiones para intentar culparlo a él de los delitos que cometieron otras personas.

Luego de 15 meses de llevar su proceso en libertad, Emilio Lozoya fue encarcelado este miércoles en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, en prisión preventiva justificada, por riesgo de fuga.

En una audiencia que duró poco más de cinco horas, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió al juez de control la prisión preventiva justificada, por contar con datos de prueba que apuntan a una cuenta bancaria con 2 millones de euros, presuntamente a disposición de Lozoya, y con los cuales podría huir, así como una red familiar, principalmente su esposa, que vive en Alemania, con poder económico para ayudarlo a evadir la justicia.

Los representantes de la fiscalía acusaron al exfuncionario de alargar el proceso para evitar la prisión a través de la solicitud del criterio de oportunidad, a la cual se había acogido Emilio Lozoya en 2020 y que lo había librado de pisar la cárcel.

Señalaron que este criterio no cubre la reparación del daño causado a la Hacienda pública, el cual asciende a siete millones 385 mil dólares.

Después de 15 meses, la Fiscalía ve riesgo de fuga

Alrededor de las 9:30 horas, una camioneta negra de lujo llegó al juzgado federal del Reclusorio Norte. En ella viajaban Emilio Lozoya Austin, su madre, Gilda Margarita Austin, también acusada por asociación delictuosa y operaciones con recursos ilícitos, los abogados Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas, así como sus escoltas.

El exdirector de Pemex se cubrió el rostro por la presencia de reporteros, camarógrafos y periodistas, pero los guardias del penal no permitieron que el vehículo ingresara y pidieron a los pasajeros que entraran caminando.

A empujones, Emilio Lozoya cruzó la barrera de periodistas y pisó por primera vez el Reclusorio Norte desde que enfrenta cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.

Era la primera vez que Lozoya pisaba el reclusorio tras ser extraditado de Málaga, España, el 17 de julio de 2020, cuando se le impuso el retiro del pasaporte, la portación de un brazalete de geolocalización y que acudiera a firmar de manera periódica ante el Poder Judicial de la Federación.

En ese momento, la Fiscalía no solicitó la prisión preventiva justificada a cambio de que Lozoya colaborara con ellos para denunciar a otros funcionarios que se beneficiaron de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht acogiéndose al recurso de criterio de oportunidad. Así, pasaron 15 meses en los que gozó de llevar su proceso en libertad.

Sin embargo, las fotografías de Emilio Lozoya cenando un pato laqueado en el exclusivo restaurante Hunan, en Lomas de Chapultepec, el pasado 9 de octubre fueron un punto de quiebre en el manejo del caso por parte de la FGR.

Este miércoles, el hecho revelado por la periodista Lourdes Mendoza en sus redes sociales fue parte de la argumentación de la FGR para solicitar la prisión preventiva justificada contra el exdirector general de Pemex.

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Una de las fotos de Emilio Lozoya que causó indignación. Foto: Twitter @lumendoz

Las actitudes de Lozoya fueron “una absoluta falta de respeto y una provocación a las autoridades”, dijo Víctor Manuel Hernández, asesor jurídico de Pemex en la audiencia de este miércoles.

Manuel Granados Quiroz, fiscal de asuntos especiales, dijo que Lozoya tuvo “poco pudor procesal” al acudir a cenar a un restaurante de lujo mientras está sujeto a una proceso penal, lo que evidencia su creencia de saberse impune. “Él se sabía impune hasta este momento”, dijo el representante de la FGR.

El abogado del exdirector de Pemex, Miguel Ontiveros, respondió al fiscal que “el tener dinero no debe ser motivo de discriminación”, a lo que Víctor Manuel Hernández dijo que ojalá a él lo “discriminaran por ser millonario”.

Luego de aclarar que la prisión preventiva justificada no significaba la culpabilidad del imputado, el juez Artemio Zúñiga ordenó modificar las medidas cautelares y dejar a Lozoya en prisión. Su madre, Gilda Margarita Austin regresó a cumplir la prisión domiciliaria que tenía, hasta la nueva audiencia del 3 de diciembre, fecha que designó el juez para que se cierre la etapa de investigación.

El juez Zúñiga no consideró la cena de Emilio Lozoya en el restaurante Hunan como un elemento para justificar la prisión preventiva, pero aceptó que sí existe una capacidad económica, una red familiar y un momento distinto en el proceso. A estos elementos se suma la pena máxima de 35 años de cárcel que podría alcanzar el exdirector de Pemex, y que, en conjunto, configuran un riesgo elevado de fuga.

Emilio Lozoya fue escoltado hasta el interior del Reclusorio Norte por un elemento de la Guardia Nacional, donde está el único detenido en México, por el caso de corrupción más grande en América, el caso Odebrecht, el exsenador José Luis Lavalle. El juez pidió que mantengan separados a ambos presos.

Juez sólo autoriza 30 días a la defensa de Lozoya para obtener pruebas

Los abogados de Emilio Lozoya y su familia, Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas, solicitaron al juez de control una nueva ampliación del plazo por 60 días para conseguir las pruebas del Convenio de Colaboración Número 5 con las declaraciones de Luis Alberto Meneses Weyll, exdirectivo de la constructora Odebrecht, el cual ya fue solicitado a las autoridades de Brasil, de acuerdo con María Luisa Zúñiga Rojas, fiscal de la FGR en la audiencia.

El juez del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga, sólo autorizó un ampliación de 30 días e hizo énfasis en que no permitiría más solicitudes de ampliación, ya que retrasa el proceso del caso. Las representaciones legales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de Pemex coincidieron con esto. “Si atendemos a sus argumentos este proceso se haría interminable”, expresó el representante de la UIF.

Al concluir la audiencia, la defensa de la familia Lozoya anunció que impugnará la decisión del juez y que el Lozoya seguirá colaborando con las autoridades de la FGR.

“Lo anterior, en el marco del criterio de oportunidad solicitado antes de su arribo a territorio nacional, el cual se traduce en una colaboración sólida y permanente con las instituciones vinculadas al sistema de justicia penal y la Presidencia de la República”, difundieron en un comunicado.

Nota editorial: esta nota fue actualizada de la versión original

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