Madres, víctimas de violencia vicaria, luchan en tribunales para recuperar a sus hijos

En agosto de 2019, los hijos de Elisa Celis, que tenían 14 y 8 años, se fueron de vacaciones de verano con su padre como parte de un acuerdo firmado entre ambos tras separarse meses antes. El papá, heredero de una empresa tequilera en Guadalajara, mantuvo a los niños con él, a pesar de no tener su custodia. El único recurso de Elisa fue presentar una denuncia por sustracción de menores en Jalisco, pero no ha logrado recuperar a su hijos.

Ambos habían hecho un acuerdo para que los menores visitaran a su papá, pero días antes de que llegara la fecha para que regresaran a casa de sus vacaciones de verano, Elisa recibió una notificación de un tribunal familiar para informarle que le habían otorgado la custodia provisional de sus hijos a su exesposo.

Para obtener ese fallo, el empresario solo tuvo que presentar una denuncia de hechos denostando a Elisa y luego acudir a un tribunal familiar en Jalisco, donde obtuvo la custodia provisional.

“Él me denuncia de ser drogadicta, de haberlos abandonado, de extorsión, dice que yo se los di y le pedí 60 mil pesos por mis hijos y que los niños viven con él, pero declara que no tiene ni una sola prueba de todo lo que está diciendo de mí y aun así, en sólo tres días, le dan la custodia provisional de mis hijos”, contó Elisa a La-Lista.

Ella no tardó en lograr revertir ese fallo debido a que las acusaciones eran falsas y en septiembre del mismo año, un tribunal colegiado ordenó la restitución de la custodia a Elisa y que los menores regresaran con ella de inmediato, pero, hasta el momento, los menores continúan con su padre.

Se han emitido 29 fallos de tribunales colegiados que ordenan la restitución de la custodia, pero no han tenido ningún efecto, según ha documentado la madre. Para Elisa y muchas mujeres, solo hay una explicación:

“Hoy por hoy sabemos que es un sistema de tráfico de influencias y corrupción en donde nos arrebatan a nuestros hijos, a pesar de lo que diga un tribunal federal. Las autoridades (locales) son parte de este problema, junto con los abogados de la contraparte”, aseguró.

Elisa Celis es una de las mil 200 mujeres que conforman el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, el cual ayudó a fundar en 2021 junto con Jennifer Seifert Braun, Alexandra Volin-Bolok y Mayte López García, todas víctimas.

La violencia vicaria es un tipo de violencia de género que se ejerce sobre los hijos para afectar a la mujer, según una definición de la psicóloga argentina Sonia Vaccaro, se comete por parte de un hombre en contra de una mujer y suele expresarse a través de amenazas y en su grado más extremo, puede llegar al infanticidio o el feminicidio. Las expresiones más frecuentes son amenazas verbales donde los hombres les advierten a sus parejas mujeres que si los demandan por pensión alimenticia o algún otro derecho, les van a quitar a sus hijos o van a sufrir consecuencias, una de sus forma más visible es la sustracción de los menores o denuncias en contra de la madre con la intención de que se le revoque la custodia de los hijos.

“Yo decidí hacer público mi caso en los medios y, al hacerlo, nos encontramos las cuatro con el mismo caso, la misma información con sus particularidades porque llevamos diferentes lapsos sin nuestros hijos y creamos un chat para hablar de lo que nos estaba pasando y se nos empiezan a unir más mamás de toda la República”, relató Jennifer Seifert, madre de una niña y un niño a quienes no ha podido recuperar desde marzo de 2021.

Al compartir sus experiencias, las cofundadoras del Frente detectaron similitudes y patrones en todos los casos: la forma en la que les quitaron a los menores, la violencia que vivieron por parte de sus exparejas y el tráfico de influencias y corrupción, que aseguran, hay en los tribunales familiares y las fiscalías, lo que les permitió trazar un modus operandi.

Jessica González, abogada que ha litigado casos de mujeres que buscan recuperar a sus hijos, explicó a La-Lista que los violentadores o agresores que ejercen la violencia vicaria sí tienen un patrón y comúnmente son hombres que tienen un buen nivel socioeconómico, influencia política o social.

“Con esto, las dañan a través de los hijos, lastimando a los hijos porque el fin último es lastimarlas a ellas, ya sea violentando a los niños, alienando a los niños, separándolos de la madre, que es lo que se ve más en estos casos. A ellos no les importa que los hijos crezcan sin la madre”, dijo Jessica González.

La abogada en materia penal también puntualizó que en los casos de violencia vicaria es común que la sustracción de menores por parte del padre se dé en época de vacaciones, cuando las madres cumplen con los acuerdos de custodia compartida y los menores, como en el caso de Elisa.

De acuerdo con una encuesta a víctimas de violencia vicaria realizada por la organización, a través de un cuestionario digital compartido en grupos de WhatsApp y grupos redes sociales, el 81% de las mujeres fueron separadas de sus hijos y el 70% ha denunciado a los padres por sustracción de menores.

El 52% de las mujeres cuenta con estudios de universidad y el 23% tiene un posgrado. Tienen entre 24 y 50 años y sus hijos tienen en promedio 7 años, según la encuesta voluntaria a la que respondieron 2 mil 231 mujeres entre el 15 de marzo y el 15 de abril de este año.

El 81% de ellas cuenta con una red familiar de apoyo y con un abogado, sin embargo, consideran que el 94% de sus agresores cuenta con recursos que les permiten favorecerse en los procesos legales y les impiden a ellas el acceso inmediato a la justicia. 

