Caso Rosi Orozco: Indagan responsabilidad de funcionarios en agresiones sexuales a menores en albergue
La secretaria Rosa Icela Rodríguez habló sobre el caso en conferencia de prensa. Foto: Facebook @Rosi Orozco.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que las carpetas de investigación sobre el caso de agresiones sexuales contra menores de edad en un albergue de la asociación civil Comisión Unidos vs Trata, que era encabezada por Rosi Orozco, siguen abiertas, y se indaga la responsabilidad de funcionarios en el caso.

“Las carpetas de investigación que están radicadas en el estado de México y la Ciudad de México aún están abiertas, todavía faltan varios pasos en el proceso de judicialización, y aún la fiscalía y los jueces tienen varios procesos abiertos“, dijo la funcionaria durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles 11 de mayo.

Rodríguez recalcó que existe coordinación entre la Secretaría de Gobernación, el DIF y la dependencia a su cargo para tomar decisiones, y “es de atención especial y primordial”.

Los agresores eran otros dos menores de 15 y 16 años de edad, durante las primeras investigaciones uno de los menores informó que su hermano también había sido víctima de una violación”, recordó Rodríguez, quien aseguró que “hay una revisión de responsabilidades precisas, no solamente de los relacionados con la propia comisión de trata, sino también de los servidores públicos”.

Ello después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo una recomendación al gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme; al del estado de México, Alfredo del Mazo; al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Cervantes; y al titular de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (PPNNA), Oliver Castañeda Correa, por el caso.

La Recomendación 72/2022 establece perjuicio de personas menores de edad, víctimas directas e indirectas de trata de personas, que fueron objeto de agresiones sexuales al interior del albergue en el Estado de México.

El 23 de marzo de 2021, la CNDH inició de oficio un expediente de queja sobre el caso del albergue de Rosi Orozco que estaba ubicado en un principio en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México y, después, en el Estado de México.

“Se presentaron denuncias ante la FGJEM los días 10 y 12 de agosto de 2020, y una más el 15 de abril de 2021, dando origen a las carpetas de investigación 1 y 2 por violación equiparada, y la carpeta 3 por violación con modificación agraviada, cuando el agredido tenga alguna discapacidad, por lo que se vinculó a proceso a dos personas adolescentes”, dijo la CNDH en un comunicado publicado el 20 de abril de 2022.

La Comisión apuntó que la FGJEM y la Procuraduría para Niñas, Niños y la Familia de Coahuila (PRONNIF-Coahuila), no se cercioraron de que los menores de edad canalizados desde esa entidad federativa a dicho albergue fueran alojados en un lugar con las condiciones adecuadas.

Además, señalaron que PRONNIF del Estado de México llevó a cabo visitas de supervisión en albergues, pero no dieron vista a las autoridades competentes respecto de las omisiones detectadas.

“La CNDH documentó que personas servidoras públicas de la Procuraduría Federal, la FGJEM, y la PPNNA-Edomex, al no cerciorarse de que en el albergue donde se encontraban las víctimas, les brindaran los cuidados y un mecanismo de protección que asegurara su integridad física y psicológica, omitieron garantizarles su derecho a vivir en un entorno seguro y libre de violencia”, se puede leer en el comunicado.