Exdirector de Pemex denuncia que Gertz empleó “tortura psicológica” contra Lozoya

Carlos Treviño Medina, quien fuera director de Pemex de 2017 a 2018, presentó una denuncia contra el fiscal Alejandro Gertz, a quien acusa de haber torturado psicológicamente a Emilio Lozoya para que declarara contra funcionarios del sexenio pasado, entre ellos él mismo. 

La denuncia, en poder de La-Lista, fue presentada el 29 de julio ante la titular de la Fiscalía especializada en materia de derechos humanos de la FGR, Irene Herrerías Guerra, a quien le hace un recuento del caso y retoma los recientes audios en el que se escucha que el padre de Lozoya negocia y atiende las indicaciones de Gertz. 

“Como titular de la Fiscalía General de la República Alejandro Gertz Manero sujetó a tratos degradantes al señor Emilio Lozoya Thalmann para que aceptara cumplir con condiciones impuestas que implicaban la renuncia a los derechos, tanto de él como de sus dos hijos. 

“Todo a cambio de que su esposa pudiera ser liberada, lo que está prohibido terminantemente”, señala el documento.  

Para Treviño Medina, esta presión de Gertz sobre la familia de Lozoya llevó al exdirector de Pemex a presentar una denuncia de hechos “falsos”, la cual consideró que “fue obtenida por medio de tortura psicológica o mental perpetrada directamente por el titular de la Fiscalía General de la República, que también lo obligó a allanarse materialmente al procedimiento de extradición y a cambiar de defensores por unos elegidos por la propia Fiscalía que no se opusieran al plan fraguado por su titular”. 

El exfuncionario y último director de Pemex en el sexenio de Peña Nieto aseguró que “el proceder del servidor público que ocupa el más alto peldaño en materia de procuración de justicia encuadra sin lugar a dudas en el concepto de tortura”. 

“En efecto, y salvo error de apreciación, el titular de la Fiscalía General de la República ha realizado actos intencionales por los que se infringió un sufrimiento mental a Emilio Ricardo Lozoya Austin logrando con ello el propósito de que hiciera señalamientos falsos que permitieran denostar públicamente y perseguir a diversas personas sin investigar realmente los hechos que falsamente se les imputaban”, sostuvo. 

Treviño Medina afirmó en su denuncia que la FGR ofreció “beneficios indebidos y a la vez presionó a Emilio Ricardo Lozoya Austin a través de amenazas, acusaciones y presiones contra él y sus familiares para lograr que firmara una denuncia de hechos falsos de manera ‘voluntaria’”. 

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Foto: Archivo EFE

Con base en audios difundidos recientemente en el que se escucha al padre de Gertz siendo instruido por el propio fiscal, Treviño señaló que a la familia “se le obligó a revocar y cambiar al defensor de su confianza y a desistirse de demandas de amparo que habían presentado los propios negociadores Emilio Lozoya Thalmann y su hijo Juan Jesús Lozoya Austin ante el temor de ser detenidos”. 

“Este proceder y violaciones graves a los derechos del señor Emilio Lozoya, sin perjuicio de su responsabilidad por los sobornos recibidos exclusivamente por él, ha sido catalogado como tortura a la luz de los criterios de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, aseveró. 

En dicho criterio, la Primera Sala de la SCJN confirió interés jurídico para denunciar como ofendido el delito de tortura ejercido sobre un tercero cuando de éste se obtiene información -“en este caso falsa”- para utilizarse como vía de persecución penal. 

Treviño Medina afirmó que “el señor Emilio Lozoya Austin ha sido víctima de tortura perpetrada directamente por el titular de esa FGR” y las declaraciones obtenidas en su contra, considera que le dan carácter de “ofendido” por el delito de tortura. 

En su relatoría de hechos, recordó que en un primer momento Lozoya negaba haber cometido algún delito y se decía víctima de una persecución, e incluso afirmaba que tenía los recursos y el tiempo para “romperle la madre” a sus detractores

Sin embargo, el exdirector de Pemex huyó del país antes de que a finales de mayo de 2019 se librara una orden de aprehensión en su contra y contrató los servicios del defensor Javier Coello Trejo

De acuerdo con los audios que se han dado a conocer el mes pasado, el fiscal Gertz entabló comunicación directa con el padre de Lozoya y le exigió que cambiara de abogado y que se desistieran de un amparo; ambas cosas las hizo.

Treviño anotó que “unas semanas después de haber llegado al país, en cumplimiento a los acuerdos que fueron alcanzados por el Fiscal General de la República -mediante coacciones, presiones, condicionamientos y recompensas frágiles- con la Familia LOZOYA, el señor Emilio Lozoya Austin ya con su voluntad vencida, firmó la denuncia “voluntaria y espontáneamente” de hechos falsos que dio lugar a la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020”. 

En dicha denuncia, Lozoya acusa que el expresidente Peña Nieto y Luis Videgaray le ordenaron el pago de sobornos a cambio de aprobar la reforma eléctrica. Además, Treviño fue acusado por Emilio Lozoya de recibir sobornos por parte de Odebrecht (a través de Braskem) por un monto de 4 millones de pesos por el caso Etileno XXI, lo que el acusado niega. 