Esto significa que nueve de cada 10 agresores tiene el poder económico para su beneficio en los procesos, pues el 18% tiene un cargo público, el 58% utilizó tráfico de influencias, el 67% recurrió al retardo de los procesos por medio de amparos u otros recursos y el 81% cuenta con poder económico, según los resultados del ejercicio.

Siete de cada 10  mujeres que respondió el cuestionario señala haber sufrido violencia por parte de las instituciones de justicia locales, principalmente las fiscalías, los juzgados familiares, Tribunal Superior de Justicia, Centro de Justicia para la mujer, procuradurías, ministerios públicos o Centro de Justicia de niños, niñas y adolescentes locales.

En marzo de 2022, el caso de Maya y Gali, de 13 y 15 años, se conoció en medios gracias a que su tío, el productor de la película Roma, Nicolás Celis y el cineasta Guillermo del Toro pidieron a las autoridades mexicanas impedir que el padre de las menores, de origen israelí, las sacara de México, mientras su madre, Carolina Inés Medina, tenía la custodia de las menores en los dos países.

Ambas adolescentes fueron entregadas a su padre, Guy Dor El, tras el fallo del 9 de marzo, dictado por el juzgado tercero de lo familiar de Morelos. En su cuenta de Twitter, el productor Nicolás Celis señaló que la resolución exprés de la jueza Laura Galván fue producto de sobornos por parte del padre de las niñas, quien supuestamente dijo en una audiencia que gastó 3 millones de pesos en mordidas.

Carolina Inés interpuso un amparo y un juez federal suspendió el falló del juzgado familiar de Morelos. El 11 de marzo, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó en su cuenta de Twitter que las adolescentes habían sido entregadas a su madre.

El modus operandi

“Una de las similitudes entre nuestros casos es que nos quitan a los niños cuando hay un periodo vacacional y que nos amenazan con quitarnos lo que más queremos, hoy lamentablemente sabemos que lo cumplen y para ello utilizan a las fiscalías. La gran mayoría estamos denunciadas por maltrato infantil”, explicó Elisa Celis.

Estas mujeres no sólo atienden sus procesos en materia familiar y de guarda y custodia, sino que también llegan a invertir 15 horas en una semana en su defensa ante las denuncias que los agresores ponen en su contra.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos identificó que también un patrón de violaciones a los derechos de las mujeres y las y los niños, entre los cuales están:

• La separación forzada y sustracción ilícita de sus hijos e hijas

• La falta de aplicación del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación

• La falta de aplicación de la suplencia de la queja

• La suspensión de audiencias sin justificación suficiente

• La solicitud de dádivas para llevar a cabo diligencias de notificación

• La dilación injustificada de procesos de guarda, custodia y alimentos

• El inicio y trámite de carpetas de investigación en su contra y su judicialización sin pruebas suficientes

• El otorgamiento de cuidados parentales concedido a los padres agresores y determinaciones judiciales por parte de autoridades sin una adecuada valoración

Actualmente, Elisa Celis está denunciada por delitos como fraude y a su vez, ella denunció al padre de sus hijos por sustracción de menores y, a pesar de presentar pruebas de las condiciones en las que se encuentran los niños, las autoridades de Jalisco no han recuperado a sus hijos.

“Mis hijos están violentados, los agrede y yo lo veo en las convivencias en línea que he tenido, ellos no van a la escuela y siempre están en la calle. El primer año y medio yo no tenía idea de dónde estaban mis hijos, después me decían que los veían en diferentes municipios, y en una ocasión intenté traer a mis hijos de regreso pero terminé siendo golpeada por el papá de mis hijos y terminan huyendo”, relató Elisa. 

Elisa sólo tiene contacto con sus hijos, quienes ahora tienen 16 y 10 años, por videollamadas controladas por el padre de los menores, pero el agresor no le revela el lugar en donde se encuentran para que Elisa no acuda con las autoridades. 

“Lamentablemente la gente habla mucho, dice si está grande (tu hijo), ¿por qué no hace nada? Pues porque vive con un agresor, porque tiene un síndrome de Estocolmo. Yo entregué videos de mi hijo grande, precisamente, antes de irse que me dice llorando: ‘Mamá, yo no puedo decirle a papá lo que yo quiero porque así me va a mí y así te va a ti’. A mi hijo no le corresponde arriesgar a que este agresor lo golpeé”, explicó Elisa Celis.

Han pasado poco más de dos años desde que la separaron de sus hijos y Elisa sólo ha escuchado la palabra “mamá” a través de una pantalla.

La diputada federal de Morena por el noveno distrito de Tamaulipas, Claudia Hernández, presentó una iniciativa en marzo pasado para incluir la violencia vicaria en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la cual se sumó la iniciativa de la diputada del PVEM, Nayeli Arlen Fernández Cruz. Recientemente hubo un parlamento abierto sobre el tema debido a la importancia de legislar con mayor precisión sobre este tema, el cual está en proceso de dictaminación por parte de la comisión de igualdad de género de la Cámara de Diputados, comentó la legisladora a La-Lista sobre el avance de la iniciativa.

Tras el impulso del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, fundado por víctimas, en México, varios estados ya incorporaron este delito a su Código Penal: el primero fue Zacatecas, en marzo de 2022; también han legislado Estado de México, Yucatán e Hidalgo. Sin embargo, hasta el momento no existen estadísticas disponibles sobre denuncias presentadas.

El Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria se manifestó hace unos días ante las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir una mayor supervisión en los juzgados y que los tribunales en materia familiar juzguen con perspectiva de género.

“Nos están robando a nuestros hijos a la vista de los jueces, dan guarda y custodia sin tener las pruebas necesarias y a las mamás nos abusan, nos humillan”, expresó una madre a las puertas del Máximo Tribunal.