Yucatán, a su vez, se convierte en el tercer estado del país en tipificar la violencia vicaria en su Código Penal estatal.
Fotografía: AFP/Ulises Ruiz
El Congreso del estado de Yucatán aprobó una ley que prohíbe a cualquier hombre con antecedentes de violencia de género ocupar cargos públicos y participar en procesos electorales en la entidad.
La iniciativa, aprobada de forma unánime, fue presentada por la colectiva feminista Agenda de las mujeres por la Igualdad Sustantiva de Yucatán.
La misma busca que la implementación de la ley “3 de 3 contra la violencia” se aplique de forma obligatoria a quien aspire a un cargo público, es decir, que los aspirantes no cuenten con antecedentes de violencia de género y familiar, delitos sexuales o sean deudores de pensión alimentaria.
Con la aprobación de esta Ley, Yucatán se unió a Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Oaxaca, Puebla e Hidalgo, como las entidades con legislaciones que exigen a los aspirantes a cargos públicos no contar con antecedentes de los anteriores delitos.
Además, los partidos políticos en la entidad deberán garantizar mecanismos para la prevenir la violencia familiar, delitos sexuales y el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.
Esta iniciativa aprobada, que busca una igualdad sustantiva de las mujeres, también se une con la tipificación del delito de violencia vicaria en el Código Penal Estatal como un tipo de violencia de género.
La propuesta de tipificar la violencia vicaria fue presentada a inicios de este año por la diputada Vida Aravari Gómez Herrera de Movimiento Ciudadano (MC) y contempla una pena de cuatro a ocho años de prisión al hombre que cometa este delito en contra de una mujer.
Yucatán se convirtió en el tercer estado en tipificar la violencia vicaria, luego de que lo hicieran Zacatecas y el Estado de México en abril y mayo de este año, respectivamente.
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