Llaman a que FGR atraiga el caso del bebé muerto hallado en una cárcel en Puebla

El caso del bebé exhumado de un panteón en Iztapalapa, en la Ciudad de México, y hallado muerto en un contenedor de basura en una cárcel de Puebla debe ser atraído por la Fiscalía General de la República, ya que involucra a actividades delictivas de dos entidades, cuyas autoridades han mostrado un desdén por investigar el caso, consideró el coordinador de Tejiendo Redes Infancia, Juan Martín Pérez.

Un bebé de tres meses que falleció por complicaciones de salud fue sepultado en un panteón de Iztapalapa el 6 de enero pasado. Cuatro días más tarde, su cuerpo fue hallado en el contenedor de basura de una cárcel en Puebla, conocido como el penal de San Miguel. Pero conocer su identidad tomó once días, gracias a la investigación de la organización Reinserta.

Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, comentó en entrevista que el caso merece una investigación federal ante el desdén de las autoridades locales y las amenazas que ha lanzado el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, en contra de periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos.

“Hay dos autoridades locales que han mostrado su resistencia a investigar y omisiones y complicidades y eso amerita una investigación federal, que sea atraído por la FGR y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos cumpla con su mandato constitucional de autonomía e investigue”, señaló el coordinador de Tejiendo Redes Infancia.

Recordó que la CNDH tiene la capacidad de atraer el caso sin consultar a nadie y expresó que confía en que la Comisión de Derechos humanos de la Ciudad de México ya haya iniciado una investigación de oficio que también le aporte información a la Comisión Nacional.

Además de todo el proceso de justicia, señaló que el Estado está obligado a cumplir con una reparación del daño para el bebé y su familia.

El papel de las comisiones de derechos humanos

El 10 de enero pasado, un reo que buscaba residuos de PET en un contenedor de basura del Centro Federal de Reclusión Social (Cefereso) en Puebla halló el cuerpo de un bebé muerto.

La organización Reinserta denunció el hallazgo el 13 de eneroy condenó “la falta de implementación de protocolos de ingreso y de espacios seguros para los niños que están directa o indirectamente en contacto con las cárceles”.

Dos días más tarde, la Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció su facultad de atracción, inició la investigación correspondiente de los hechos y solicitó a las autoridades penitenciarias ejercer medidas cautelares para “que se colabore con la investigación, se garanticen los derechos humanos y se refuercen los controles de vigilancia, revisión e ingreso en el CERESO”.

Pero la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla exigió el 17 de enero a la CNDH que se inhibiera de cualquier investigación sobre el caso por considerar que se trataba de un asunto local y que no implicaba una violación grave de derechos humanos.

“Respecto de los hechos materia de la queja no se encuadran en ningún momento en las infracciones graves a los derechos humanos de las personas y si bien se está en presencia de una privación de la vida, se desconocen las causas del fallecimiento, siendo ésta la principal línea de investigación por este organismo…”, afirmó la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Puebla, que preside José Félix Cerezo Vélez.

Fue entonces que la CNDH dio un paso atrás e informó que no investigaría el caso.

Juan Martín Pérez lamentó que “no es secreto que muchas comisiones estatales son oficinas de prensa del gobierno en turno. Es el caso de la CNDH y de la comisión en Puebla”.

“Hay que prepararnos a que el cálculo político electoral sea lo que prive en este caso, como en muchos otros”, dijo.

Agregó que ha habido un “lamentable papel de las comisiones de derechos humanos. La Nacional, donde seguramente algún funcionario que, como corresponde el caso y la gravedad, anuncia la investigación. Y el acuerdo político electoral que, sabemos, la CNDH está capturada por una dirigente de Morena, la señora Piedra, da un paso atrás y dice que ya no se va a investigar”.

La investigación de Reinserta

Después de denunciar de forma insistente en redes sociales y medios de comunicación, Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta, dio a conocer que había indicios para pensar que el menor hallado muerto en el penal de Puebla había sido robado de la Ciudad de México y trasladado al otro estado.

El 21 de enero dio a conocer que estuvieron en contacto con la familia del bebé quienes acudieron a la Fiscalía General de Justicia.

“¿Quién es el bebé? Se llama Tadeo. Nació el 4 de octubre de 2021 y por problemas intestinales murió el 5 de enero de este año. El día 6 de enero fue enterrado en el Panteón de Iztapalapa”, publicó.

“A los pocos días de hacerse público el hallazgo en el penal de San Miguel, y al ver la noticia en los medios, los papás sospecharon que el bebé que habían encontrado en el penal era su hijo. Fueron al panteón. Fueron amenazados al ver que el cadáver de su bebé ya no estaba. En el panteón los amenazaron a que se quedaran callados. Hoy los papás están en la Fiscalía exigiendo reconocer el cuerpo del menor”.

Después de negar que hubiera denuncias al respecto, la Fiscalía General de Justicia en CDMX confirmó este sábado que recibió una denuncia del administrador de un panteón ubicado en la alcaldía Iztapalapa, en la que “se señaló que una mujer refirió que el cuerpo de su hijo, persona menor de edad, ya no se encontraba donde fue enterrado” e informó que inició una carpeta de investigación en coordinación con autoridades de Puebla.

Pero lo que a integrantes de Reinserta les tomó investigar en poco más de 10 días, para la Fiscalía de Puebla parece ser suficiente para cerrar la etapa de investigación del caso.

¿Carpetazo de la Fiscalía de Puebla?

El Fiscal informó esta sábado que ya se identificó a la persona que colocó el cuerpo en el contenedor de basura, se tomaron muestras biológicas y encontraron que correspondían con los padres del bebé que había sido sepultado en Iztapalapa

Dijo que el cuerpo del bebé conservaba todos sus órganos y los puntos de sutura de una cirugía a la que había sido sometido en vida.

“Nuestra investigación se encuentra en la fase final“, sentenció el fiscal. “por lo que en breve determinaremos las responsabilidades que en materia penal puedan atribuirse a quienes transportaron el cuerpo del menor en territorio del estado de Puebla, lo introdujeron al centro penitenciario, el trato que le hubieran dado al cuerpo y de quién lo depositó en el contenedor de basura”, dijo.

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, reaccionó en un tono de amenaza en contra de los defensores de derechos de la infancia que habían denunciado y dado a conocer los hechos.

“Todos los que dijeron cosas van a silenciarse… Tengan cuidado también”, dijo Barbosa el viernes pasado en un video.

En la Ciudad de México primero se negaron los hechos y después los reconocieron sin que haya personas detenidas que trabajaban en el panteón, dijo Juan Martín Pérez.

“Por eso es tan importante pensar y exigir que esto sea una investigación federal“, exigió.

¿Cuántos casos más?

Juan Martín Pérez señaló que tras este caso atroz, cabe la pregunta de cuántas otras exhumaciones están sucediendo en la Ciudad de México y en todo el país.

“Cabe la pregunta pertinente de cómo se registran y cómo se protegen a los niños vivos y muertos en este país, particularmente lo niños que tienen un algún vínculo con el sistema carcelario”, dijo el defensor de derechos humanos.