La violencia armada y familiar afectaron a niños, niñas y adolescentes
Ilustración: Majito/La-Lista.

Las medidas de sana distancia y aislamiento por Covid-19 no pararon la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en México. Las calles y los hogares representaron un peligro para los menores de edad en 2021.

De enero a noviembre de 2021, 2 mil 240 menores de 17 años fueron asesinados en el país, de los cuales 728 fueron ejecutados con arma de fuego, indica el “Balance Anual de la Red por los Derechos de la Infancia en México” de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim). El incremento entre 2020 y 2021 en homicidios de niños y niñas fue de un 2.7%.

“La sindemia generada por la pandemia de COVID-19 y las inequidades sociales agravó las tensiones desde los hogares, y paradójicamente fortaleciendo al crimen organizado que alcanzó todos los otros espacios posibles de su de desarrollo y convivencia para niñas, niños y personas jóvenes”, explica el informe de Redim.

La violencia contra niñas también registró un incremento, pues de acuerdo con el balance de Redim, del 1 de enero al 5 de diciembre de 2021, 12 mil 918 personas menores de 17 años fueron atendidas en hospitales del país por ser víctimas de violencia familiar, de las cuales el 88% eran niñas y mujeres adolescentes. 

Por violencia sexual, durante el mismo tiempo, 6 mil 814 menores de edad acudieron a un hospital y el 92%de ellos fueron niñas y mujeres adolescentes.

El incremento en los delitos cometidos contra menores de edad es producto del incumplimiento de compromisos adquiridos por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal (SSC) en la estrategia para la protección de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia armada, de acuerdo con Redim.

En el informe “Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México”, de septiembre de 2021, se advirtió que existen factores de riesgo que hacen más vulnerables a menores de edad a ser víctimas de reclutamiento o utilización por parte del crimen organizado, como presenciar conductas violentas en el entorno familiar, abandono escolar, pobreza, migración, contacto con personas ligadas a una actividad delictiva o consumo drogas ilegales.

En 2020, el número de población infantil que cuentan con alguno de estos factores de riesgo fue de 145 mil a 250 mil niños, niñas y adolescentes.

El Plan de Acción de la estrategia para la protección de menores frente a la violencia armada, tiene cuatro líneas a cumplir, entre ellas, se encuentra la creación del Observatorio para la Prevención del Reclutamiento, mecanismo que será utilizado para prevenir que los infantes sean cooptados por grupos del crimen organizado. 

Otra acción es la capacitación de la Guardia Nacional en materia de violencia contra la infancia, como violencia familiar, trata de personas y feminicidios y la creación del Protocolo de Actuación para la investigación ministerial, policial y pericial en los casos de delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes, el cual aún no está listo.

En febrero de 2021, el Grupo de Trabajo para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ante la Violencia Armada realizó la primera reunión con la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al frente de la junta, en la que también participó el titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Ricardo Bucio.

Durante 2021, la Comisión encargada de revisar el avance en esta estrategia, presentó dos informes con algunos puntos cumplidos y en proceso, pero Redim apunta que la mayoría de los compromisos están sin cumplimiento por parte de las autoridades.

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