Se destraba proceso contra exfuncionarios por colapso de la Línea 12
Un tramo de la Línea 12 colapsó en mayo de 2021. Foto: EFE.

La audiencia de imputación contra el exdirector de Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, y  otros acusados por el colapso del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, se reanudará este 14 de julio.

Luego de que las víctimas del colapso ocurrido el 3 de mayo de 2021 solicitaran el cambio del juez José Luis Palacios Fernández por suspender las audiencias en más de cuatro ocasiones, el Poder Judicial de la Ciudad de México citó a las partes a una nueva audiencia, la cual será dirigida por el mismo Palacios Fernández.

Teófilo Benítez Granados, asesor jurídico de 13 víctimas, informó que durante esta audiencia, el Ministerio Público deberá exponer los datos recabados durante la investigación. 

Estas pruebas, derivadas de los peritajes de la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX), supuestamente apuntan a que el desplome fue ocasionado por fallas en la planeación y ejecución de la obra, la cual se realizó cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno.

De acuerdo con el abogado de las víctimas, existe evidencia de que la falta de mantenimiento de la estructura elevada de la Línea 12 en los años posteriores fue una de las causas del colapso, en el que murieron 26 personas y más de cien resultaron heridas.

A raíz de esto, Benítez Granados solicitó al Poder Judicial de la Ciudad de México que ejerciera su facultad de atracción para ordenar que el Ministerio Público llame a comparecer a exdirectores del Metro, como Joel Ortega, Jorge Gaviño y Florencia Serranía, quien era la directora general cuando ocurrió el desplome.

Sin embargo, este 10 de julio, la FGJCDMX informó que Serranía no será citada a declarar, pues dicha diligencia podría violar sus derechos humanos, ya que el Ministerio Público dice no tener evidencias que relacionen a la exdirectora con el siniestro para solicitar su comparecencia. 

Teófilo Benítez aseguró que el próximo viernes se realizará una audiencia por supuestas omisiones del Ministerio Público en la investigación, en donde un juez determinará si esta decisión debe ser revocada o no.