El exfuncionario sostuvo que “evidentemente la información proporcionada por el señor Lozoya Austin no fue veraz, ni útil para investigar delitos de mayor envergadura (sólo fue útil para ser explotada mediáticamente y engañar al país)”. 

En su denuncia contra el fiscal, sostuvo que con lo denunciado por Lozoya “lo importante era poder utilizar información en contra de diversas personas pretendiendo dotarla de validez al afirmar que se daba dentro del marco de un criterio de oportunidad”. 

“Mientras el señor Lozoya Austin fingía que cooperaba proporcionando información, la Fiscalía General de la República a cargo del perpetrador de la tortura realizaba una persecución política contra diversas personas, pero nada para constatar los dichos del señor Lozoya Austin, evidentemente, porque se sabía desde un inicio que eran falsos”, subrayó. 

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Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República. Foto: EFE.

Para Treviño, “se pretendió ocultar el origen (tortura psicológica) de dichas manifestaciones falsas obligando al señor Lozoya Austin a firmar una denuncia de manera ‘voluntaria y espontánea’, como si fuera denunciante y no imputado, colocándolo fuera del marco de la regulación de un criterio de oportunidad”.

Para el exdirector de Pemex el fiscal Gertz “ha decidido que en lugar de investigar basta con presionar personas mediante la amenaza o solicitud de la prisión preventiva de ellos y/o de sus familiares para hacerlos declarar incriminándose o incriminando a otras personas a quienes se pretende procesar penalmente”. 

En cuanto a Lozoya, lo calificó como una “persona frágil, instintivamente mentirosa, propensa al lujo y a los privilegios y que sí cometió los hechos por los que ya lo ha acusado formalmente la Fiscalía General de la República y, precisamente por ello fue la mejor presa de la tortura perpetrada para incriminar falsamente a otras personas”. 

“Es evidente que el Fiscal General de la República explotó para beneficio propio la creencia del Presidente de México en el sentido de que la reforma eléctrica de dos mil catorce se obtuvo por medio de sobornos que fueron entregados a los legisladores que la votaron. Pero eso, como se sabe, no sucedió, ni se pudo probar y en ese sentido, el Fiscal General de la República fracasó”, sostuvo. 

“El titular de la Fiscalía General de la República buscó congraciarse con el Presidente de México obteniendo líneas falsas de investigación contra tres expresidentes: CARLOS SALINAS DE GORTARI, FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA y ENRIQUE PEÑA NIETO”, refirió sobre la denuncia que presentó Lozoya. 

“Claramente, la intención era incriminar a personas en hechos, no responsabilizar personas a partir de hechos reales y probados”, insistió. 

Por ello, indicó que “esta construcción de mentiras e incriminaciones falsas obtenidas a partir de la tortura de que ha sido objeto el señor Emilio Lozoya hace responsable histórica y legalmente al Fiscal General de la República de dos cuestiones: 

“1) Hoy que se cumplen dos años desde que el señor Emilio Ricardo Lozoya Austin fue extraditado a México, no hay un solo condenado por el asunto de Odebrecht, con lo que se coloca a nuestro país, nuevamente, como ejemplo de impunidad ante el mundo entero. 

“2) El Fiscal General de la República engañó al Presidente de México con una narrativa insostenible en el sentido de que la reforma constitucional en materia energética, de dos mil catorce, fue producto de sobornos”. 

Treviño remarcó que Gertz se empeñó en “explotar para su propio beneficio esa narrativa, con la finalidad de afianzar y apuntalar su posición como Fiscal General de la República”. 

Y agregó en su denuncia que no excluye la posibilidad de que hayan existido sobornos recibidos por distintos funcionarios de la Fiscalía General de la República para ofrecer impunidad a Lozoya, “puesto que el delito de tortura perpetrado por el titular de esa institución en su contra no excluye a los diversos de extorsión y cohecho; todos esos delitos pueden coexistir y esta denuncia tiene la finalidad de que se conozca exactamente qué es lo que sucedió a la luz de los hechos incontrovertibles que revelan su comisión”. 

“Hoy, el Fiscal que prometió al gobierno legitimar su narrativa, le falló y hoy es un lastre casi imposible de cargar”, sentenció. 

El denunciante pide que se anule la denuncia de Lozoya y que la Fiscalía se desista de la solicitud de audiencia inicial que solicitó contra Treviño Medina. 

“Lo anterior, porque ha quedado evidenciado públicamente que la denuncia aludida fue obtenida por medio de la tortura y que la autonomía mal entendida de la Fiscalía General de la República y la figura del criterio de oportunidad prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales se han utilizado como medios de tortura, no sólo del señor Emilio Ricardo Lozoya Austin, sino también de otras personas en distintos asuntos de interés personal del titular de esa institución”, agregó. 

En la denuncia se pide iniciar la investigación correspondiente por el delito de tortura perpetrado directa y sistemáticamente por las autoridades señaladas, así como contra quienes resulten responsables.