Cómo se perdieron 5 mil mdp para salud, educación y combate a la pobreza, revelan informes de la ASF

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el manejo de 5 mil 656 millones de pesos que en el 2020 fueron destinados a programas de educación, salud y atención de la pobreza en los estados.

En su tercer informe de la Cuenta Pública 2020, el órgano auditor detectó anomalías en el programa de Escuelas de Tiempo Completo, el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades y el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.

Las irregularidades detectadas por la ASF consisten en la inexistencia de documentos que acrediten los servicios adquiridos; sueldos, prestaciones y estímulos mayores a los que se habían autorizado; pagos a personas fallecidas o que no estaban en la nómina; dinero que no se ejerció y no fue devuelto a la Tesorería de la Federación; transferencias a cuentas bancarias no identificadas; pagos a personal no calificado; obras inconclusas o mal ejecutadas, entre otros problemas.

Estas anomalías fueron cometidas por los gobiernos estatales y con recursos que les entregó la administración federal encabezada por el presidente Andŕes Manuel López Obrador.

Las irregularidades fueron cometidas por prácticamente todos los estados de la República, sin importar el partido político que los gobierna.

Contratación de personal no capacitado y más irregularidades en salud

De los fondos tomados en cuenta para este trabajo, los destinados a la atención de la salud son los que tuvieron una mayor cantidad de irregularidades durante el 2020, según la ASF.

El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud registró anomalías que habrían causado un daño de 3 mil 78 millones de pesos al erario.

Las irregularidades tienen que ver con gastos de funcionarios para servicios personales, transferencias de recursos públicos a cuentas bancarias, falta de documentación para comprobar el gasto, recursos económicos no ejercidos y no entregados a la Tesorería de la Federación, y pagos a personas que no tenían un contrato o que no cumplían con el perfil para hacer un trabajo.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud tiene como principal objetivo prestar servicios de salud a la población que no cuenta con empleo formal o no está incorporada a algún régimen de seguridad social.

Un ejemplo de las anomalías se dio en el estado de Campeche, donde las autoridades del sector salud reportaron haber adquirido 38 tarjetas electrónicas para el pago por medidas de fin de año y 80 tarjetas electrónicas para el pago de estímulos de productividad y del día trabajador. Sin embargo, la ASF no encontró documentos para acreditar que estas compras se realizaron y también detectó que una persona que no tenía el perfil académico para ocupar un puesto recibió pagos por 84 mil pesos ese año.

En el 2020 el gobernador de Campeche era Carlos Miguel Aysa González, quien sustituyó en el cargo a Alejandro Moreno Cárdenas, actual presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Otro ejemplo de las irregularidades la tuvo el estado de Guanajuato, gobernado por Diego Sinhue Vallejo, del Partido Acción Nacional (PAN), ya que en esa entidad la ASF encontró que dos personas fueron contratadas a pesar de no tener tener una cédula profesional expedida por una institución con reconocimiento oficial, y también se realizaron pagos en exceso de 140 mil pesos a tres servidores públicos.

Otras observaciones de la ASF tuvieron que ver con el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, en el cual durante el 2020 se habrían cometido irregularidades que costaron al país mil 428 millones de pesos.

Al igual que el fondo de aportaciones, el Programa de Atención a la Salud sirve para que el gobierno federal transfiera recursos a los estados y que estos procuren a las personas que no tienen acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Los estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca fueron señalados por contratar a personas que no estaban capacitadas e incluso por pagarles un mayor salario al que deberían tener por su cargo.

En el caso de Oaxaca, donde gobierna el priista Alejandro Murat, la ASF señaló que las autoridades del sector salud transfirieron recursos públicos a cuentas bancarias por concepto de financiamiento temporal y no hay documentos para acreditar las actividades que realizaron dos personas a las que se les pagó sin estar adscritas a un centro de trabajo.

Pagos a personas fallecidas y otras anomalías en educación

Los programas del sector educativo también fueron exhibidos por la ASF. El órgano auditor detectó irregularidades por 617 millones 300 mil pesos en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.

Este es el fondo al que el gobierno federal le invierte más recursos, según la ASF, y el cual tiene el objetivo de transferir dinero a los estados para pagar las nóminas de los maestros y maestras que impaten clases en el nivel básico y en escuelas normales.

Las principales fallas detectadas por la Auditoría tienen que ver con el pago excesivo o improcedentes a trabajadores del sector educativo, el pago a personas que ya estaban fallecidas y la falta de documentos para comprobar gastos.

Un ejemplo de las irregularidades la tuvo el estado de Aguascalientes, gobernado por el panista Martín Orozco. Su administración ocupó los recursos de este fondo para pagar a personas que no trabajan en escuelas y también se detectó que algunos empleados recibieron 774 mil pesos cuando tenían licencia sin goce de sueldo.

Por otra parte, el gobierno estatal de Baja California, que en 2020 estaba a cargo de Jaime Bonilla, de Morena, incurrió en el pago a personas que ya habían fallecido. Este es un problema generalizado, pues se repitió en Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Otro apartado con irregularidades fue el programa de Escuelas de Tiempo Completo, que actualmente ya desapareció por la política de austeridad del gobierno federal.

La ASF detectó irregularidades por 31 millones 700 mil pesos en el programa que era una estrategia para mejorar las condiciones en las que aprendían los niños y las niñas de educación básica en las instituciones públicas.

En este programa las principales deficiencias fueron la falta de documentos para comprobar los gastos que se realizaron, el pago excedente en sueldos, el pago a trabajadores no identificados, gastos en conceptos no autorizados y dinero que no se ejerció pero tampoco fue devuelto a la Tesorería de la Federación.

Obras sin utilizar o inservibles, las fallas en el combate a la pobreza

El combate a la pobreza es otro rubro en el que la ASF encontró irregularidades en la forma como los estados gastaron los recursos públicos que les entregó el nivel federal.

En el 2020 el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, que sirve para atender a los municipios con mayor rezago social y pobreza, tuvo irregularidades que ascendieron a 500 millones de pesos.

Las anomalías detectadas por la Auditoría tienen que ver con la construcción de obras que no cumplen con las especificaciones técnicas contratadas, obras pagadas y mal ejecutadas o que no se encuentran en operación. De igual forma se realizaron acciones que no ayudaron al combate a la pobreza, no hay documentos para acreditar lo que se realizó y no se regresó a la Tesorería de la Federación el dinero no utilizado.

El gobierno de Chiapas del morenista Rutilio Escandón, por ejemplo, tiene cinco obras que costaron 54 millones de pesos y que no están operando, por consecuencia no cumplen con los beneficios a la población. Esta administración también tiene problemas con los documentos que acrediten el arrendamiento de vehículos.

Por su parte, el gobierno de Coahuila, que es dirigido por el priista Miguel Riquelme, tuvo fallas administrativas porque no destinó el porcentaje mínimo de inversión a las Zonas de Atención Prioritaria en materia de pobreza.

Fallas de este tipo se repiten una y otra vez en todos los estados de la República que, una vez más, mostraron deficiencias en el uso de recursos públicos.